De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, el proyecto de ley que se impulsa desde la AN cambia de tal manera la composición del Estado que simplemente no es legal hacerlo por vía de ley orgánica, sino que debería llevarse a cabo un referendo para consultar a la población.
Caracas. El pasado 11 de marzo la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Ciudades Socialistas, uno de los instrumentos más importantes que se han presentado ante el Parlamento, pues se trata de un intento de transformar no solo el Estado venezolano, sino, además, de crear una nueva división político administrativa.
El proyecto presentado ante la plenaria del Parlamento electo en los polémicos comicios de diciembre de 2020, crea en total cinco nuevas instancias que son paralelas a los poderes del Estado, y que a su vez funcionan en lo que sería una nueva división político territorial: las ciudades comunales, una división que, de plano, viola lo establecido en la Constitución de Venezuela.
De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución, el Poder Público se distribuye en municipal, estadal y nacional. La carta magna no establece que el Poder Público puede existir en la nueva división que plantea esta ley propuesta desde el Poder Legislativo.
Artículo 136 de la Constitución de la República
El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Es por esto que para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli este proyecto de ley lo que hace es una transformación del Estado como se conoce, algo que a su juicio no debe simplemente ser debatido por la plenaria del Parlamento, sino que debe ser plenamente consultado al país a través de un referendo en el que se le pregunte si está o no de acuerdo con un cambio de esta magnitud.
Esto que se propone es una visión totalmente distinta a la de la Constitución de 1999 y 1961, va en contra de la historia constitucional. Por ende, no se puede hacer a través de una simple ley, hay que cambiar la Constitución y luego ir a un referendo para que el pueblo venezolano la apruebe o no”, explicó.
Raffalli insistió en que simplemente “no es legal” crear una nueva división político administrativa a través de una ley. También señaló que es justo lo que se pretende, aunque recuerda que no sería la primera vez que desde el chavismo se impulsa y ejecuta una política inconstitucional.
“La organización de la República la establece la Constitución en el artículo 16 que dice que el territorio se divide en estados y entidades federales, además del Distrito Capital”, resaltó Raffalli, quien reiteró que la Constitución no prevé un ordenamiento comunal.
Prometen autonomía pero concentra más poder en el Ejecutivo
Un punto que destaca Raffalli es que, contrario a los argumentos que han esgrimido los voceros del chavismo que proponen la Ley de Ciudades Comunales, lo establecido en el texto no se traduce verdaderamente en más independencia para las comunas y los consejos comunales, ya que, en realidad, estas dependerán del Ejecutivo nacional, es decir, del gobierno de Nicolás Maduro.
Todo esto que se ha hablado se va a mover a través del Ministerio de la Comuna y el Consejo Federal de Gobierno, lo que significa una mayor concentración de poder en el Ejecutivo nacional mientras que alcaldes y concejales pierden potestades”, dijo.
El abogado explicó que incluso dentro del texto de la ley, específicamente en el artículo 11, existe una contradicción cuando se habla de la creación de un nuevo sistema de administración en el país que sea “desconcentrado”, lo cual, para él, valida su teoría de que el Ejecutivo Nacional en realidad tendrá más control, mientras que las instancias municipales perderán atribuciones.
Artículo 11 del proyecto de Ley de Ciudades Comunales
La Ciudad Comunal establecerá un sistema de administración descentralizado y desconcentrado con la participación del resto de los gobiernos comunitarios y comunales instituidos en su jurisdicción; esto a través de la figura de la cogestión.
Raffalli añadió que en la desconcentración el Ejecutivo mantiene ese poder central y le confiere competencias a otras entidades. Para él, esto es justamente lo que se busca con la ley, el “crear un Poder Público que no está en la Constitución y que altera por completo el ordenamiento del país”.
Una restructuración nada sencilla
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales establece instituciones paralelas a los poderes del Estado en el ámbito “comunal”, al crear las siguientes instituciones: el Consejo de Gobierno Comunal (Ejecutivo), el Parlamento Comunal (Legislativo), el Consejo de Justicia y Paz Comunal (Judicial), el Consejo Electoral Comunal (Electoral) y el Consejo Moral Comunal (Moral).
Cada una de estas estructuras estará compuesta por representantes de las comunas y consejos comunales, los cuales serán elegidos en algunos casos (Ejecutivo y Legislativo) y seleccionado en otros (Moral, Electoral y Judicial).
Estas estructuras, a su vez, tendrán una serie de competencias que anteriormente recaían sobre alcaldías, concejos municipales y otras instancias, como tribunales y prefecturas. Todo esto, en conjunto, representa una restructuración severa del ordenamiento jurídico y administrativo del país, por lo que se deberá llevar a cabo un proceso de adaptación nada fácil.
Raffalli comentó que, aunque la AN decida hacer un “fast-track” (aprobar la ley de la forma expedita), la misma tardará una cantidad de tiempo en materializarse.
¿Cómo van a hacer y en cuánto tiempo? No lo sé, pero así hagan un fast-track y aprueben en pocos meses este aparataje, luego vendrá un proceso de restructuración que no será para nada sencillo”, aseguró.
El tiempo que se pueda tomar esta restructuración, en caso de que se apruebe la Ley de Ciudades Comunales, es imposible de determinar. No obstante, Raffalli alerta de que existe una cantidad de vacíos que van desde cómo se determina la extensión territorial de la ciudad comunal hasta cuántas personas votan ahí, lo cual puede dar incluso más control al Ejecutivo nacional por la vía de un reglamento para que este transforme el Estado a su pleno gusto.
Lea aquí el proyecto de ley
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