Autoridades colombianas y estadounidenses dieron con una red de contrabando de crudo venezolano que falsificaba permisos y certificados de origen para hacerlo pasar como colombiano, exportarlo y evadir las sanciones comerciales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro, según una investigación de Noticias Caracol.
Caracas. Al menos 13 operaciones ilegales de una red de contrabando de presunto crudo venezolano fueron rastreadas en los últimos cuatro años por autoridades colombianas y estadounidenses, haciendo uso de la infraestructura petrolera colombiana para generar ganancias de alrededor de $10 millones mensuales.
La trama, expuesta por la unidad de investigación de Noticias Caracol en “Gigantes petroleras, en la mira de EE. UU. y Colombia por supuesta exportación de crudo venezolano”, devino en la exportación de un millón de barriles de petróleo venezolano al mes con -en teoría- todos los trámites legales y parte técnica cumplidos, pero que en la práctica resultó en información falsificada por la red.
El medio colombiano reveló que las autoridades de ese país, con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lograron “rastrear la operación ilegal de tres buques cargados de petróleo que, en apariencia, tenían toda la documentación en regla”.
Las autoridades determinaron que informaciones como permisos, certificados de origen y documentos de transporte marítimo fueron falsificados para evadir las sanciones comerciales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro, hacer pasar al crudo venezolano como colombiano y así exportarlo a diferentes puertos del mundo.
Desde 2018, y con mayor ahínco en 2019 ante la crisis de legitimidad de Maduro, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíbe el comercio de crudo venezolano y toda transacción relacionada o financiada por Pdvsa y otros entes ligados al Gobierno de Venezuela. En marzo, a raíz de la crisis energética mundial, EE. UU. dio signos de buscar aliviar las sanciones para aumentar la oferta mundial de petróleo, pero hasta ahora solo han autorizado ciertas licencias para llevar crudo a Europa como pago de deudas con Eni y Repsol.
Parte de la trama
El general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, declaró a Noticias Caracol que el presunto petróleo venezolano llegaba a islas del Caribe (no se aclara cuál o cuáles) y desde allí era llevado a Colombia por una empresa fachada que en el papel se dedicaba a exportar residuos de petróleo.
Entre los primeros casos detectados por las autoridades, en febrero de 2019 cuando las sanciones hacia Pdvsa recién habían entrado en vigencia, “los traficantes intentaron ingresar al país una embarcación con 50.000 barriles del combustible” con certificado de origen de Panamá, señala el medio colombiano.
Sin embargo, las autoridades de Colombia y EE. UU. interceptaron conversaciones en las que involucrados en la operación revelan que el producto era venezolano y que la empresa compradora iba a pagar desde Estados Unidos. Los interlocutores eran Rafael Botello, empresario panameño investigado por agencias estadounidenses por operaciones sospechosas desde Venezuela, y Sergio Fortich, colombiano con contactos en Panamá y uno de los encargados de coordinar la importación fraudulenta de crudo a Colombia.
La Fiscalía colombiana determinó que la red de contrabando de crudo venezolano tiene involucrados en varios países “para simular el origen de los productos en los documentos de transporte marítimo”, refiere Noticias Caracol. Conversaciones telefónicas interceptadas revelan que se evitaba mostrar la procedencia venezolana del producto y, en cambio, debía tener como procedencia Guyana, Panamá, Curazao o República Dominicana, dijo la fiscal a cargo de la investigación.
Otros hallazgos
Además, los integrantes de la organización “disfrazaban” la verdadera identidad del hidrocarburo comerciado, pues en ocasiones parecían residuos de petróleo, pero al hacerse las pruebas periciales se detectó que tenía “pureza importante para ser exportado como si hubiese salido de los puntos de explotación de crudo”, dijo el general Barrera a Noticias Caracol.
Ello además derivó en ganancia doble para la organización ilegal, pues se pagaban menos impuestos al reportar el producto como residuos (que tenían precios de 36 dólares por barril) y se obtenían mayores ganancias al exportarlo (el aceite de crudo tiene mayor valor).
La trama también alcanzó y presuntamente involucró a la multinacional Gunvor por su relación comercial con Niman Commerce, empresa que compraba el producto y luego se lo vendía a la filial de Gunvor en Colombia para exportarlo. Su nombre incluso aparece en varias de las interceptaciones telefónicas de la Fiscalía.
“Gunvor está exportando ese producto que no sale de Colombia y, si sale, sale por las vías ilegales, de fuentes ilegales y le está dando esa presunta legalidad a través de documentos o de empresas que no tienen permiso o de guías que a pesar de que son expedidas por el ministerio, no son para lo que las están utilizando. Entra y se transporta por los tubos, el oleoducto, y se retira por allá en Coveñas (municipio costero al norte de Colombia) y resulta que no es 100 por ciento colombiano y no es legal. Seguramente no es todo, pero de acuerdo a estos elementos materiales probatorios sí ha llegado y sí se ha exportado. Entonces sí es grave”, cuestionó la fiscal Gennifer García, a cargo de la investigación.
Ecopetrol, empresa petrolera cuya infraestructura estaba siendo usada para exportar ilegalmente el crudo venezolano, se declaró víctima en el caso. Su abogado califica la operación como lavado de crudo y señala que unas de las mayores preocupaciones de la compañía serían las eventuales sanciones a las que quedaría expuesto Colombia por parte de los países que compran los productos.
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