Rubén González detenido desde hace un año presenta malas condiciones de salud

Rubén González

Familiares del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González denunciaron que el agua que llega por tubería a la cárcel La Pica está contaminada. Desde el lunes pidieron atención médica, pero el tribunal no hizo caso a la solicitud.

Bolívar. Este 29 de noviembre se cumplió un año del encarcelamiento del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González.

Su hija Yarudid González y la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) reiteraron desde el portón de la empresa su exigencia de inmediata liberación, como sugirieron la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Ahí se colocó la defensa patrimonial de la empresa para amedrentala.

Este jueves, González tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro de salud cercano a la cárcel La Pica, donde permanece preso.

“Ayer trasladaron a mi papá a un centro de salud cercano, por un crisis hipertensiva. Lo regresaron a la cárcel La Pica, pero no le pudieron controlar la tensión”, dijo Yarudid González, hija del dirigente sindical.

El lunes hicieron una solicitud formal ante el tribunal para que recibiera la debida atención médica, pero después de tomarse 24 horas para pronunciarse no hubo respuesta, sino que hizo caso omiso.

La hija del dirigente sindical denunció también que el agua que llega al centro penitenciario está contaminada, lo que complica la condición de salud del dirigente. Señaló que Rubén González padece desde hace 10 años de una enfermedad renal.

“Semanalmente tenemos que llevarle el agua potable, y cuando se le acaba tiene que hacer un proceso con el agua que llega por tubería porque está totalmente contaminada. Es un agua llena de barro”, denunció.

Familiares se trasladaron este viernes a Maturín para presionar y exigir que González sea evaluado por un médico especialista.

Hay que recordar que esta detención se ejecutó luego de que en agosto del año pasado el sindicalista huyera de un intento de detención por parte de la Guardia Nacional, cuando celebraba una asamblea de trabajadores en el portón de la empresa, en Ciudad Piar.

Mientras, en Carcas el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, informó que los sindicalistas remitirán un documento al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para exigir la liberación inmediata de Rubén González.

También solicitan que el dirigente de Ferrominera sea trasladado a un centro de salud para que reciba la atención médica que requiere, vista la crisis hipertensiva que presenta.

Zambrano dejó claro que los civiles no deben ser juzgados por tribunales militares, por  eso exigen que tanto Saab como Ruiz fijen posición al respecto.

La lucha de Rubén 

Rubén González es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) desde 2008. Fue reelegido en 2016.

En agosto de 2009 lideró una protesta sindical con más de 2000 trabajadores por incumplimiento de la contratación colectiva firmada en 2008. En septiembre fue detenido e imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo y violación de zona de seguridad.

En noviembre de 2010, la Organización Internacional del Trabajo manifestó: “Los hechos imputados contra este dirigente no justifican su detención provisional o arresto domiciliario”, y exigió su liberación. Sin embargo, el Gobierno lo mantuvo preso.

En febrero de 2011 lo condenaron a siete años y seis meses de prisión. Dos días después, ante la presión por el rechazo que generó la sentencia, la medida fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, no hubo sobreseimiento de la causa.

González mantuvo la lucha sindical. En septiembre de 2018, trabajadores y dirigentes de las diferentes empresas básicas se volcaron a las calles a reclamar la violación de sus contratos colectivos y la imposición de la tabla salarial de la administración pública, a raíz de la reconversión monetaria de Nicolás Maduro, en agosto de 2018.

El 29 de noviembre regresaba de una marcha en Caracas, en defensa de los contratos colectivos y el cese de la persecución, y en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui, fue detenido y presentado ante un tribunal militar, el cual dictó privativa de libertad y reclusión en la cárcel La Pica, en Monagas.

Luego de ir a juicio, lo condenaron a cinco años y nueve meses de prisión, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. El único delito desestimado, y que presentó Fiscalía, fue el de ataque al centinela.


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