Reforma de la Ley de Registros y Notarías podría generar una “informalización del Derecho”

nuevas tasas del Saren

Distintos colegios de abogados, profesores universitarios y ciudadanos manifestaron su desacuerdo con la reforma de la Ley de Registros y Notarías y cómo esto podría generar una informalización del Derecho.

Caracas. En noviembre de 2021 un poder general de administración y disposición de bienes que solicitó Aura García costó menos de 30 bolívares, entre aranceles y copias. Lo más caro fue la redacción del documento por parte de un abogado. En enero de 2022, no ha hecho ningún trámite ante las nuevas disposiciones del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), que cambia la base de cálculo de tarifas al valor del petro.

En la notaría de Terrazas del Ávila, que siempre trabaja con la puerta cerrada, estaba con la puerta abierta pero no había nadie. Los funcionarios estaban paseando por el centro comercial. Mucha gente no está haciendo los trámites esperando si se deroga o no la ley, opinó Aura.

La Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.668, con fecha del 16 de diciembre de 2021, muestra la reforma de la Ley de Registros y Notarías y establece que los trámites ya no serán calculados con base en la unidad tributaria, sino con el valor del petro al cambio en bolívares. Esta información fue calificada por expertos como “un golpe para el bolsillo” debido a que un petro equivale —para este 21 de enero— a 261,25 bolívares o 56,58 dólares.

A raíz de esto, distintos colegios de abogados, profesores universitarios y ciudadanos manifestaron su desacuerdo con la reforma y cómo esto podría generar una informalización del Derecho.

Decidimos no otorgar contratos de opción de compra por notaría, sino privado, y lo mismo con los contratos de arrendamiento, ofrecen algunos.

Emilio Bolívar, miembro del cuerpo docente del Colegio de Abogados de Caracas y director del Instituto Venezolano de Derecho Registral, explicó a Crónica.Uno que, si bien en el país hay validez jurídica para los contratos por privados, el problema es la inseguridad jurídica que esto puede generar.

Porque, al hacer la compra, no tiene protección contra terceros y la persona que vende puede decir que nunca firmó. Habría que empezar una experticia grafotécnica y un proceso judicial, agregó.

Un documento privado es aquel que firman dos personas sin participación de un funcionario público del Estado que dé certeza jurídica a esa operación. Eso lo podemos firmar en una cafetería o en cualquier lugar, señaló Bolívar y sostuvo que solo tiene fortaleza entre las partes que firman.

Este es solo un ejemplo que para Bolívar se pueden calificar como “informalización del Derecho”. Igualmente, destacó que el Colegio de Abogados rechaza la reforma de ley por diferentes vicios de inconstitucionalidad, como la falta de consultas a los colegios, gremios y universidades a pesar de que “afecta aspectos económicos importantes para la Nación”.

Foto: Gleybert Asencio
Aún no cobran las tarifas

Los registros y notarías no han comenzado a cobrar los montos anclados al petro. Un trabajador del Registro Principal de Caracas, ubicado en la avenida Urdaneta, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró a Crónica.Uno que para este viernes 21 de enero no se había actualizado el sistema con los nuevos precios.

Puedo decir que el registro de un título universitario se mantiene en 0,14 bolívares. Pero no tengo información sobre cuándo entrarán los nuevos montos, comentó el trabajador. A propósito de la tarifa actual, resaltó que son más costosas las tres copias que piden —cada una en 1 bolívar— que el propio trámite.

Aunque Bolívar reconoce que las tasas actuales son muy bajas, considera que las nuevas no van de la mano con un servicio eficaz para los ciudadanos que, además, perciben un salario mínimo de 7 bolívares o 1,5 dólares, sino que cada día los procedimientos registrales son más “insoportables”.

Te devuelven los documentos verbalmente sin justificación, ponen trabas permanentes, entre otras fallas que no se tocaron en la ley, enfatizó.

Además, precisó que los abogados fijan los honorarios profesionales con base en las tasas del Saren. Si van a cobrar 56 dólares por una legalización, el abogado cobrará entre 50 y 100 dólaresy consideró que este hecho se traducirá en menos trabajos para el gremio ante la imposibilidad de las personas de cubrir estos montos.

Una asociación civil —derecho ciudadano de reunirse y constituir una asociación sin fines de lucro para luchar por alguna acción común— de seis páginas saldrá en aproximadamente 1000 dólares ¿Cuánto va a cobrar el abogado por redactar eso?, ejemplificó.

La abogada Ophir Susana Vadell cuestionó cuántas personas tendrán la capacidad económica para cubrir los costos de documentos de compraventa de un vehículo automotor (50 y 600 dólares según la modalidad de fabricación) o para el registro de títulos universitarios. “Sin contar los honorarios del abogado, el traslado en el transporte público y las copias”, resaltó.

Sobre los documentos privados, la abogada comentó que solo surten efecto entre las partes, pero al momento de un reconocimiento ante terceros o una oficina pública, no tendrían validez, por lo que no los recomendaría ante el riesgo y las consecuencias que podrían tener. 

Lo grave es la intervención en la vida privada y sustitución de la voluntad de los otorgantes. Es un servicio público cuya única finalidad es dejar constancia auténtica de lo que las partes han dicho y efectuados en su presencia a los fines de que surtan efectos probatorios frente a terceros. Solo podrían rechazar aquellos actos que sean evidentemente contrarios o estén prohibido por la disposición legal expresa. No tienen otra facultad, explicó. 

Christina Vázquez está en un grupo de Telegram donde dan información sobre cuándo activan las citas online del Saren. Para ella, el hecho de que aumenten los aranceles en estos organismos “no es garantía de que el documento vaya a salir en el tiempo estipulado por ley” y citó las múltiples denuncias que hay para tramitar un pasaporte a pesar de que también está anclado al petro.

Los miembros del Colegio de Abogados de Caracas piden la derogación de la ley y que se convoque a los gremios y universidades a una discusión sobre el tema. Sin embargo, en la Gaceta señalan que próximamente se publicará una providencia administrativa donde se incorporarán los montos al sistema de cálculo.

La directora o director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso, dentro de los límites previstos en este artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor de un centímetro y el valor del petro en bolívares para el día. Se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro, en los portales digitales y redes”, escribieron en Gaceta.

derecho a la identidad
Foto: Gleybert Asencio

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