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Por retardo procesal piden declarar emergencia judicial en Carabobo

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Foto: Leomara Cárdenas

El retardo procesal penal ha aumentado durante la pandemia de COVID-19. La atención judicial se realiza durante las semanas flexibles. Familiares de privados de libertad pueden pasar hasta la noche entera en el Palacio de Justicia del estado Carabobo esperando ser atendidos por funcionarios, y poder así agilizar los procesos legales.

Valencia. Desde el lunes 24 de mayo, Gisela Mendoza está a la espera de que los alguaciles entreguen la boleta de excarcelación para que su familiar obtenga la libertad, pero no se la han entregado con la excusa de que no están trabajando. Este es uno de los tantos casos que motivó al Frente Nacional de Abogados a solicitar que se declare la emergencia judicial en Carabobo.

He intentado pasar (al Palacio de Justicia) para ver si logro que me saquen la boleta y no me dejan. Dicen que no están trabajando”, comentó molesta Mendoza.

María Polanco lleva tres semanas flexibles solicitando los cómputos de pena de su familiar privado de libertad, pero no ha sido atendida.

“Son tres semanas que hubo estrictas y tres semanas flexibles, y no nos dan respuesta. Necesitamos los cómputos porque nuestros familiares están a punto de salir, nos piden eso, y nada. No podemos buscar los antecedentes sin los cómputos”, expresó Polanco.

Debido al alto índice de retardo procesal penal que afecta a la población privada de libertad en la entidad carabobeña, representantes del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, capítulo Carabobo, solicitaron este miércoles que se declare la emergencia judicial.

La abogada y directora de Derechos Humanos del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Lyli López, reveló que el retraso para acceder a los órganos de justicia impide que se garantice la tutela judicial efectiva a las personas que están cumpliendo condenas en cárceles o centros de detención preventivos.

El retardo procesal es grandísimo. Los familiares y abogados de libre ejercicio no tenemos respuesta. Es importante que se realicen las audiencias preliminares, que se abran los juicios, que se otorguen los beneficios procesales a tantos detenidos que tienen años esperando que se celebre una audiencia preliminar”, sostuvo.

López pidió que se activen las salas para audiencias telemáticas en todos los palacios de justicia del país para que no se vea obstaculizado el acceso a la justicia.

Debido a un presunto brote de COVID-19, el 18 de marzo se paralizaron las actividades en el Palacio de Justicia de Valencia, donde 15 funcionarios habrían resultado positivos en la prueba rápida. Abogados advirtieron en ese momento que la medida afectaría el área penal, divorcios, diligencias y asuntos nuevos.

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