Presos políticos en la Dgcim quedaron más aislados por la cuarentena

Familiares de los militares detenidos por razones políticas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Boleíta, contaron extraoficialmente que en más de tres meses de confinamiento, por la pandemia de COVID-19, han recibido solo cuatro llamadas en altavoz y bajo custodia de un funcionario.

Caracas. En más de tres meses los familiares de los militares presos políticos solo han recibido cuatro llamadas de dos minutos cada una. La comunicación es sin privacidad, porque un funcionario custodia al detenido mientras él habla por altavoz.

“No tenemos privacidad. Las llamadas son básicamente para que nos digan qué le podemos llevar y cuándo. No podemos constatar su estado de salud de esta forma”, denunció un pariente, quien por medidas de seguridad pidió mantener su nombre en reserva. Las declaraciones las hacen anónimas porque tienen miedo de que luego castiguen al detenido por dar información de lo que pasa adentro.

Otros parientes denunciaron que no han podido hablar con los detenidos mucho antes de que iniciara la cuarentena. Es el caso del capitán de navío Luis de la Sotta, su hermana Molly de la Sotta contó que no le permiten las llamadas bajo el pretexto de la COVID-19.

El 14 de marzo fue la última visita en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta Norte, un día después de que el mandatario Nicolás Maduro decretó estado de alarma, por los casos de COVID-19 confirmados en Venezuela. Hasta el 21 de junio en el país se registraron 3918 contagios y 33 fallecidos.

En los centros de detención preventiva y cárceles se suspendieron las visitas. En la Dgcim también aplicaron esta medida, con la excepción de que los familiares no pueden llevarles alimentos cocinados ni agua como ocurre en calabozos y penales.

Los parientes de los militares presos políticos deben hacer las entregas en el centro comercial Boleíta Center, muy cerca a la Dgcim. La comida que le lleven debe ser no perecedera, debidamente empaquetada, y presuntamente por seguridad no les permiten enviarles agua.

“Sabemos que ahí les dan comida, pero tenemos entendido que son pocas porciones. No les dan nada con azúcar ni sabemos si el agua es realmente potable”, agregó otro pariente afectado. 

Hasta el 22 de junio el Foro Penal Venezolano registró 424 presos políticos en el país; 127 son militares. La organización no gubernamental reportó que hasta el 31 de marzo, 61 detenidos por razones políticas padecían enfermedades leves o graves.

En más de tres meses los familiares no han podido constatar el estado de salud de los detenidos, durante las llamadas esporádicas, que no tienen un día definido. No pueden ofrecerles muchos detalles porque no tienen  privacidad y esto representa una amenaza para el preso político.

Se dice que ahora las llamadas serán cada 15 días, pero no hay un día fijo de llamada. Si llaman y el familiar salió a hacer una diligencia, no se puede hablar”.

Hace aproximadamente un año y medio los detenidos, presuntamente, podían llamar a sus parientes dos veces a la semana, situación que duró pocos meses por órdenes superiores. Luego las comunicaciones se alargaron a cada 15 días y después, a tres semanas.

Deficientes condiciones de detención

A pesar de que los militares presos políticos reciben comida, los familiares denuncian que no está balanceada y muchos han bajado considerablemente de peso porque no tienen una dieta adecuada. No les dan frutas y pocas proteínas. Se presume que no reciben luz solar y pasan el día sin hacer ningún tipo de actividades.

El 1° de enero de 2020 trasladaron a un grupo de militares a un anexo en sótano 2 que supuestamente fue denominado La Casa de los Sueños. Los parientes denunciaron que este sitio no tiene condiciones adecuadas de reclusión. Aunque esta información no pudo ser corroborada por ninguna fuente oficial de la Dgcim, los familiares aseguran que los militares solo tienen permiso de bañarse dos veces a la semana y, en ocasiones, deben hacerlo desde el lavamanos.

Cada celda tiene puertas de metal con una ventana en el centro y por ahí es donde les pasan la comida, a esas puertas las llaman ‘las Bachelet’”, aseguró una de las fuentes consultadas.

Agregó que en las celdas de un tamaño 2×2, hay literas de cemento y tienen el inodoro dentro. Hay dos militares por cada una, aunque en ocasiones han estado tres y hasta cuatro, dos deben dormir en el piso.

El informe especial de Una Ventana a la Libertad, publicado en abril de este año, detalló que el hacinamiento en la Dgcim es de aproximadamente 80 %. Las celdas están diseñadas para albergar a un solo detenido. Permanentemente tienen una luz blanca encendida.

Según la investigación en la Dgcim se calcula que hay entre 90 y 110 detenidos. Sin embargo, no hay listas externas que permitan conocer la identidad de los privados de libertad.

“Hay militares que están en el sótano 1 que gozan de beneficios como televisión, cocina y hasta un gimnasio. Los que están en la Casa de los Sueños no tienen acceso a ningún tipo de distracción”, agregó un pariente consultado.

Luego de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), del 19 al 21 de junio de 2019, la funcionaria reconoció en su informe que la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) han participado en supuestas torturas a detenidos en contra del gobierno de Maduro.

Días después de la visita de Bachelet se conoció la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 26 de junio de 2019, mientras se encontraba bajo custodia de la Dgcim. Testigos vieron que el funcionario militar habría llegado a tribunales en graves condiciones, por las supuestas torturas que recibió.

Parientes aseguran que a la comisión que dejó Bachelet para que visitaran las celdas de la Dgcim y el Sebin no les han permitido la entrada. Los familiares se han reunido con los funcionarios, pero se sienten decepcionados porque no ven avances.

En la actualización oral de su informe de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, el 9 de septiembre de 2019, Bachelet pidió a las autoridades que se investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar que repitan.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no ha accedido a las peticiones de la alta comisionada y rechazó el informe de la Acnudh, pues, a su juicio, muestra una versión distorsionada de los DD. HH en Venezuela.