¿Qué implica el acuerdo firmado por representantes de la Asamblea Nacional y Maduro ante la OPS?

El acuerdo de colaboración entre el ministro de Salud, designado por Nicolás Maduro, y el asesor en temas de Salud, nombrado por Juan Guaidó, persigue crear los canales oficiales para que la OPS pueda ejecutar recursos gestionados por el gobierno encargado o destinados por Miraflores para atender el COVID-19. Al final del día, ambos sectores políticos reconocen que solos no tienen capacidad de respuesta ante la magnitud de la pandemia. Aquí les contamos qué dice el acuerdo, cómo se logró y quiénes son los que firman.

Caracas. Este martes 2 de junio, los venezolanos, incluso los dirigentes de la oposición y del oficialismo, se vieron sorprendidos por el anuncio de un acuerdo firmado de “colaboración entre el ministerio del poder popular para la salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional para responder al COVID-19 en Venezuela”.

Pese a los intentos de lado y lado de capitalizar el hecho como una victoria individual, lo cierto es que:

Primero, el acuerdo está firmado por el ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, y el vocero de la comisión presidencial de Expertos de la Salud designado por Juan Guaidó, Julio Castro.

Segundo, aunque en la firma del documento se hace referencia a Castro como asesor en temas de salud de la Asamblea Nacional y hace menos de 10 días el TSJ publicó un acta en la que desconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, el acuerdo se firmó con un delegado nombrado por Guaidó en representación de la Asamblea Nacional. No se firmó con un representante del diputado Luis Parra, a quien la sentencia 65 de la Sala Constitucional acaba de reconocer como presidente del Parlamento. En otras palabras, pareciera que el TSJ reconoce a un presidente de la AN y Miraflores reconoce a otro.

Tercero, la firma del convenio implica que ambas partes –oposición y madurismo– admiten que la crisis por el COVID-19 sobrepasa el conflicto político y hace necesario poner en primer lugar la atención de la emergencia sanitaria, sobre todo, ante la devastación en la que se encuentra el sistema de salud en Venezuela y el alto riesgo de la población mal alimentada, sin medicamentos ni acceso regular a tratamientos para enfermedades de base, tal como lo reflejan informes de organismos adscritos a la ONU y ONG venezolanas.

Y cuarto, la instrumentalización del acuerdo beneficiará a cientos de venezolanos contagiados de COVID-19 o en riesgo de contagio, porque permitirá una dotación significativa de insumos para su atención.

¿Qué dice el acuerdo de colaboración?

El acuerdo firmado, de apenas una hoja, es una especie de guía o plan marco de acción que deberá ser desarrollada en detalle por las partes en coordinación con la OPS. Pero deja claro que el propósito es “salvar vidas, proteger al personal de salud y reducir la transmisión” del coronavirus. Precisamente tres de las recomendaciones esenciales formuladas el 24 de marzo por la Comisión Presidencial de Expertos de la Salud.

Los firmantes, dice el documento, se reunieron, analizaron la situación actual e identificaron siete líneas prioritarias para la respuesta a la pandemia:

• Detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorio.
• Tratamiento oportuno y adecuado de los casos confirmados.
• Aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de los contactos.
• Protección del personal de salud.
• Implementación de acciones de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud.
• Vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reportes de situación.
• Comunicación de riesgo para la adopción de medidas por la población.

Tras enumerar las siete líneas prioritarias, “ambas partes proponen trabajar coordinadamente, en coordinación y con el apoyo de la OPS, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta al país para atender la emergencia ocasionada por la pandemia”.

Por último, los firmantes solicitan a la OPS que brinde el apoyo técnico y administrativo “para asegurar la implementación, seguimiento y supervisión de la ejecución” del acuerdo.

¿Qué dijeron los actores firmantes?

La primicia sobre el acuerdo firmado la dio a media tarde de este martes 2 de junio el Centro de Comunicación Nacional, una especie de Ministerio de Comunicaciones de Juan Guaidó, en una nota de prensa enviada a los medios. En la misma, pese a la relevancia del hecho político, no se ofrecen mayores detalles del convenio firmado.

Sin embargo, se resalta lo medular: la Organización Panamericana de la Salud exigía un acuerdo por escrito entre la Asamblea Nacional (reconocida por los países y organizaciones humanitarias del mundo y con autoridad legal constitucional vigente) y la administración de Nicolás Maduro (que controla el acceso al territorio y administra la red hospitalaria pública) para aceptar que los activos recuperados por el gobierno interino de Juan Guaidó les fueran entregados a los equipos de la OPS en Venezuela para atender la emergencia por el coronavirus en el país.

Hacia el final del día, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, dedicó unos breves minutos de su reporte diario sobre el comportamiento del COVID-19 en el país, para confirmar la noticia. Sin embargo, Rodríguez intentó minimizar la importancia e implicaciones del acuerdo, señalando que la firma fue entre el gobierno de Nicolás Maduro y “el equipo asesor del llamado G4 que hace vida en la Asamblea Nacional”. Pero lo cierto es que el doctor Julio Castro no firmó en calidad de asesor del G4, sino en calidad de asesor de la Asamblea Nacional.

¿Qué implica el acuerdo?

En una nota de prensa difundida este miércoles por el diputado Miguel Pizarro, quien es también el comisionado presidencial nombrado por Guaidó para la Ayuda Humanitaria y representante del gobierno interino ante la ONU, se explica que el acuerdo facilitará “la adquisición y entrega inmediata y oportuna de suministros médicos para hacer frente a la creciente crisis pandémica”, siempre que se cuente con “las garantías fiscales apropiadas”.

Pizarro sostiene que 1) el acuerdo firmado el primero de junio “es un acuerdo estrictamente técnico”; 2) que “tanto el documento firmado como la reunión llevada a cabo tienen como único propósito el aval que la OPS necesita para iniciar su operación”; y 3) que el acuerdo no es el comienzo de las negociaciones políticas, sino que se circunscribe al suministro de equipos de protección, de diagnóstico y tratamiento ante el COVID-19.

“Nada más, nada menos”, sentenció el parlamentario.

¿Cuáles son los antecedentes?

El 12 de marzo pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la república, Juan Guaidó, designó una Comisión Presidencial de Expertos de la Salud encabezada por el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Ese mismo día, Guaidó informó que había iniciado la gestión de donaciones a través de la Unicef y la OPS para que ayudaran a paliar los previsibles efectos del coronavirus en Venezuela.

Cuatro días más tarde, el 16 de marzo, Juan Guaidó instruyó a Pizarro y a la diputada Manuela Bolívar, como integrantes de la Comisión Presidencial para la Ayuda Humanitaria, a entrar en contacto con los organismos internacionales pertinentes, preparar escenarios y “para que realicen las gestiones nacionales e internacionales que sean necesarias“ de cara a la solicitud y canalización de ayudas y donaciones.

En paralelo, Guaidó creó el Fondo de Apoyo a Organizaciones Internacionales de Salud en Venezuela, cuya finalidad es la recepción de recursos del Estado, protegidos en el exterior, para ser entregados a esas organizaciones internacionales (Unicef, OPS, OMS, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.) y que sean ellas las que adquieran, administren y distribuyan los insumos médicos requeridos.

El presidente de la Asamblea Nacional enfatizó en esa oportunidad en la necesidad de poner a un lado las diferencias y su disposición a hacer lo necesario para lograr la entrada urgente de ayuda al país.

Guaidó también resaltó la voluntad del gobierno encargado para poner a disposición de los venezolanos su “capacidad de interacción con la comunidad internacional” a sabiendas de que la administración de Maduro carece de reconocimiento internacional y que las arcas del Estado están prácticamente vacías, sin capacidad de ingresos para atender la emergencia agravada por la pandemia, y sin acceso a financiamiento externo a menos que lo autorice la AN.

El 25 de marzo, Guaidó anunció la recuperación de 20 millones de dólares que puso a la orden para atender la emergencia por el COVID-19.

A comienzos de abril, Maduro comenzó a hablar de la necesidad de una tregua en la confrontación política y de un “cese al fuego” para atender la emergencia.

Por su parte, personalidades y representantes de la sociedad civil desde sus distintas áreas de influencia han venido haciendo presión ante la opinión pública para empujar a los dos sectores políticos hacia un acuerdo mínimo en favor de la gente.

¿Cómo se alcanzó el acuerdo?

Desde el exterior, el diputado Miguel Pizarro en su condición de comisionado presidencial para la Ayuda Humanitaria y representante del gobierno interino ante la ONU, reforzó sus gestiones y conversaciones con agencias humanitarias e internacionales.

En abril ingresó al país el primer cargamento de ayuda humanitaria internacional procedente de Estados Unidos y la Unión Europea, pero no a través de sus gobiernos sino de las referidas agencias humanitarias internacionales. Esto requirió la colaboración de agencias y autoridades controladas por Maduro como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Migración, Guardia Nacional Bolivariana, Cancillería, entre otros.

A lo interno, el doctor Julio Castro y la diputada Manuela Bolívar pusieron manos a la obra e iniciaron los contactos, no solo con los representantes de las agencias humanitarias apostadas en el país, sino con médicos venezolanos cercanos tanto a la comisión presidencial para la atención del COVID-19 nombrada por Maduro, como con representantes del Ministerio de Salud, encabezado por el médico Carlos Alvarado.

“Que se hayan (Nicolás Maduro y sus colaboradores) visto en la necesidad de reconocer a la Asamblea Nacional y firmar este convenio, materializa los esfuerzos realizados por la Asamblea Nacional y el Gobierno Encargado para hacer frente a la pandemia”, dijo Pizarro este miércoles en el comunicado.

¿Quiénes firman?

En el documento que Jorge Rodríguez mostró ayer durante su alocución en Venezolana de Televisión, aparecen tres firmas.

• Carlos Alvarado, ministro de Salud de Nicolás Maduro. Fue designado en el cargo en junio de 2018, en sustitución de Luis López. Es médico fisiatra y antes de ser nombrado ministro, se desempeño como viceministro de Salud Integral, secretario de Salud de la Gobernación de Aragua, rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud (de donde egresan los médicos comunitarios) y gerente administrativo de la Fundación Barrio Adentro. Es el octavo ministro de Salud nombrado por Maduro desde 2013.
• Julio Castro, médico infectólogo, integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología. Firma el documento en su calidad de Asesor de Salud de la Asamblea Nacional, pues desde 2016 ha participado en distintas mesas de trabajo y comisiones parlamentarias sobre este tema. Ha ejercido varios derechos de palabra en la plenaria para explicar la crisis del sistema de salud venezolano. Participó en la elaboración del acuerdo parlamentario que declaró la Emergencia Humanitaria en 2016. Y el pasado 12 de marzo fue nombrado como integrante de la Comisión Presidencial de Expertos de la Salud, nombrada por Guaidó y de la cual ha sido su vocero y coordinador.
• Gerardo de Cosío, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. De acuerdo con la web de la OPS-Chile, Cosío es médico cirujano de la Universidad Nacional de México, magíster en Salud Pública de la Universidad de Minnesota y tiene estudios de Diplomacia en el Instituto de graduados de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza. Su trabajo ha estado centrado en la planificación estratégica, en la investigación, análisis, monitoreo, evaluación de proyectos y asistencia técnica regional y mundial para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Antes de ser asignado a Venezuela, fue representante de la OPS en Chile.

¿Qué dice la ONU?
La Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Juan Guaidó. La organización espera que este pacto sirva para lograr otros consensos entre ambos actores políticos. Maduro y Guaidó acordaron que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione los fondos para atender la pandemia y la crisis del país.

Según el portavoz del secretario general de la organización, António Guterres, la ONU anima a las partes a “implementar este acuerdo en cumplimiento con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”