El estancamiento del salario mínimo en 130 bolívares profundizó el empobrecimiento de la población y no evitó que la inflación y el dólar se dispararan durante un año. En 20 años de chavismo en el poder, 2022 fue el único con solo un aumento salarial.
Caracas. Desde su llegada al poder a finales de la década de los 90, el chavismo usó como bandera la “defensa” de los ingresos de los trabajadores y, a punta de bonanza petrolera, aumentos salariales y controles de precios, logró mantener a raya la crisis fiscal y económica que muchos vaticinaban.
En total, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro decretaron 74 aumentos salariales entre 2002 y 2022, con un promedio de tres incrementos al año, realidades que contrastan con la actual, en la que desde el sector oficial hacen oídos sordos a las protestas de trabajadores públicos, jubilados y pensionados.
La organización no gubernamental (ONG), Acceso a la Justicia, denunció que, al omitir un incremento, el gobierno de Maduro incumplió la obligación prevista en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, que señala que el Estado debe garantizar un salario mínimo que serás ajustado cada año.
El salario mínimo de 130 bolívares, oficializado con bombos y platillos el 15 de marzo del año pasado, perdió 82 % de su valor en los últimos 12 meses, pese a que Maduro, al hacer el anuncio, aseguró –nuevamente– que sería equivalente a medio petro.
Si bien ante una canasta alimentaria de más de 350 dólares era poco el efecto que podía tener un salario de $30, resultó un alivio momentáneo para parte de la población que depende de salarios y bonificaciones del sector público.
La inflación y el alza del dólar, sin embargo, redujeron mes a mes ese minúsculo poder de compra. Un año después, el salario mínimo equivale a menos de seis dólares y el malestar social sigue en aumento, con protestas y reclamos que ocurren día tras día.
En julio de 2022, las protestas laborales aumentaron su intensidad en exigencia a la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que reducía hasta 50 % del valor real de las remuneraciones del sector público y desconocía las tablas salariales. El instructivo empezó a ser aplicado en marzo, justo con el aumento salarial.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3185 protestas laborales el año pasado y 763 protestas en contra del instructivo Onapre entre marzo y diciembre.
Sin margen de maniobra
“Es preocupante el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios y/o de rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios”, señaló recientemente, en un comunicado, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE).
La ANCE aclara que, ante la precariedad de los ingresos externos y la imposibilidad de acceder a crédito internacional (por falta de pago, legitimidad y el efecto de las sanciones) hacen que las remuneraciones públicas y privadas dependan casi por completo de la productividad laboral, que sigue sin respirar pese a la recuperación de los últimos dos años.
Consultoras como Dinámica Venezuela estiman que las exportaciones petroleras (principal fuente de ingresos de la nación) cayeron 18 % en el segundo semestre de 2022 y eso tuvo un impacto en la capacidad del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los salarios y pensiones.
Si bien el salario mínimo, desde hace varios años, dejó de ser referencia o “termómetro” de la economía venezolana, su pérdida de valor –por acción u omisión gubernamental– da señales sobre la precariedad con la que sobrevive gran parte de la población.
La firma Econalítica reveló recientemente que, a finales de 2022, 52 % de los venezolanos ganaba menos de 100 dólares mensuales. La cifra cobra mayor dimensión si se compara con que tres meses antes la proporción no llegaba a 30 %.
Venezuela cerró el año pasado con las alarmas encendidas y el temor de repetir escenarios de inflación como los del período 2017-2021, todo lo contrario a lo que se esperaba en los primeros meses. Ya en 2023, el panorama no ha sido el más alentador, con salarios estancados y caídas en las ventas que pueden ser mal presagio del resto del año si no se profundizan otras medidas económicas.
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