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¿Son las sanciones las responsables de la crisis económica de Venezuela?

Foto: @Stevenmnuchin1

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental  de Estados Unidos considera que las sanciones que ellos aplicaron al país “tuvieron un impacto negativo en la economía venezolana”. Economistas y ONG tienen visiones opuestas acerca del impacto, en tanto el gobierno de Maduro insiste en que los efectos sobre la economía y la población «son criminales».

Caracas. El impacto de las sanciones económicas y financieras a Venezuela también generan polarización entre los expertos e incluso entre dirigentes de la oposición. Distintos informes —algunos publicados entre 2019 y 2021— plantean varias consideraciones con respecto a las medidas adoptadas por EE. UU., unos responsabilizan a las sanciones de la debacle en la industria petrolera, otros ponen la atención en los efectos en la población y en la economía, y algunos descartan que hayan provocado una disminución en la importación de alimentos o medicinas. 

Las primeras medidas sancionatorias ocurrieron en 2006, pero las estrictamente económicas en noviembre de 2018 y las primeras sanciones financieras en agosto de 2017. En ese periodo las órdenes de este tipo aumentaron hasta elevarse en 2019 hacia el sector petrolero. 

En agosto de 2017 el expresidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva (OE) 13808 que imponía las primeras sanciones financieras contra el gobierno venezolano. La decisión, según Washington, se debió a “graves violaciones a los derechos humanos y acciones antidemocráticas”, justo cuando Maduro creó la Asamblea Constituyente —un parlamento paralelo— luego de meses de protestas antigubernamentales en las que murieron 163 personas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 

A finales de agosto de 2017, Estados Unidos impone sanciones adicionales de conformidad con la OE 13808, en la que se prohíbe que personas estadounidenses (o relacionadas con EE. UU.) puedan negociar o reestructurar bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la República de Venezuela. En marzo de 2018 una nueva sanción prohíbe todo tipo de transacciones relacionadas con el uso de cualquier moneda digital o criptoactivo emitido por el gobierno venezolano, que incluye la moneda digital petro. 

En mayo de 2018 la orden ejecutiva 13835 impide que estadounidenses o personas dentro del territorio de EE. UU. compren o negocien cualquier deuda o colateral cuya propiedad del gobierno venezolano o Pdvsa exceda 50 %. 

En noviembre de 2018 Donald Trump emite la OE 13850 en la que empiezan las primeras sanciones de índole económico. En ella se prohíben y bloquean cualquier tipo de operación relativa a transacciones de oro o cualquier activo que el gobierno venezolano manejara con empresas estadounidenses. El 8 de enero de 2019 la OE 13850 es ampliada hasta alcanzar a 7 individuos y 23 empresas acusadas de ejercer actos de corrupción relativos al intercambio de monedas a través de operaciones cambiarias que, según el Departamento del Tesoro, generaron $2400 millones en ganancias provenientes de la corrupción.

El 28 de enero de 2019, de conformidad con la OE 13850, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista de sancionados a Pdvsa, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasan a estar bloqueadas y toda persona estadounidense tiene prohibición de establecer negocios con Pdvsa.

Visiones opuestas acerca del impacto de las sanciones

El impacto de la sanciones según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. 

En medio de la visita al país de Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por su siglas en inglés) de Estados Unidos, publicó el 8 de febrero de 2021 un informe en el que consideran que las sanciones “tuvieron un impacto negativo en la economía venezolana”. Sin embargo, aclaran que la economía empezó a deteriorarse en 2012, con un efecto mayor desde 2015. “Las sanciones de EE. UU. a Venezuela probablemente contribuyeron a este descenso más pronunciado”. 

La economía se redujo 6,2 % en 2015 y -35 % en 2019, así como -25 % en 2020. Desde 2010 hasta 2015 la tasa de desempleo se mantuvo estable en 7,7 % en promedio, pero desde 2015 a 2018, pasó de 7,4 % a 35 %. Para la oficina, las medidas de EE. UU. contribuyeron al declive de la economía, “principalmente, por limitar los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras”.

La oficina señala que, a pesar de que la OFAC ha emitido licencias o exenciones para evitar que las sanciones impidan la entrada de ayuda humanitaria, las organizaciones de ayuda reportan dificultades para trabajar en Venezuela, por ejemplo, nueve socios de USAID dijeron a la GAO que los bancos habían cerrado sus cuentas, retenido o rechazado transacciones debido a preocupaciones relacionadas con las sanciones.

Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela – Provea

El especialista Manuel Sutherland plantea que: “Si bien es cierto que desde 2017 es mucho más difícil para el Gobierno importar alimentos y medicinas, esta no es la causa de la fuerte escasez, que se debe, fundamentalmente, a la crisis económica que desde 2009 se ha ido gestando en el país. Dicha caída en ciclo económico depresivo ha destruido el agro, la industria y buena parte del comercio formal”.

La dificultad para importar bienes esenciales es atribuida por Sutherland a la escasez de divisas por la caída en la producción de casi todas las mercancías, en el caso de la exportación hace referencia al petróleo, acero y la petroquímica. “El hecho que la importación de comida y alimentos en 2018 sólo haya sido de $2600 millones de dólares (Weisbrot & Sachs, 2019), cuando en 2012 llegó a ser 8 veces más (Instituto Nacional de Estadísticas (INE)), no es causado por las “sanciones”, sino por la crisis de economía capitalista centrada en el extractivismo petrolero”.

A juicio del experto, la caída en la producción petrolera tiene múltiples factores ajenos a las sanciones de enero de 2019 contra Pdvsa. Entre ellos enumera: la escasa inversión, la falta de fuerza de trabajo calificada por los bajísimos salarios, la corrupción en los manejos de la empresa, subsidios a los combustibles, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas que, posteriormente, eran regaladas en el mercado interno a precios irrisorios.

“La gran caída en la importación de medicamentos se puede apreciar entre 2013 y 2016, donde según (Atlas Económico) la importación de fármacos descendió en 65 %, dicha cifra es igual a la caída (en valor) en la importación de sueros y vacunas, pero para un período más breve: 2014-2016. Por ello, la caída en la importación de los mismos es muy anterior a las sanciones”, se lee en el informe de Provea de mayo de 2019.

Impacto de las sanciones financieras – Anova Policy Research 

Un estudio de Anova publicado en enero de 2021 revela que “las sanciones financieras de agosto de 2017 están asociadas con un aumento en las importaciones mensuales de alimentos en el orden de $44 millones; de la misma manera, las sanciones coinciden con aumento de las importaciones mensuales de medicamentos de $21 millones”.

Anova plantea que el cierre del gobierno venezolano al sistema financiero internacional los llevó a liberar la economía. Desde 2019 las autoridades relajaron los controles de precios, permiten más importación de productos terminados exonerados de impuestos.

“Las sanciones financieras a Pdvsa en agosto de 2017 tuvieron un efecto sobre la trayectoria en las importaciones mensuales de alimentos y medicinas, pero este efecto es de signo positivo. Es decir, el inicio de las sanciones está asociado con un aumento (no una disminución) de la disponibilidad externa de los insumos humanitarios básicos”, se lee en el informe.

Sanciones y la economía venezolana – Torino Economics

Para Torino Economics, las sanciones provocaron un efecto negativo sobre la producción de crudo. “Las sanciones petroleras se han asociado con grandes caídas de producción en todos los países a los que se impusieron, incluida Venezuela”.

El informe sostiene que tomando el nivel de producción de petróleo de agosto de 2017 como punto de partida, esta estimación implicaría que las sanciones están asociadas con una caída del 37,1 % en la producción de petróleo de Venezuela o lo que representa 689.000 barriles diarios, también $15.000 millones menos en ingresos por exportaciones.

En la lista de los 10 mayores colapsos petroleros en el mundo, Venezuela aparece dos veces: primero en el puesto 7 con el paro petrolero de 2002-03 y luego en el puesto 10 en el periodo comprendido entre junio de 2017 y mayo de 2019. Hay otros cinco países en la lista: Libia, Irak, Sudán, Siria y Yemen, con Libia y Yemen apareciendo más de una vez. 

“Casi todos estos países vivieron conflictos armados en el momento del colapso. De hecho, Venezuela es excepcional al entrar en esta lista sin que haya una guerra en su territorio. Los datos nos dicen que el colapso de la producción que hemos visto después de que se impusieran sanciones financieras en Venezuela son de una magnitud que solo hemos visto cuando los ejércitos se dedican a volar campos petroleros o cuando los trabajadores petroleros deciden voluntariamente detener la producción”, dice Torino.

Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela 

El estudio de Mark Weisbrot and Jeffrey Sachs publicado en abril de 2019 argumenta que “las sanciones implementadas en 2019 aislaron a Venezuela de la mayoría de los sistema de pagos internacionales, poniendo así fin a gran parte del acceso del país a importaciones esenciales, incluidas medicinas y alimentos».

Los expertos aseguran que el mayor impacto de las sanciones no recayó sobre el Gobierno sino sobre la población. “Las sanciones redujeron la ingesta calórica del público, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para bebés) y millones de venezolanos huyeron del país como resultado del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”.

Weisbrot y Sachs mantienen que las medidas de Washington agravaron la crisis económica de Venezuela. “No cabe duda de que todas estas sanciones desde agosto de 2017 han tenido graves impactos en la vida y la salud de las personas”.

Hausmann y Muci

Ricardo Hausmann  (director del Centro de Desarrollo Internacional -CID-, de la Universidad de Harvard) y Frank Muci (investigador en el Laboratorio de Crecimiento de CID), por el contrario, sostienen que las sanciones petroleras no son la principal causa de la caída de la producción petrolera. Muestran un gráfico diario de estimaciones de producción de petróleo de una consultora privada (IPD) que registran grandes caídas en la producción de petróleo en las fechas de los apagones eléctricos sufridos en marzo de 2019. Los autores resumen el caso así: “¿Podemos atribuir directamente el declive a las sanciones? No.»

Impacto de sanciones financieras y petroleras sobre la economía venezolana – WOLA

Un estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) revela que a pesar de que la crisis económica en Venezuela empezó antes de las primeras sanciones estadounidenses en 2017, estas medidas “directamente contribuyeron al descenso grave y a la deterioración más extensa de la calidad de vida de los venezolanos”. La oficina calcula que las sanciones estadounidenses causaron la pérdida al Estado de entre $17.000 millones y $31.000 millones en ingresos.

“Las sanciones estadounidenses contribuyeron a un descenso vertiginoso en las importaciones venezolanas. El informe demuestra que el valor del promedio de las importaciones públicas mensuales cayeron un 46 % ($500 millones) en 2019 y un 50 % adicional ($250 millones) en 2020”, indica WOLA.

El estudio elaborado por el economista Luis Oliveros y publicado en octubre de 2020 indica que la caída del ingreso petrolero relacionada con las sanciones encaja con las estimaciones del exasesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, quien aseguró en 2019 que las sanciones estadounidenses provocarían una pérdida al Estado venezolano de más de 11.000 millones de dólares anualmente.

El temor a ser sancionado ha llevado a los bancos y las instituciones financieras que  operan en Venezuela a sobrecumplir con las sanciones. Como resultado, WOLA asegura que grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y empresas privadas han visto sus cuentas bancarias cerradas y sus transacciones legítimas negadas o congeladas por largos periodos.

El Gobierno insiste en «impacto criminal» de las sanciones

La visión de los economistas y las ONG acerca del impacto de las sanciones es diversa y en algunos casos opuesta. Mientras tanto, el gobierno de Maduro insiste en «el profundo impacto impacto social y económico provocado por las medidas contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros”.

Al día siguiente de la publicación del informe de la GAO, Nicolás Maduro se refirió a este y señaló que demuestra «el daño criminal que se le ha hecho al hombre y la mujer de a pie en Venezuela con las sanciones brutales que se han aplicado contra las empresas, la economía y la sociedad venezolana».

De acuerdo con Maduro, el documento evidencia que «las sanciones han sido contra todas las empresas públicas y privadas, contra toda la sociedad venezolana, contra el pueblo. Y eso ha vulnerado el estado de bienestar porque ha vulnerado el ingreso nacional» del país.

Lea las otras entregas de este seriado:

«Sanciones internacionales buscan modificar comportamientos de Estados, empresas y personas»

Foto: @Stevenmnuchin1

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