En octubre de 2020 el Procurador Especial Enrique Sánchez Falcón solicitó $ 39,5 millones a la AN 2016-2021 para la defensa de activos valorados en $ 24.000 millones; al día de hoy ni siquiera ha sido informado si su petición está en estudio. La confrontación entre los actores de la oposición por el asunto de los activos en el exterior se da en dos planos: el G4, el gobierno encargado y la Comisión Delegada de la AN 2016-2021.
Caracas. En las últimas semanas, la opinión pública venezolana –y la internacional interesada en el tema– ha presenciado un intercambio de comunicados, señalamientos y acusaciones entre los distintos actores políticos que integran el G4 (la Comisión Delegada de la AN 2016-2021 y el gobierno interino) sobre el asunto de la protección y defensa de los activos en el exterior.
Pero mientras todos los voceros se rasgan las vestiduras afirmando que a su sector político sí le interesa proteger los activos y empresas del Estado del alcance de Nicolás Maduro, la Procuraduría Especial, que es el ente que coordina la defensa legal y la intervención en los litigios contra la República en el mundo, tiene 11 meses esperando que esos mismos actores políticos se pongan de acuerdo y le aprueben el presupuesto que requiere para salvaguardar 24.000 millones de dólares que podrían perderse en bienes y recursos públicos si no son defendidos adecuadamente.
Este martes, y por segunda vez en lo que va de año, el procurador especial designado por el gobierno encargado de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional 2016-2021 (es decir el G4), profesor Enrique Sánchez Falcón, advirtió públicamente sobre el riesgo que corren los activos venezolanos en el exterior si esa Comisión y los factores políticos que integran el G4 no se ponen de acuerdo para autorizar el presupuesto de funcionamiento de esa oficina y el pago de abogados.
“Solicitamos que se apruebe el presupuesto integral elaborado por la Procuraduría Especial en comunicación dirigida a la Asamblea Nacional (en octubre de 2020 y ratificado en abril de 2021) con copia al equipo político que apoya al G4, por un monto de casi 40 millones de dólares para defender 24.000 millones de dólares, sin que hasta la fecha haya sido informado si está siendo analizado por sus destinatarios”, reclamó Falcón este martes durante un derecho de palabra solicitado ante la sesión ordinaria virtual de la Comisión Delegada de la AN 2016-2021.
De acuerdo con la memoria y cuenta presentada por el Procurador en julio pasado ante la Delegada y la Presidencia encargada, la cifra exacta que requiere la Procuraduría para seguir operando, pagar nuevas contrataciones de bufetes y garantizar la presencia de la república en los litigios que pesan sobre sus activos en el exterior hasta diciembre de 2021 sería de $ 39.480.633,31.
Presupuesto Procuraduria Cr… by Crónica Uno
En su intervención, Sánchez Falcón enfatizó que esa misma solicitud de autorización urgente de recursos para continuar la defensa de activos la ha hecho por escrito varias veces desde octubre de 2020 –la más reciente en abril de 2021–. Pero además el día de su rendición de cuentas en julio, también expresó la solicitud públicamente ante los parlamentarios.
“La Comisión Delegada compromete no solo su responsabilidad jurídica, sino también su responsabilidad histórica ante el país. El órgano legislativo se estableció a sí mismo en el Estatuto para la Transición el mandato de procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses del Estado venezolano en el extranjero”, recordó este martes Sánchez Falcón a los diputados electos en el año 2015.
Entes de protección de activos del gobierno encargado
A lo largo del mes de septiembre se ha intensificado el debate dentro y fuera de la oposición por las decisiones concernientes a la defensa de los activos en el exterior. La medida de control impuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia sobre Monómeros, aunado a las denuncias de presunta corrupción por parte de la gerencia de la empresa, designada por acuerdo político del G4 en el seno del Parlamento desde 2019, reavivaron la confrontación pública entre los partidos que integran la dirección política de la Delegada y del gobierno encargado: en mayor medida entre Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, y en menor grado Un Nuevo Tiempo.
El episodio más reciente fue el anuncio hecho el lunes en la mañana por Primero Justicia, en plena interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021 al gerente general de Monómeros, de “no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”.
Al momento de publicación de esta nota, no se había hecho pública la renuncia de ninguno de los dirigentes de PJ que participan en esos “espacios” a los que aludió el partido aurinegro en su comunicado de ayer, pero sin mencionarlos expresamente, a saber:
- Comisión Presidencial para la Defensa de Activos, encabezada por Javier Troconis, designado en 2019.
- Consejo de Defensa Judicial instalado en octubre de 2020 e integrado Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo, Freddy Orlando y David Natera como secretario.
- Consejo de Administración del Gasto designado en marzo de 2020 e integrado por Alejandro Plaz Castillo, Yon Goicoechea, Gustavo Marcano, Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi.
- Procuraduría Especial, encabezada por el profesor Enrique Sánchez Falcón desde junio de 2020 y antes de él por José Ignacio Hernández.
- Juntas directivas ad hoc de Pdvsa, Citgo, Monómeros, Pequiven, BCV, CVG, CVP, Bandes.
- Contraloría Especial, a cargo de Juan Pablo Soteldo desde mediados del año pasado
- Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores, que conduce Julio Borges desde 2019.
Ejecutivo encargado vs. G4
El comunicado de PJ, que además alude directamente a Voluntad Popular y a Juan Guaidó al afirmar que ambos han “mostrado falta de receptividad” a sus propuestas para la protección de activos, provocó una respuesta del gobierno encargado la noche del lunes en la que recalcan que “todas las decisiones vinculadas con la protección, recuperación y administración de activos fueron tomadas con la participación y acuerdo de todas las fracciones parlamentarias”.
Es decir, del G4.
El gobierno encargado además expresa su “respaldo a la gestión de la Asamblea Nacional y la Comisión Delegada, que es la responsable de evaluar los mecanismos que garanticen el mejor ejercicio para la protección de activos”.
En su intervención, Sánchez Falcón le recordó a los parlamentarios de todos los partidos representados en la Delegada, integrantes del G4, que “haber asumido el control de los activos en el extranjero implica obligaciones para proteger esos activos de las acciones de los acreedores y del gobierno de Nicolás Maduro”.
Esas obligaciones, señaló, se reparten entre el gobierno encargado y el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto para la Transición, y en tal sentido aseguró que mientras el primero ha cumplido con sus tareas, el segundo no ha ayudado a mejorar y atender con eficiencia las actividades de defensa de activos al presentar un retraso de meses en la aprobación del presupuesto.
“El Ejecutivo interino ha venido cumpliendo a cabalidad sus deberes. El procurador especial ha buscado los escritorios de abogados para llevar esos litigios, ha participado en el diseño de las estrategias requeridas, ha leído los escritos, introducido los actos judiciales, efectuado las observaciones, y ha informado a esas firmas sobre el marco jurídico venezolano”, dijo.
Y agregó que por otro lado, “la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos y así, desde el mes de octubre de 2020 en mi condición de procurador especial, he venido planteando reiteradamente la necesidad de aprobación de un presupuesto impago o los honorarios de abogados requeridos para la atención de los juicios sobre protección y recuperación de activos en el extranjero”.
Primero Justicia vs. Voluntad Popular
En una entrevista realizada este martes por el periodista César Miguel Rondón en su canal de YouTube a Julio Borges, el coordinador nacional de Primero Justicia dijo que la queja principal del partido es que desde su perspectiva, el gobierno encargado no está diseñado para manejar empresas: “Eso nos ha desenfocado, ha generado ruido y fisuras. Nosotros tenemos un solo propósito que es lograr el cambio de gobierno y el manejo de los activos lo que ha hecho es desenfocarnos de nuestra única meta”.
Consultado directamente sobre si renunciará a su cargo como comisionado para Relaciones Exteriores, respondió: “No tengo problema en que nosotros tengamos que dejar o no los cargos en los cuales tenemos posiciones (sic). El gobierno interino además de dar la discusión de los activos tiene que dar una discusión profunda sobre la unidad política en el país porque por una ley que nos dimos nosotros mismos (Estatuto para la Transición), el gobierno interino dura hasta el 5 de enero”.
Borges afirmó que a juicio de PJ, “Juan Guaidó tiene la mayor responsabilidad (en el manejo de activos y en la crisis generada en este ámbito) porque el Parlamento lo nombró como presidente interino. Él debería tener la fuerza, la asertividad de planear, planificar y proponer, cosa que hemos hecho solos y él ha sido pasivo en ese tema, y creo que se ha entregado a su entorno, muchas veces ni siquiera está en las reuniones”.
Algunos casos en riesgo
En este sentido, y volviendo a la intervención de Sánchez Falcón ante la Delegada esta mañana, el procurador afirmó que el “riesgo por la desatención de la Asamblea Nacional a sus responsabilidades” en la defensa de activos es palpable y puso como ejemplo tres de los múltiples casos en curso:
- El juicio de nulidad de los Bonos 2020 donde corresponde a la República intervenir en la audiencia de apelación, pero hacen falta 70.000 dólares para el pago de los abogados y ese monto no está disponible. “La participación de la República incrementaría sustancialmente las posibilidades de que se dicte una decisión a favor de Pdvsa y del país”, dijo. Recordó que lo que se discute es la garantía sobre el 51 % en las acciones de Citgo y la constitucionalidad de un contrato de interés nacional aprobado por Maduro sin autorización de la Asamblea Nacional.
- El laudo de ConocoPhillips contra Petrozuata por monto de 8500 millones de dólares (el más costoso de todos los procesos) y que se encuentra en fase de ejecución suspendida por solicitud de nulidad incoada por la república ante el tribunal arbitral. Dijo que la república tiene “sólidos argumentos” en este caso para mantener la suspensión de la ejecución dentro de los Estados Unidos, gracias a las decisiones de la OFAC, pero “fuera de ese país los acreedores podrían en pocas semanas comenzar a intentar ejecutar activos de la república y entes descentralizados en Portugal e incluso en Inglaterra”.
- Otros casos en los que por falta de disponibilidad financiera no se han podido designar abogados, pero los demandantes ya accionaron ante tribunales. “Esta circunstancia obra de manera grave en contra del Estado venezolano y será mal vista por los jueces, lo que afectará la credibilidad del gobierno interino. Esto además podría trascender y afectar la protección hasta ahora concedida por el gobierno de Estados Unidos a los activos venezolanos”.
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