Los bomberos merideños, Carlos Varón y Ricardo Priero, tienen casi dos semanas detenidos. La ONG Foro Penal los incluye en su lista de 236 presos políticos, aprobada por la OEA, ya que, en su caso, se cumple con lo establecido en los estándares internacionales y se ha violado el principio a la legalidad en sus dos connotaciones, tanto política como técnica.
Caracas. La sátira no es un delito contemplado en la legislación venezolana. Sin embargo, los bomberos merideños Carlos Varón y Ricardo Prieto se encuentran detenidos en el retén de la Policía de Mérida, ubicado en Bailadores, por la grabación de un video en el que se comparaba a un burro con el presidente de la República, Nicolás Maduro.
La defensa la asumieron dos abogados asignados por la gobernación del estado. No obstante, el Foro Penal continúa denunciando el caso y los incluye en su lista, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), de 236 presos políticos.
Fernando Cermeño, coordinador general de Foro Penal Mérida, explicó que los bomberos son presos políticos de acuerdo con lo que establecen los estándares internacionales y debido a la violación del principio a la legalidad, que tiene una connotación tanto política como técnica.
En su concepto político, se ha violado el principio de legalidad, ya que los servidores públicos están siendo acusados por unos delitos que no están previstos en la ley. “Se les imputa bajo la Ley Contra el Odio, una ley que no es la expresión de la voluntad popular porque fue emitida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y no por el poder legislativo y los diputados electos por los venezolanos”, destacó Cermeño.
La Asamblea Nacional es la única con facultades para la redacción y aprobación de cualquier tipo de ley, desde penal hasta económica.
Están privados de libertad por motivos de carácter político, por intolerancia del Gobierno a la sátira”, agregó.
Por otra parte, en su sentido técnico, Cermeñó explica que la acusación riñe con el sentido común, considerando que la sátira, en tal caso, lo que pude generar es risa a sus espectadores, no odio, como lo estipula dicha ley.
Varón y Prieto son acusados por presuntamente violar los artículos 20 (delito de promoción o incitación al odio) y 21 (agravante por motivos de odio e intolerancia). El primero establece que será sancionado a veinte años de prisión quien “públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”. Mientras que el segundo señala que será considerado un agravante de todo hecho que sea ejecutado o incrementado por “motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial”.
Dos bomberos adscritos a la gobernación del estado Mérida fueron detenidos por su presunta participación en la publicación del video que acompaña este tuit. El gobernador de la entidad @RamonGuevaraMRD pidió respeto a los DDHH de ambos funcionarios y debido proceso en el caso pic.twitter.com/VZfQAHR1MS
— Isnardo Bravo (@isnardobravo) 14 de septiembre de 2018
En cuanto a los estándares internacionales, que son por los que se guía Foro Penal para determinar cuándo una persona calza en el perfil de preso político, Cermeño arroja que hay cuatro reglas fundamentales que son observadas en el caso de los bomberos: detención arbitraria, privación de libertad por motivos políticos, violación de garantías judiciales y, por último, detención sin que la persona haya promovido o utilizado la violencia.
“Este último punto es muy importante. Porque, por ejemplo, aunque tenga el derecho a la legítima defensa, nosotros no apoyaríamos a alguien que, por disentir del Gobierno, cometa algún acto terrorista. Pero en el caso de los bomberos nunca hubo acto de violencia”, aseveró.
Ambos bomberos están bajo el lapso de investigación de 45 días en el que el Ministerio Público evaluará si acusará o no.
Otros merideños acusados por la Ley Contra el Odio
El Foro Penal Mérida recuerda los casos de Leandro Díaz, quien fue detenido el año pasado durante las protestas por compartir en Twitter una foto de una caricatura de Rayma crítica al Gobierno. A pesar de que el lapso de su detención no pasó las dos semanas, todavía hay un proceso penal en su contra y se encuentra bajo régimen de presentación.
Por otro lado, en esa misma época, detuvieron a la profesora Migdalia Mofa, también por difundir, a través de un grupo de WhatsApp, una información en contra del Estado. Al parecer, fue acusada por un miembro de ese mismo grupo que era simpatizante del Gobierno. Ella también es una excarcelada con medida cautelar.
Revictimización de los bomberos
El cuerpo de bomberos de Mérida inició un proceso administrativo que podría conducir a la destitución de los funcionarios. El procedimiento empezó el 13 de septiembre, el mismo día en que los acusados fueron detenidos.
“No entendemos el doble discurso. El gobernador dice que quiere ayudarlos, y me consta que les asignaron dos buenos abogados, pero entonces el acoso sigue desde el lugar de trabajo. Nos parece exagerado destituir a dos empleados que tienen entre 10 y 15 años en la institución por el hecho de que ingresaron un animal a la sede bomberil”, dijo Cermeño.
Igualmente, en la plenaria de este martes en la Asamblea Nacional, el diputado Williams Dávila (AD – Mérida) solicitó a la comisión de Política Interior abrir un expediente sobre este caso, solicitud que fue aprobada.
El parlamentario denunció que en el expediente judicial no hay pruebas que comprometan la responsabilidad de los funcionarios en la realización del vídeo. “No hubo ningún tipo de experticia del audio. No hay experticias que comprueben que los del audio hayan sido ellos. En sus teléfonos no encontraron ningún tipo de vídeo. Es decir, no hay pruebas”, afirmó.
Entre tanto, Cermeño afirma que la peor estrategia para defender a un preso político es la negación de que es un preso político. De hecho, resalta que cuando se aplica este método, las personas quedan ocultas a la opinión pública y, por ende, terminan condenadas al olvido, a pesar de que ser inocentes.