Por cuarto año consecutivo Venezuela está de última en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción

Alto Mando Político

A pesar de que Venezuela se mantiene de forma sostenida en el último puesto, mostró una leve mejora en aspectos relacionados con la sociedad civil y los medios de comunicación.

Caracas. Por cuarto año consecutivo, Venezuela se ubica en el último puesto del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), un estudio que evalúa aspectos como la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción o la calidad general de la democracia desde 2019 en los países latinoamericanos. 

El índice, elaborado por Americas Society, Council of the Americas (COA) y Control Risks, publicó este 22 de junio su cuarta edición. En él evalúan la capacidad de los países de la región para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

Venezuela se mantuvo en el último lugar en 2022 y sigue estando muy por detrás de los demás países incluidos. Su puntuación global aumentó moderadamente desde 2021, pero sigue partiendo de una base de comparación muy baja, advierte la ONG Council Of The Americas. 

A pesar de que Venezuela se mantiene de forma sostenida en el último puesto, mostró una leve mejora en aspectos relacionados con la sociedad civil y los medios de comunicación.

Uruguay fue el país con mejor rendimiento por tercer año consecutivo. Costa Rica y Chile se mantuvieron en los tres primeros lugares. Guatemala experimentó el mayor descenso en el índice y Uruguay, Argentina, Brasil y México también registraron retrocesos. Con excepción de Uruguay, las puntuaciones de estos países han disminuido cada año desde que se publicó el estudio por primera vez.

En 2022 el puntaje general de Venezuela fue de 1,63 puntos de 10, en 2021 (1,40), en 2020 (1,52) y en 2019 (1,71).

En capacidad legal Venezuela tiene 0,92 puntos, cuando el máximo es 10. Este aspecto incluye: independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, acceso a la información pública y transparencia general del gobierno, independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación, entre otros.

En democracia e instituciones políticas, la nación tuvo 1,32 puntos. Aquí se evalúa calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas, procesos legislativos y de gobierno, calidad general de la democracia.

En sociedad civil y medios de comunicación llega a 5,23 puntos. Esta categoría incluye la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación, comunicaciones digitales y redes sociales. El aumento reflejado en la sociedad civil, medios de las comunicaciones digitales y redes sociales se debió, según la investigación, a la creciente diversidad y sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado.

El índice también destaca que el crecimiento en la categoría de democracia e instituciones políticas refleja en parte el nombramiento de dos miembros independientes para el Consejo Nacional Electoral en mayo de 2021 con vistas a las elecciones regionales de noviembre de 2021.

A pesar de un incremento marginal con respecto al 2021, la evaluación de la capacidad legal de Venezuela se mantiene un 28 % por debajo del nivel que tenía en el 2019. “La independencia judicial recibió un golpe con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia en abril. Aprovechando una reforma realizada en enero a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro nombró una aliada cercana como presidenta del tribunal”.

COA señala que para muchos ciudadanos a lo largo de América Latina la lucha continua contra la COVID-19 y los problemas económicos como la inflación, ahora agravados por el conflicto de Rusia con Ucrania, han tomado prioridad sobre la corrupción. 

“Muchos gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor. En consecuencia, muchos de los poderes judiciales y organismos anticorrupción de la región han tenido dificultades en comparación con lo ocurrido a mediados de la década de 2010, cuando el movimiento anticorrupción gozaba de mayor apoyo popular y atención gubernamental”. 

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