En su informe anual, la ONG denuncia que el último plan del Gobierno para combatir el crimen ha aumentado el número de ajusticiamientos, de allanamientos ilegales y de detenciones arbitrarias.
Juan Francisco Alonso
Caracas. Lejos de resolver el problema del crimen la Operación Liberación del Pueblo (OLP) lo está agudizando. Así lo denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que aseveró que la última iniciativa del Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra el hampa ha aumentado crímenes como los ajusticiamientos, los malos tratos, los allanamientos ilegales y las detenciones arbitrarias, llevando “más sufrimiento a las barriadas populares”.
El señalamiento lo formuló la agrupación en su informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país, el cual presentó hoy y en el que cuestionó el operativo no solo porque el Ministerio Público reconoció que estaba investigando las circunstancias en las que 245 venezolanos perdieron la vida desde que la iniciativa se puso en marcha en julio de 2015 hasta diciembre de ese año, sino porque gracias a la misma se ha incrementado “sustantivamente” el número de detenciones arbitrarias masivas.
Provea, en su reporte, informó que 17.071 personas fueron aprehendidas en redadas, número es 494% superior al de 2014. En algunos operativos realizados en Caracas las autoridades han informado sobre la aprehensión de más de mil personas, pero solamente 100 han terminado siendo puestas a disposición de los fiscales y jueces, según ha reconocido el propio Ministerio del Interior.
Durante esas detenciones también se han registrado excesos. Así la agrupación aseveró haber recibido información mediante la prensa, por denuncias formuladas por víctimas y en visitas a los lugares escenarios de este operativo de que 969 personas habrían sido maltratadas al momento de ser detenidas, datos que revelan un aumento de 902,43% en comparación con el año previo.
Sin embargo, el dato más alarmante es el relacionado con la violación del hogar, pues Provea contabilizó 17.215 casos de allanamientos sin orden judicial, que en comparación con los 51 que registró en 2014 supone un crecimiento de 33.754%, pero por si fuera poco el ingreso ilegal a una vivienda en no pocas ocasiones los afectados denunciaron que sus pertenencias fueron robadas o dañadas.
Prueba del fracaso del operativo sería el número de homicidios. En los primeros tres meses de 2016 4.696 venezolanos fueron asesinados, cifra que es 6,8% superior a la del mismo período del año pasado, cuando se registraron 4.393 homicidios, reconoció semanas atrás el Ministerio Público.
Contraste
En su informe Provea saludó que el Ministerio Público investigue cómo murieron 245 personas durante la OLP, pero criticó que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, no haga lo mismo sino que por el contrario guarde “silencio”, actitud que cuestionó por considerar que “se ha convertido en aval para la impunidad”.
La agrupación se quejó por la inacción del organismo que debe velar por los Derechos Humanos de todos los venezolanos, al cual ha suministrado información sobre presuntas actuaciones irregulares.
En el reporte se lamenta que las autoridades respondan al fracaso de las políticas de seguridad ciudadana recurriendo a “la vieja práctica represiva de las detenciones masivas, los operativos con fuerzas especiales y la militarización de las acciones de seguridad ciudadana”.
La OLP fue denunciada este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en los últimos años ha cuestionado la participación de militares en labores de seguridad ciudadana porque abre las puertas a abusos y excesos.
[irp posts=”21568″ name=”Gobierno prometió a la CIDH que investigará posibles excesos en la OLP”]Tumbando mitos
Provea también puso la mirada sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela y puso en tela de juicio la versión de las autoridades de que el año pasado construyeron 326.323 casas en el marco de este plan, para lo cual recurrió a las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), del Ministerio del Trabajo y otros organismos públicos.
La agrupación, en su reporte, recordó que el instituto emisor informó que en el último trimestre de 2015 la actividad de la construcción se contrajo 23,8%, caída que se produjo entre octubre y diciembre justo cuando el Gobierno aseguró que se estaban terminando más de 240 mil viviendas.
Otro dato que echa por tierra la afirmación oficial está contenido en el informe anual del Ministerio del Trabajo, el cual se lee: “Durante el año 2015, el sector de la construcción del país, así como toda la economía sufrió los embates de una política adelantada por poderosos grupos económicos nacionales e internacionales (…) situación que afectó sensiblemente el desarrollo de la vida nacional e impacto negativamente la eficiente ejecución de proyectos”. Esta afirmación es coherente con las estimaciones de Octavio Campos, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, quien calculó la tasa de desempleo en su gremio entre el 70% y el 74%.
Foto: Archivo
Participa en la conversación