Explosiones de bombonas de gas doméstico, empleadas fundamentalmente en las cocinas de sectores pobres y rurales, dejaron 36 muertes y 136 heridos en Venezuela en los últimos tres años. Una investigación de Crónica.Uno demuestra que la proporción de víctimas de accidentes ocasionados por esos dispositivos dentro de viviendas dio un salto en la última década. Esto ha ocurrido en un contexto de fallas de mantenimiento y de sustitución de cilindros que cumplieron su vida útil y de crecientes temores de los miembros de las organizaciones comunitarias a los que se ha asignado la distribución del producto. Paradójicamente Venezuela, uno de los países del mundo con mayores reservas gasíferas, no logra garantizar el suministro oportuno y de calidad de este combustible
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Yaneth Marcano sintió una súbita sacudida que la tumbó al piso. No recuerda haber percibido la explosión que recién había ocurrido a unos metros de distancia, ni tampoco una sensación de ardor en el cuerpo. Por un segundo simplemente perdió la consciencia y cuando la recuperó se vio a sí misma en una situación que no podía entender: “Yo no sentí el calor, pero cuando reaccioné estaba prácticamente desnuda, con toda la ropa quemada”.
Corrió para alejarse del lugar por reflejo. Escapó con las demás personas que también sufrieron la sacudida de la detonación. Marcano, entre el tumulto, optó por refugiarse en el único sitio donde pensó que podía apagar el fuego que la envolvía: un tanque de agua. “No me quería ni ver, no aguantaba el ardor. Comencé a echarme y echarme agua”.
No lo podía calcular después de salir del tanque, pero más de la mitad de su cuerpo sufrió quemaduras de segundo grado, que están entre las más graves que se pueden experimentar. Su piel, en el presente, está tatuada con grandes cicatrices que parecen un mapa y son un recordatorio de cuerpo entero de las secuelas de la explosión.
“Yo no sentí el calor, pero cuando reaccioné estaba prácticamente desnuda, con toda la ropa quemada”.
Desde ese día le resulta imposible retomar su faena como agricultora. Sembraba naranjas, cambures y plátanos, pero aún no puede exponerse al sol. Tampoco puede cerrar las manos para trabajar. Las noches las pasa en vela por las altas temperaturas del caserío donde vive, que pueden superar los 30 grados. El pequeño ventilador que tiene en su habitación es insuficiente para refrescarla.
En tres semanas, el próximo 28 de diciembre de 2021, se cumplirá un año del accidente que le cambió la vida. Ocurrió en la localidad agrícola donde vive: Caño de los Becerros, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela. Nueve personas, incluidos tres niños, murieron. Otras 36 quedaron heridas, con quemaduras de distinta gravedad.
El suceso sacudió a la opinión pública por su dimensión y por involucrar cilindros de gas doméstico, los cuales son empleados en las comunidades pobres y rurales de Venezuela para cocinar. Ese día 161 bombonas –como se les conoce en el país– explotaron durante una jornada de distribución realizada en el patio de la casa de la jefa del consejo comunal de la localidad, integrado por militantes identificados con Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez.
El de Caño de los Becerros no fue un hecho excepcional: una base de datos, construida por Crónica.Uno para esta investigación, contabilizó un total de 172 víctimas de explosiones de cilindros con gas desde enero de 2019 hasta la fecha. En ese período 136 personas resultaron heridas y 36 más fallecieron como consecuencia de las detonaciones. La herramienta evidenció que la mayoría de los accidentes ocurrieron con bombonas a las que los ciudadanos querían darles uso doméstico, especialmente dentro de sus casas.
La base de datos corroboró un salto que ha ocurrido en Venezuela de modo particular en la última década. Hace 25 años eran mayoritarios los sucesos ocurridos en espacios industriales, comerciales, de servicios o de otra naturaleza. En los últimos 11 años, sin embargo, se ha registrado un incremento sostenido de la proporción de sucesos fatales ocurridos dentro de viviendas.
Así se desprendió de un análisis de la información sobre “accidentes y explosiones por cilindros de gas” contenida en los Anuarios de Mortalidad del Ministerio de Salud del período 1996 a 2016, cuando se publicó el último de estos documentos oficiales. En los primeros siete años de la serie, las muertes por esa causa representaron 45,9 % del total, pero el porcentaje saltó a 76,7 % en la etapa comprendida entre 2010 y 2016.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que medidas de seguridad inadecuadas para el gas licuado de petróleo (GLP) son un factor de riesgo para las quemaduras, que representan un problema de salud pública a escala mundial. El organismo también reporta que estas lesiones se producen en su mayoría en el ámbito doméstico, lo que hace un cuarto de siglo no era tan marcado en territorio venezolano.
A las objeciones sobre la política de reemplazos se han sumado inquietudes sobre la participación en los procesos de distribución de los consejos comunales y otras estructuras de matriz partidista como los Comités Locales Abastecimiento y Producción (CLAP) y Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH). Cinco integrantes de ese tipo de comités populares fueron entrevistados por Crónica.Uno y admitieron temores por su involucramiento en la manipulación de cilindros y falta de capacitación para llevar a cabo esas funciones.
Las regulaciones vigentes, entre otros puntos, establecen que el transporte debe ser realizado por personal certificado y que por seguridad no pueden ser distribuidos en lugares con aglomeraciones de personas, como en la que participaba Marcano al momento de la explosión. Luego del accidente de Caño de los Becerros, la gobernación de Monagas implementó cambios temporales en las modalidades de reparto de bombonas. El precedente de diciembre de 2020 no condujo a reformas permanentes, ni allí ni en otros estados, como constataron corresponsales de este equipo.
Las responsabilidades por las condiciones del servicio apuntan principalmente a empresas dependientes de las gobernaciones que distribuyen cilindros a los dirigentes comunitarios y a Pdvsa Gas Comunal, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) creada en 2007, que lidera el sistema de suministro. Ninguna de sus representantes contestó 13 solicitudes de información de Crónica.Uno en las que se cuestionaba por los progresos y desafíos presentes en la aplicación de protocolos de seguridad.
La participación de Pdvsa, la gran corporación estatal venezolana, no ha sido garantía de mejoras para la ciudadanía. La compañía figuró hasta 2015 entre las 50 mayores empresas del planeta según la revista Fortune, pero en la actualidad es acosada por los casos de corrupción ventilados dentro y fuera de Venezuela, que han afectado incluso al área del gas doméstico.
En febrero pasado, el presidente de Pdvsa Gas Comunal, Jacob Grey, y tres funcionarios de la empresa fueron encarcelados por orden del Ministerio Público tras ser acusados por Maduro de encabezar una trama de cobros ilegales en dólares por bombonas, cuya escasez se ha convertido en combustible de un mercado negro tasado en divisas que también es alimentado por cilindros que no cumplen requisitos de seguridad, según denuncias de extrabajadores y sindicalistas de estados como Sucre y Carabobo.
El retroceso en el servicio de gas doméstico –técnicamente denominado Gas Licuado del Petróleo (GLP)– ocurre en un país que dispone de la primera reserva petrolera y la octava reserva gasífera del mundo, según datos de la Agencia Internacional de Energía, pero donde, paradójicamente, aumenta el número de personas que cocinan a leña como en siglos pasados y proliferan las protestas por falta de acceso a recursos que reposan de manera abundante en el subsuelo.
Marcano está sentada en la sala de su casa en Caño de los Becerros. Desde allí repasa los días que antecedieron el suceso. Durante nueve meses había preparado sus alimentos con leña, mientras esperaba la convocatoria para recibir su bombona de 18 kilogramos recargada en la casa de la jefa del consejo comunal. Lo que aparentaba ser un alivio, trajo una pesadilla. En el presente ni siquiera puede cocinar por sí misma. “Uno no queda igual. Mi vida cambió totalmente”.
Accidentes semejantes al que ella sufrió han sucedido en 49 ocasiones en los últimos 3 años, de acuerdo con la base de datos construida para este reportaje. El alcance del fenómeno es nacional: ha abarcado no menos de 17 de los 23 estados de Venezuela. Los casos de Junior en Caracas y de Pedro en Aragua constituyen dos ejemplos. El primero falleció luego de sufrir politraumatismos debido a la explosión que provocó una bombona de gas en su edificio; el segundo murió tras presentar quemaduras de tercer grado en 92 % de su cuerpo.
Cuando ocurrieron esos accidentes, las víctimas y sus familiares conocían poco sobre las denuncias sindicales acerca del deterioro de las bombonas. “Solo la quinta parte de los 15 millones de cilindros que hay en el país están en buen estado”, precisó a Crónica.Uno Iván Freites, dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), que agrupa a todos los sindicatos del sector. El sindicalista huyó del país en diciembre de 2020 luego de organizar numerosas huelgas por reivindicaciones laborales y recibir la alerta de que sería encarcelado por Maduro —como su compañero Eudis Girot—, por cargos de supuesto terrorismo y divulgación de información clasificada.
Expertos consultados para este trabajo no se atrevieron a proyectar cifras con la misma seguridad. Rubén Pérez, consultor en gas natural y petroquímica, opina que la falta de personal y el incumplimiento de los protocolos dentro de la industria dificulta la posibilidad de determinar cantidades aproximadas. “Es incalculable la cifra de cilindros en mal estado que deben ser sustituidos”.
Las regulaciones vigentes obligan a las plantas de llenado de gas a contar con un inventario de bombonas para reemplazar las que se encuentran en mal estado. Así lo establece la Resolución 290 del Ministerio para el Petróleo dictada hace más de 40 años. “Ese protocolo de manejo de bombonas de retorno no se está cumpliendo”, afirmó un trabajador de una empresa distribuidora, quien agregó que esta omisión crea nuevos riesgos para la ocurrencia de accidentes domésticos.
Siete víctimas de Caño de Los Becerros, entrevistadas para este reportaje, atribuyeron precisamente a una fuga de gas de un cilindro en mal estado el accidente ocurrido hace casi un año. “Ese día había cilindros de 18 kilos y una de las más grandes estaba botando gas”, contó uno de ellos. Esas afirmaciones fueron rechazadas en su momento por voceros de Gases Maturín C.A (Gasmaca), la empresa estatal encargada de la distribución en Monagas. Los portavoces de la compañía alegaron que la explosión ocurrió por una colilla de cigarrillo que alguien arrojó, por imprudencia, en el momento de la entrega.
El problema de las bombonas deterioradas, sin embargo, fue admitido en las redes sociales de la empresa días después del accidente. El 9 de enero de 2021, se publicó en la cuenta de Twitter de la compañía un mensaje según el cual en los cuatro meses previos al suceso se habían reemplazado 4.000 cilindros en mal estado. Seis días después se difundió un segundo trino que rectificó la cifra inicial: se admitió que, en realidad, habían sido sustituidas 6.000 bombonas.
Crónica.Uno puso foco en ese anuncio y revisó las publicaciones en redes sociales de Gasmaca desde mayo de 2020 hasta el 28 de diciembre de ese año, cuando sucedió el accidente. En ese período, la empresa publicó 178 mensajes en Twitter y 70 en Instagram sin mencionar algún plan de sustitución o mantenimiento de cilindros. No hubo pista alguna en sus redes sociales sobre una estrategia de comunicación orientada a promover el cambio de las bombonas.
En los meses previos a la explosión de diciembre, la empresa publicó con preferencia información sobre jornadas de desmalezamiento, dotaciones de guantes a empleados y acerca de los resultados de las ventas de cilindros. También redifundieron contenidos partidistas afines al gobierno de Maduro.
Dos meses después del accidente, vecinos que leyeron los mensajes de Gasmaca se acercaron a las oficinas de la empresa para cambiar algunos cilindros deteriorados, pero ahí se negaron a recibirlos, como consta en señalamientos divulgados en redes sociales.
Soraya Hernández, apoderada legal de las víctimas de Caño de los Becerros, respaldó en ese momento las denuncias y aseveró que no había un lugar donde acudir, tampoco una línea telefónica operativa para solicitar la revisión y sustitución. Crónica.Uno llamó a los números de Gasmaca 14 veces sin recibir respuesta entre el 14 de junio y 13 de julio de este año.
Marcel Salazar, presidente de Gasmaca desde septiembre pasado, ha insistido en que la compañía adelanta un plan conjunto con Pdvsa Gas Comunal para sustituir 10.000 bombonas en Monagas antes de que termine 2021.
Cuando se le consultó el 22 de octubre si ejecutarían un plan para recuperar los cilindros deteriorados, reiteró que ya habían iniciado esa tarea y que “en poco tiempo” habían recuperado 300 bombonas, sin ofrecer más detalles. “Se han ido desincorporando aquellas dañadas por accidentes o deterioro y que podrían desencadenar un hecho lamentable debido al manejo inadecuado”.
Durante los gobiernos de Chávez y Maduro se han realizado diferentes anuncios sobre planes de compra, fabricación y mantenimiento orientados a actualizar el inventario nacional de bombonas de gas doméstico. Entre 2007 y 2017 se importaron no menos de 3,2 millones de cilindros desde China y Noruega. Otras adquisiciones se hicieron a proveedores de Portugal, Turquía y Ucrania, aunque no se pudo precisar las cantidades en este trabajo.
Maduro también formuló otro plan para la producción local de bombonas en enero de 2017. Entonces prometió que se destinarían 2.400 toneladas de acero de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) para fabricar los cilindros. Un mes después, la empresa indicó en una nota de prensa, publicada en su sitio web, que para cumplir con la instrucción del mandatario, habían empezado a producir el acero para los cilindros. Sin embargo, no hay más reseñas sobre el proyecto.
Otra iniciativa se promocionó en febrero 2020 desde Carabobo, fue la suscripción de una alianza entre Pdvsa Industrial y Gas Drácula, empresa de la gobernación del estado, para crear un “centro de operaciones para la fabricación y mantenimiento de cilindros de gas en el país”. El convenio establecía que se repotenciarían 100.000 bombonas de 10 kilogramos al mes, según reseñó el canal del Estado Venezolana de Televisión. Tras el anuncio inicial, sin embargo, no hubo mayores noticias sobre los progresos del proyecto.
La propuesta, impulsada por el gobernador carabobeño Rafael Lacava, refleja las inquietudes de los mandatarios regionales para recomponer el inventario de cilindros deteriorados, luego de que Maduro les cedió la distribución de GLP en 2019. El exgobernador zuliano Omar Prieto anunció ese año y en 2020 la compra de 60.000 unidades a Gavenplast, que poco aliviaron las urgencias de los zulianos dadas sus quejas por el servicio. Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, informó en septiembre pasado que su equipo trabajaba para “sustituir los cilindros viejos por nuevos”, aunque no dio cifras exactas.
Las rendiciones de cuentas publicadas por Pdvsa Gas Comunal han ofrecido pistas sobre las limitaciones que tenía la empresa para fabricar nuevas bombonas de gas y darle mantenimiento a las existentes. Entre 2012 y 2016 el ente reportó que habían fabricado y reparado 1,3 millones de bombonas, que representaría apenas 0,86 % del universo de bombonas que circularían en el país según cálculos de los sindicalistas.
En el último reporte publicado, en 2016, mencionó que la compañía distribuyó un total de 64,1 millones de cilindros en todo el territorio, pero no detallan si la cifra refleja la cantidad de dispositivos que circulan en el país o si se trató del número de recargas.
Los problemas más comunes de los cilindros que acumulan tiempo de servicio están relacionados con desperfectos en las válvulas de seguridad que se acoplan en las tuberías de las cocinas. También son frecuentes los casos de corrosión generalizada, picaduras, grietas, cortes, estrías y hendiduras en las estructuras de los cilindros, así como los daños en la base que les proporcionan estabilidad.
La norma Número 3454 de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) dictada en 1999 y la resolución N° 290 del Ministerio del Petróleo —emitida por primera vez en 1977 y actualizada en 1997— establece cómo y cuándo debe hacerse el mantenimiento a los dispositivos de gas. Las regulaciones ordenan, por ejemplo, que deben ser inutilizados y sustituidos si presentan problemas irreparables con las válvulas de seguridad, abolladuras u oxidación evidente, esto último es un rasgo que se detecta a simple vista.
Cada siete años las bombonas, además, deben ser sometidas a una prueba de hermeticidad para establecer si sufren pérdidas de contenido. La fecha de cada revisión debe quedar reflejada en la chapa exterior del cilindro. Entre los expertos y trabajadores consultados hay temor por la relajación en la aplicación de los protocolos de seguridad.
Las pocas empresas privadas que aún distribuyen GLP en el país se las ingenian para ofrecer mantenimiento a los cilindros de sus usuarios. En Puerto Gas —en el estado Anzoátegui—, Yamileth Guaramata, administradora de la planta, explicó que optaron por contratar a exempleados de la antigua Pdvsa Gas que se encargan de las reparaciones y ahora recurren a una empresa privada de Carabobo.
El servicio del gas fue estatizado en 2009. Hasta entonces, dos empresas concentraban el mercado de la distribución, que fue asumido en su totalidad por Pdvsa Gas Comunal y una década más tarde por las gobernaciones. El Estado se reservó no solo esa competencia, sino también la facultad del mantenimiento de los cilindros, lo que ejecutaba con recursos propios, ahora menguados, y con el apoyo de una red de empresas privadas certificadas que entró en crisis o cerró las puertas, según la información recopilada para este trabajo.
La jornada que terminó con el accidente de Caño de los Becerros comenzó cuando llegó un camión repleto de bombonas de gas que fue descargado por miembros del consejo comunal y personal de Gasmaca, indicaron testigos. “Hicieron como siempre. Bajaron todas las bombonas y se fueron”, contó a Crónica.Uno Leibys Hernández, de 22 años de edad, quien acompañó a su papá a retirar el gas ese día, y sufrió quemaduras de segundo grado de los pies hasta el abdomen y una pulmonía por inhalar humo.
Los moradores del caserío se habían movilizado a retirar los cilindros que habían esperado por meses. De la ansiedad por recibirlos pasaron a la angustia por la inacción ante lo que les parecía una fuga de gas en progreso, que ocurría en el momento mismo cuando descargaban.
La explosión no tardó en ocurrir. Once días después la gobernadora Yelitze Santaella —quien renunció a su cargo en agosto pasado luego de ser designada ministra de Educación—, suspendió el acopio de cilindros en residencias personales y ordenó que se entregaran en operativos “casa por casa”. Testimonios de ciudadanos recopilados por Crónica.Uno dan cuenta de que la medida preventiva nunca se cumplió tal como la ordenó la ex jefa de gobierno.
“No las llevan a las casas”, detalló Ninoska Vallecilla, habitante del sector Valenzuela en el municipio Maturín. “Nosotros llevamos las bombonas a la calle donde vive la jefa del CLAP. Ahí esperamos que llegue el camión. Se las llevan y luego las traen al mismo lugar y nosotros la buscamos. Siempre es un desastre”, añadió.
Las entregas directas de gas doméstico en jornadas especiales se convirtieron, hace 12 años y con impulso del gobierno, en una modalidad de alcance nacional correspondiente con la estrategia de fortalecimiento del denominado poder comunal. El aumento de los accidentes con cilindros, incluido el de Caño de los Becerros, no ha empujado una revisión del mecanismo de distribución a través de estructuras políticas comunitarias, que en algunos casos se complementan con apoyo de la Milicia y de la Guardia Nacional.
Crónica.Uno entrevistó a seis militantes involucrados en la distribución de gas. Cinco de ellos expresaron sus temores con la condición de que no se revelaran sus nombres. Un miembro de un CLAP de Los Teques, capital del estado Miranda, contó que desde hace ocho meses trabaja en la distribución de bombonas de gas y que en ese tiempo no ha recibido entrenamiento alguno de Pdvsa Gas Comunal o del Ministerio para el Petróleo. “Los manejamos con cuidado y temor. Sí nos ha pasado que en la empresa distribuidora los llenan demás y con el calor del sol ellos empiezan a botar y tienen fugas”, relató.
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En el municipio Vargas, en Plan de Manzano, un jefe de calle de los CLAP acumula cuatro años con la responsabilidad de la entrega de los cilindros: manipulan hasta 600 cilindros por jornada. “Uno mismo se cuida, sobre todo en el momento de traslado. A veces las bombonas vienen demasiado llenas botando gas. Se sabe que la cuestión con los cilindros puede ser peligrosa”, reconoció.
En el barrio José Félix Ribas de Petare ocurre lo mismo. Los miembros de los CLAP no han recibido entrenamiento en un plazo de dos años. “La verdad es que no, nunca me han hablado de eso. Siempre nos ayudan entre 6 y 10 personas de la comunidad”, explicó.
Después del accidente de Caño de los Becerros, en las redes sociales de Gasmaca fueron publicadas fotografías de personas que, según la compañía, recibían capacitaciones en seguridad. La citada resolución N° 290 expresa en su artículo 78 una condición que sigue vigente: “Las personas encargadas de dirigir, instalar, transportar y manipular el gas deberán ser calificados para realizar tales actividades y deberán poseer la licencia, previo examen”.
Uno de los temas centrales de las capacitaciones es el manejo de los espacios donde se realizará la distribución. La Resolución N° 125 del extinto Ministerio de Energía y Minas sobre comercialización de GLP prohíbe el almacenamiento de bombonas en lugares cerrados, sobre techos, también en sitios fuera del alcance de la vista en sótanos o depósitos. Un punto central se añade: el piso donde se descarguen los cilindros debe estar protegido por un material sintético que evite la generación de chispas.
El consultor Rubén Pérez propone una hoja de ruta para abordar el problema sobre la base de un programa masivo de desincorporación de cilindros en mal estado de alcance nacional y de certificación en el manejo del gas. “Lo debe impulsar el Ministerio de Petróleo y debe incluir a todos los actores: Pdvsa Gas Comunal, las distribuidoras regionales, las privadas y desde luego a todos los ciudadanos”. La determinación del número de bombonas que debería salir de circulación debe basarse en métodos estadísticos de muestreo, recomendó el experto.
Pérez no obvia las barreras políticas y económicas para la implementación de un plan como el propuesto en un país que vive una emergencia humanitaria compleja reconocida por organismos multilaterales, pero negada por el gobierno de Maduro. “Estamos hablando de salvaguardar la vida de las personas ante el manejo y uso de una sustancia peligrosa como es el GLP”. Según cree, bajo esa premisa debe articularse la agenda política para solicitar financiamiento en instituciones multilaterales para el plan.
Un plan de esta envergadura duraría unos dos años para su implementación y debe incluir también una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre el buen uso de las bombonas. “Muchas veces los usuarios dejan los cilindros en lugares que no son adecuados, a la intemperie recibiendo sol y agua, en posiciones inadecuadas”, alertó.
Dayana Gil, una de las lesionadas en Caño de los Becerros tiene apenas 31 años, era manicurista y tras el accidente está perdiendo el sentido de la vista y no puede trabajar por las heridas en sus manos. Tiene más de cuatro meses sin atención médica ni ayuda del Estado.
Su memoria bloqueó los recuerdos sobre el día del accidente. Pero apenas siente vapor, calor o ve una bombona, su cabeza la devuelve al estado de angustia y zozobra de aquel 28 de diciembre. “Me vuelvo loca. Me produce una inquietud en la mente, en mi cerebro y pienso que va a haber un estallido, una catástrofe”, relató con amargura.
Textos: Celina Carquez, María Victoria Fermín, Betania Franquis, Omarela Depablos, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Yelitza Figueroa y Natacha Sánchez.
Investigación: Shaylim Valderrama, Betania Franquis, Omarela Depablos y María Victoria Fermín (Caracas), Gregoria Díaz (Aragua), Natacha Sánchez (Monagas), Yelitza Figueroa (Lara), Leomara Cárdenas (Carabobo), José Camacho (Anzoátegui), Sulay García (Apure), Jhoalys Siverio (Bolívar), Mónica Salazar (Sucre), Ana Fabiola Barrera (Táchira), Rafael Lastra (Vargas) y Mariela Nava (Zulia).
Edición de textos: Jesús Barreto.
Diseño e infografías: Juan Carlos Hernández.
Fotos y videos: Gleybert Asensio, Leomara Cárdenas, Gregoria Díaz, Yelitza Figueroa, Enzo Manzanares y Natacha Sánchez.
Coordinación editorial: María Victoria Fermín.
Dirección general: Celina Carquez.
Consultor editorial: David González.
Publicado el 16 de diciembre de 2021
