El presidente del BCV ad hoc dijo que su informe de gestión fue presentado en febrero, mientras el procurador especial lo había hecho en junio, sin embargo, apenas ahora se hicieron públicos. Para octubre de 2020 se habían causado 36,3 millones de dólares en servicios de defensa judicial, pero solo se habían pagado 16,3 millones.
Caracas. En la continuación de la rendición de cuentas y balances de gestión ante la Asamblea Nacional 2016-2021 de parte de los organismos adscritos a la presidencia encargada que encabeza Juan Guaidó, este miércoles tocó el turno a la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela y a la Procuraduría Especial de la República.
Ambas oficinas coincidieron en solicitar a la comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobar los recursos necesarios para continuar con la defensa y protección de activos de Venezuela en el exterior.
Tanto Enrique Sánchez Falcón, procurador especial, como Manuel Rodríguez, presidente del BCV ad hoc, instaron a los factores políticos a discutir las propuestas de gastos para 2021, presentadas al cierre de 2020, y autorizar la asignación de recursos. Una petición similar hizo el pasado viernes la junta directiva ad hoc de Pdvsa, representada por Horacio Medina, durante su rendición de cuentas.
Al inicio de las presentaciones, Juan Guaidó resaltó la importancia de esta ronda de rendición de cuentas, iniciada a comienzos de julio en aras de llevar adelante una gestión transparente de los recursos del Estado venezolano. Agradeció el trabajo de ambas oficinas y recordó que la administración de Nicolás Maduro los ha perseguido a ellos, a sus familiares y sus bienes.
Es de destacar que según la Constitución, la rendición de cuentas de los ministerios y entes del Estado debe realizarse los primeros 60 días del año ante la Asamblea Nacional. El presidente del BCV ad hoc enfatizó durante su presentación que esa oficina consignó dicho informe a comienzos del mes de febrero de este año; sin embargo, su contenido no fue público hasta este 28 de julio, cinco meses después. En el caso de la Procuraduría, Sánchez Falcón indicó que presentó su informe en junio pasado ante el presidente Guaidó.
Las cuentas del Banco Central ad hoc
Manuel Rodríguez, presidente de la junta ad hoc del BCV, comenzó por recordar que el propósito de ese ente nombrado en agosto de 2019 es rescatar y proteger las reservas internacionales de Venezuela, representando al BCV en contratos y operaciones en el extranjero relacionadas con la administración de dichas reservas.
En tal sentido, explicó que los dos principales focos de ejecución de ese mandato para la junta ad hoc han sido la defensa de las reservas internacionales de Venezuela en Estados Unidos y la defensa del oro de las reservas en Inglaterra.
De los 46,5 millones de dólares que ha recibido el Fondo de Litigios desde su creación en 2019 al presente, el BCV ad hoc ha destinado un total de 6.052.501,72 millones de dólares en pagos a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP y 500.000 dólares en pagos a la firma Sullivan & Cromwell LLP, para la defensa legal del BCV y de los activos de la República.
Con respecto al oro en Inglaterra, Rodríguez reiteró que se trata de 32 toneladas resguardadas en el Banco de Inglaterra, los cuales para el 31 de diciembre de 2020 tenían un valor de 1947,7 millones de dólares y por la variación del precio mundial del oro, para el 30 de junio de 2021 su valor bajó a 1821,9 millones de dólares en junio de este año. Señaló que el otro activo en recuperación por el BCV ad hoc, también en Londres, corresponde a la liquidación temprana de un swap de oro en el Deustche Bank (caso similar a los fondos recuperados en el Citibank de EE. UU.) por 121,9 millones de dólares.
Ambos bancos decidieron presentar el caso del oro venezolano en los tribunales hay dos partes (gobierno de Maduro y gobierno de Guaidó) solicitando la titularidad del oro. Ese juicio está en curso actualmente y se espera un pronunciamiento definitivo en el último trimestre de este año de parte de la Corte Suprema de Inglaterra. “La semana pasada fueron las audiencias en la Corte Suprema. Cada parte expuso sus consideraciones. Fueron 12 horas de audiencias. Aún no hay una resolución. La respuesta debe venir para septiembre u octubre de este año”, indicó el funcionario.
Con relación a los activos recuperados por el BCV desde 2019, estos suman 346,9 millones de dólares y provienen de la cuenta operativa del BCV en Estados Unidos, recuperada en octubre de 2019 por 4,6 millones de dólares; de los recursos derivados del swap de oro en cuentas del CitiBank en enero de 2020 y traspasadas a la Reserva Federal en abril de 2020; e incluyen 11.000 dólares de intereses generados hasta el primer trimestre de 2020. “A partir de esa fecha por la situación de la pandemia, la tasa de interés de la Reserva Federal esta en 0 % y no ha generado intereses. Este mes de julio se notificó que a partir de julio comenzarán a pagar los intereses del 0,5 % lo cual representará un ingreso adicional a las cuentas del Estado”, dijo Rodríguez.
Dijo que en 2020 se otorgaron préstamos a la República por 51,8 millones de dólares y hasta junio de 2021, otros 12 millones para sumar 63,8 millones de dólares. Agregó que en 2020 el BCV ad hoc aprobó un crédito a la República por 80 millones de dólares para el Fondo para la Liberación de Venezuela a 0,5 % de intereses a tres meses, “pagaderos 60 días después del cese de la usurpación”. Adicionalmente, en mayo de 2021 se solicitó un nuevo préstamo por 162,4 millones de dólares, distribuidos así: $100 millones para vacunas contra la COVID-19; $152,3 millones para nutrir el Fondo para la Liberación de Venezuela y $10,1 millones para el Fondo de Litigios.
“Esto nos lleva a que el total del préstamo a la república es de $242,4 millones”, señaló. De ese total se han desembolsado efectivamente 51,8 millones de dólares en 2020 y 12 millones de dólares entre enero y junio de 2021, para un total de 63,8 millones en préstamos a la república.
Explicó que adicionalmente se han desembolsado 4,3 millones de dólares para los gastos legales del BCV (caso Oro en Inglaterra) en 2020 y otros 2,3 millones en el primer semestre de 2021 para el mismo caso, que suman 6,6 millones de dólares en gastos legales. No obstante resaltó que esa cifra representa apenas 0,16 % del valor del activo que se está custodiando, que en este caso supera los 2069,6 millones de dólares.
“El saldo líquido del BCV al día de hoy es de 276,5 millones de dólares”, indicó.
De los 63,8 millones que han sido entregados al gobierno encargado, 59,2 % se ha destinado a ayuda humanitaria, 9,38 % para servicios legales (todos los juicios en curso), 0,14 % para el Consejo de Administración del Gasto, 14,75 % la Asamblea Nacional, la presidencia encargada 1,01 %, el BCV ad hoc 0,04 %, relaciones exteriores 6,97 %, Contraloría 0,53 % y para Defensa de la Democracia 7,95 %.
Informó que se han hecho dos préstamos del BCV ad hoc al gobierno encargado: uno en 2020 por la cantidad de 80 millones de dólares para el Fondo para la Liberación de Venezuela y otro en 2021 por 162,4 millones de dólares. Explicó que estos préstamos a la Republica funcionan como una línea de crédito que se va liquidando cada vez que existe esa necesidad: se hace un presupuesto, se nombra un responsable, se nombra a un cuentadante, se solicita la aprobación de la Comisión de Administración del Gasto y luego se solicita la licencia ente la OFAC para liberar los fondos. “Una vez cumplidos esos procesos, el BCV ad hoc junto con la Reserva Federal autoriza el pago”, indicó.
Rodríguez resaltó que desde 2019 en adelante, la junta ad hoc ha diseñado un sistema de control interno y de gestión que les permite documentar todas las reuniones del directorio y sus actuaciones; elaborar estados financieros y presentar movimientos de cuenta mensuales de conocimiento público a través de una página web puesta en operaciones desde octubre de 2020; el diseño de procesos y manuales de operación como por ejemplo la creación de la Comisión de Contrataciones; gestión de órdenes de pago ante la Reserva Federal de Estados Unido; y la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional 2016-2021.
Muchos juicios y pocos recursos
El profesor de derecho constitucional de la UCV y actual procurador especial del gobierno encargado, Enrique Sánchez Falcón, comenzó por aclarar que las funciones de la procuraduría especial no son equiparables a las de la Procuraduría General de la República.
Se circunscriben a la representación judicial de Venezuela y sus entes descentralizados en el extranjero (BCV, Pdvsa, Pequiven, Bandes, CVP, entre otras), pero escapan de su control las empresas venezolanas constituidas en el exterior bajo las leyes de esos países como son los casos de Citgo y Monómeros. Tampoco es función de esta oficina atender los litigios contra la República dentro de Venezuela.
Indicó que al llegar al cargo estaban identificados más de 60 procesos entre juicios y arbitrajes “derivados casi en su totalidad de la acción arbitraria del régimen de Nicolás Maduro”.
Resaltó la brecha entre las cantidades en disputa y los recursos para atender dichos juicios: “El monto de los intereses en litigios estaba en el orden de los 40.000 millones (de una deuda pública que era de más de 140.000 millones de dólares). Para atender esa cantidad de juicios solo había 24 millones de dólares disponibles a través del Fondo de Litigios, que apenas representa 0,06 % de los recursos en disputa”.
Dijo que uno de los problemas que tuvieron para ejecutar recursos del Fondo de Litigios para la defensa de activos es que se incluyó una cláusula que señala que los recursos solo podrían utilizarse siempre que existiera disponibilidad, condición que únicamente podían cumplir Pdvsa y el BCV que son los únicos entes del gobierno encargado que tienen recursos propios.
Otro de los escollos enfrentados es que los primeros fondos aprobados para litigios llegaron a comienzos de 2020, 10 meses después de haber iniciado las acciones de representación y luego la situación se repitió este año cuando en enero se autorizaron recursos para continuar con la defensa de activos y la entrega de los fondos se hizo en mayo; esta situación ha generado acumulación de cuentas por pagar a los bufetes contratados, cuya contratación defendió argumentando que se trata de empresas altamente seguras y confiables. Resaltó que algunas de las firmas incluso han trabajado con el Estado venezolano desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder.
En octubre de 2020 se hizo un análisis que determinó que se habían causado más de 36,3 millones de dólares de los cuales se debían para ese momento 19,9 millones de dólares. Indicó que la Asamblea Nacional pidió a la procuraduría que solicitara descuentos a los bufetes prestadores de servicios y en esas gestiones lograron un descuento global de 2,1 millones de dólares.
Sánchez Falcón también expresó que de los 20 millones de dólares solicitados por la procuraduría este año, el Consejo Nacional de Defensa Judicial los aprobó en su totalidad “pero por esa ausencia de coordinación entre las instancias políticas finalmente la AN aprobó 18 millones y pico. Y adicionalmente en el caso de Pdvsa se aprobó una cantidad ligeramente superior a lo requerido”.
Recalcó que la Procuraduría presentó en abril de este año un proyecto de presupuesto para atención de deudas de los juicios pendientes desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021 “pero lamentablemente no se ha aprobado y reiteramos la petición de que se apruebe”.
Con relación a los tipos de juicio que enfrenta la república, se refirió a lo arbitrajes, juicios por incumplimiento de bonos de deuda pública (Citgo y Rosneft), juicios por incumplimiento de contratos mercantiles, juicios por recuperación de activos en el exterior (oro en Inglaterra y cuentas del BCV), juicios derivados de corrupción de altos funcionarios del Estado, juicios por acción mero declarativo y juicios por daños derivados de expropiaciones y otros daños.
En esta última categoría entraría el caso de Crystallex, pero también una modalidad denunciada recientemente por el presidente de Pdvsa ad hoc, Horacio Medina, incoados por víctimas de grupos guerrilleros contra el Estado venezolano.
“Las víctimas de las FARC y el ELN están tratando de cobrar indemnizaciones con activos en el exterior pertenecientes a la república venezolana porque sostienen que debido a la relación de Nicolás Maduro con esos grupos armados, empresas como Pdvsa instrumentos para el financiamiento de esos grupos. Así como actúan presuntas víctimas es probable que también actúen cazadores de fortuna”, dijo Sánchez Falcón. Acotó que en estos casos la Procuraduría no ha podido actuar plenamente por falta de presupuesto.
El profesor hizo un resumen de los principales juicios en curso en la actualidad:
- Caso del “oro en Londres” que representa unos activos de poco más de 2000 millones de dólares y se encuentra en la Corte Suprema de Inglaterra.
- Caso Crystallex III (Embargo de Citgo desde 2018) se encuentra en fase de apelación en Delaware y a la espera del plan de venta de acciones del “special master” designado por el tribunal.
- Caso sobre la Nulidad de los Bonos Pdvsa 2020 en fase de apelación.
- Arbitraje Conoco (Petrozuata-Hamaca-Corocoro vs República) ante el Comité de anulación del CIADI que representaría unos 10.000 millones de dólares.
- Arbitraje Conoco vs. Pdvsa por 1900 millones de dólares que se encuentra en ejecución.
- Otros casos de Delaware (OIEG, Northrop), donde han invocado la jurisprudencia del “alterego” aplicada para la autorización de la liquidación de las acciones de Citgo en 2018, pero que ahora el juez ha pedido a los demandantes presentar pruebas fehacientes.
- Casos en fase de ejecución con altos riesgos, pero sin disponibilidad: Pharo Gaia; Contrarian; Saint Gobain; supuestas víctimas FARC y ELN.
- Posibles recuperaciones paralizadas por falta de recursos: Novobanco, Bandes Uruguay; juicios por corrupción de funcionarios públicos.
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