Comisión parlamentaria para la ruta electoral presentó cronograma tentativo. Para el 7 de mayo prevén entregar hoja de ruta en la plenaria. Debaten si reformar las leyes vigentes o redactar una ley especial para ese proceso. La depuración del RE y el registro de los venezolanos en el exterior son puntos álgidos. Sociedad civil pide hacer esfuerzos para lograr retorno del PSUV al hemiciclo.
Caracas. De 7 a 9 meses podría tomar la organización, convocatoria y realización de unas elecciones presidenciales libres y transparentes, de acuerdo con el cronograma preliminar presentado este miércoles por la comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales, presidida por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González (UNT-Caracas).
La propuesta fue sometida a consideración de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en materia electoral, abogados, dirigentes juveniles y extrabajadores del extinto Consejo Supremo Electoral y Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de recibir sus opiniones y sugerencias. En la reunión también estaban presentes representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.
En la introducción del debate, González explicó que la diferencia entre lograr la elección en 7 meses o en 9 radica en el tipo de depuración y actualización del Registro Electoral (RE) que se aplique. En la primera opción, la limpieza del RE se calculó en 60 días, y en la segunda opción se realizaría en 90 días.
Acotó que la renovación de los 5 rectores del ente comicial, cuyos cargos están vencidos o fueron designados temporalmente, tomaría 57 días, pero destacó que no bastaría únicamente con cambiar este poder sino que haría falta designar al Poder Ciudadano (Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo).
El otro punto estipulado en la propuesta tiene que ver con el Registro Electoral, tanto de venezolanos en el país como de venezolanos en el exterior. “Hoy, oficialmente, hay 142.000 venezolanos registrados para votar en el exterior. Pero sabemos que esa cifra, con un acceso abierto y sin restricciones al Registro Electoral en el exterior podría multiplicarse por 10 o por 20. Ese proceso lo haría el nuevo CNE”.
Un tercer punto de la hoja de ruta es el que tiene que ver con la reforma legislativa necesaria para encarar el proceso. En el seno de la comisión, dijo González, existen dos propuestas, la primera consiste en realizar reformas puntuales de algunos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales relativas a la observación internacional y a la documentación exigida para poder inscribirse en el RE. En la ley actual, se les exige a los venezolanos en el exterior presentar una constancia de residencia legal, mientras que a los venezolanos en Venezuela solo se les pide la cédula de identidad. Lo que se buscaría es que la diáspora pudiera inscribirse con su cédula o pasaporte, sin más recaudos.
La otra propuesta en materia legal es elaborar una ley electoral especial que rija únicamente para esa elección presidencial y que cese su vigencia con la juramentación del nuevo presidente.
Antes de dar el derecho de palabra a los representantes de la sociedad civil y ONG invitadas a la consulta, el diputado adelantó que la comisión trabajará en las propuestas y en la sesión de 7 de mayo presentarían al pleno una hoja de ruta concreta. González hizo énfasis en que el propósito de la Asamblea Nacional no es abrogarse competencias del CNE, pero sí dejar el camino lo más allanado posible para lograr esa elección presidencial.
Que vuelva el PSUV
14 representantes de la sociedad civil, ONG, especialistas, abogados y exfuncionarios del Poder Electoral ofrecieron a la comisión sus observaciones. Si bien fueron comunes las propuestas en materia legal, procedimental, tecnológica y logística, destacó el planteamiento netamente político elevado por la ONG Dale Letra y la Red Electoral Ciudadana: la garantía de participación en el proceso de todos los factores políticos, incluyendo al PSUV y sus aliados.
“Nuestra perspectiva es que todas estas propuestas sobre reforma de leyes, nombramiento de un nuevo CNE, etcétera, pasan primero por un gran acuerdo nacional que devuelva a este Hemiciclo a las fuerzas que representan al oficialismo. Sin que eso ocurra, todas las iniciativas que llevemos adelante tendrán poca efectividad. Nombrar autoridades o leyes para un proceso electoral en el que las fuerzas del oficialismo no participen sería repetir la experiencia de la Constituyente. Nuestra recomendación es hacer todos los esfuerzos para tender puentes y lograr vínculos que permitan devolver a este Hemiciclo al oficialismo”, dijo Mariela Ramírez de Dale Letra y Diálogo Social.
En la misma dirección se expresó Griselda Colina, de la Red Electoral Ciudadana: “La gente tiene que confiar en que se tratará de un proceso organizado por una Asamblea Nacional de todos y para todos, no que va a ser un proceso de un sector”.
El profesor José Mujica, de la Asamblea de Educación, también apoyó este planteamiento.
Consultado al respecto, Stalin González destacó que en la comisión especial están no solo representados los diputados de la alternativa democrática sino también del Bloque 16-J y del Polo Patriótico, a través del diputado disidente Eustoquio Contreras, mientras que ya se han reincorporado a la AN al menos 5 diputados electos por el PSUV.
“Poco a poco hemos avanzado, no al ritmo que quisiéramos pero creo que vamos a lograr que Venezuela tenga una elección libre. Hemos llevado esto con seriedad, hemos hecho lo posible por incorporar a todos los actores en esta ruta. Venezuela necesita una elección libre donde todos tengamos garantía. No una elección de la oposición y para eso estamos trabajando”, dijo.
Ciudadanos proponen
En representación de los extrabajadores del extinto Consejo Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral, Nancy Hernández dijo que un proceso electoral con todas las garantías y la total depuración del RE tomaría 18 meses después de la instalación del gobierno de transición. Hizo énfasis en la necesidad de auditar el sistema de identificación de los electores y que el Plan República se circunscriba al resguardo de los centros, entre otros puntos.
Elí Mendoza, ex consultor jurídico del CNE, se refirió a las modificaciones legales puntuales que deberían hacerse de cara a una elección transparente. Se refirió a la necesidad de eliminar las normativas creadas por el árbitro electoral según las cuales los partidos que no participan en dos elecciones seguidas deben validarse so pena de ser ilegalizados. También destacó la alta injerencia practicada por el directorio del ente comicial sobre los organismos subalternos, restándoles independencia y autonomía.
Luisana Subero, de Voto Joven, expresó la preocupación de ese movimiento respecto al derecho a la identidad, del cual se desprende la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Destacó que desde hace por lo menos dos años, ni en Venezuela ni en el exterior se garantiza el derecho a una cédula de identidad o pasaporte, documentos indispensables para votar. Propuso que en los países donde se han designado representantes diplomáticos del gobierno de Juan Guaidó, se inicie lo antes posible el registro electoral.
El profesor universitario y periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, se mostró favorable a analizar la posibilidad de que el marco legal pudiera ser cambiado por la vía de actos normativos del directorio del nuevo CNE sin tener que redactar una nueva ley o modificar la ley vigente.
“La AN debe enfocarse en garantizar que el derecho a votar se garantice a todo el que esté habilitado para hacerlo y no meterse en el levantamiento del registro electoral en el exterior. Dejar al CNE y a los propios electores la tarea de instrumentar la logística o mecanismos para ejercer el derecho”, dijo Vicente Bello, técnico electoral de la Unidad.
Video: Maru Morales P.
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