Dirigentes comunitarios, una experta en negociación, un profesor de Derecho Constitucional y un excolaborador de Juan Guaidó afirman que poner la representación opositora en manos de la Plataforma Unitaria fue un acierto porque transmite amplitud. Advierten que el fin del gobierno encargado no lo marca la narrativa oficialista, sino la capacidad de ese mecanismo de justificar su existencia en unidad, a lo interno y externo.
Caracas. El pasado 13 de agosto, la administración de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana aglutinada en torno a la Plataforma Unitaria, firmaron en Ciudad de México un memorando de entendimiento que marca el inicio de un nuevo proceso de negociación política en búsqueda de salidas a la compleja crisis venezolana.
“Las partes designadas a efectos de este proceso, como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela…”, dice el memorando en su encabezado.
Apenas se conoció el documento, comenzó en Venezuela un debate público sobre si la oposición venezolana, al haber aceptado ser representada por la Plataforma Unitaria en lugar del gobierno encargado, enterraba ella misma esa figura encarnada desde enero de 2019 por Juan Guaidó, con el amparo de la Asamblea Nacional electa en 2015.
El debate fue aupado, desde luego, por el propio Nicolás Maduro en su rueda de prensa del lunes al afirmar que el proceso de México evidenciaba que Guaidó “fue aplastado”; pero también por algunos analistas y dirigentes de oposición.
¿La denominación de las partes en el memorando de entendimiento significa el fin del gobierno encargado?
A esa pregunta respondieron dirigentes comunitarios, constitucionalistas y especialistas en mediación política. Todos coinciden en que la existencia del gobierno encargado está más atada al reconocimiento externo y al valor simbólico que pueda darle la oposición a lo interno, que a la denominación o narrativa que se utilice en el proceso de negociación.
El peso del reconocimiento internacional
Lo primero que habría que señalar es, en el plano interno y jurídicamente hablando, la existencia del gobierno encargado está atada a los parámetros fijados por el Estatuto para la Transición y las decisiones que en ese sentido ha tomado y pueda tomar la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021.
De acuerdo con ese Estatuto, la vigencia de la Comisión Delegada (y con ella, en teoría la vigencia del gobierno encargado) se extenderá como máximo hasta el 5 de enero de 2022.
Pero más allá de ese aspecto, en la práctica, el gobierno encargado funciona o existe porque dentro de los más de 50 países que le dan reconocimiento político, hay dos potencias extranjeras –Estados Unidos y Reino Unido– que le reconocen jurídicamente.
Este reconocimiento tiene al menos dos aristas: por un lado Estados Unidos y Reino Unido reconocen a los delegados que designa Juan Guaidó en nombre del gobierno encargado, como representantes legítimos de Venezuela. No del gobierno interino, no de la oposición, o de la Plataforma Unitaria, sino del Estado venezolano. Y por otro lado, Estados Unidos ha permitido que los representantes designados por Juan Guaidó accedan (con todos los controles que impone el Departamento del Tesoro) a una parte de los activos de Venezuela congelados en ese país; activos con los cuales el gobierno encargado se garantiza su existencia.
¿Cómo? A través del pago de una nómina controlada y reducida, pero nómina al fin, de funcionarios que trabajan para las juntas ad hoc, la Asamblea Nacional y las comisiones presidenciales (Exteriores, Derechos Humanos, Desarrollo Económico, etcétera).
Denominación intrascendente
Ahora bien, sobre la pregunta de si el vocabulario y las definiciones empleadas en el memorando de entendimiento implican la extinción del gobierno encargado, la abogada, profesora universitaria y directiva del Foro Mundial de Mediación, Nelly Cuenca, sostiene que en un proceso de mediación, la identificación de las partes no es lo central, sino los acuerdos que se puedan alcanzar.
“Mucho se critica que la Plataforma Unitaria de oposición, acepte que negocia con el gobierno de Venezuela. Eso en mediación no tiene trascendencia. En mediación no se discuten derechos. Los derechos se adjudican en tribunales. En mediación se buscan acuerdos, más allá de los derechos y razones que se atribuya cada parte”, escribió Cuenca en un artículo difundido este lunes, con el título de “Cómo funciona la mediación?”, que ha circulado en algunas redes sociales.
La experta aclara que en un proceso de negociación, las partes no se sientan con quien quieren sino con quien tiene poder de tomar decisiones que pueden afectar al otro: “Resulta obvio que Nicolás Maduro, más allá de si es legítimo para los chavistas o ilegítimo para la oposición, tiene poder de decisión en la Fuerza Armada, el TSJ, el Ministerio Público, la Contraloría, recursos públicos, etc. Entonces, es con él con quien tenemos que negociar y si para eso hay que suscribir documentos donde Jorge Rodríguez se atribuye la representación del gobierno en Venezuela representado por Nicolás Maduro, pues Venezuela bien vale una misa”.
El destino del gobierno encargado
Un excolaborador del gobierno encargado, que solicitó no citar su nombre, señala que, a efectos de la negociación, es mucho más inclusivo hablar de la Plataforma Unitaria que del gobierno encargado y coincide con Cuenca en la necesidad de mantener el foco en el objetivo de la negociación, más que en las denominaciones o la narrativa que el oficialismo quiera sembrar.
A su juicio, a la oposición deberían importarle más otros elementos que sí podrían tener una incidencia real en el desmantelamiento definitivo del gobierno encargado, como figura institucionalizada de proyección, representación y reconocimiento internacional.
“La manera más práctica de denominar al actor que representa Maduro era ‘gobierno de Venezuela’, porque con toda seguridad Maduro no iba a aceptar llamarse ‘régimen dictatorial’. Ahora, desde el punto de vista jurídico y político, esa denominación no tiene mayor incidencia práctica. Lo que sí tiene incidencia en la extinción o supervivencia del gobierno encargado es la disputa que hay a lo interno de la oposición sobre si el gobierno encargado debe continuar o no”, afirmó la fuente.
Sostiene que los próximos meses antes de enero de 2022 serán cruciales en esa disputa porque la Comisión Delegada y los factores que integran la Plataforma Unitaria tendrán que decidir, de forma unitaria, qué hacer con el gobierno encargado. Advierte que si la comunidad internacional, léase Estados Unidos y Reino Unido, se encuentran ante una oposición dividida en esa materia, se verán obligados a quitarle el reconocimiento político y jurídico al gobierno encargado (y con ello el acceso a fondos) y eso sí será el fin de ese capítulo de la oposición.
El profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, Nelson Chitty La Rocha agrega: “Yo pienso que ha habido un gobierno encargado, siempre precario, que va mutando hasta devenir en un factor político con reconocimiento y significación internacional, ante un Estado fallido por ilegitimidad de origen y desempeño, pero con control fáctico del poder”.
Abrir espacios y mostrar amplitud
El debate sobre la extinción o no del gobierno encargado ha permeado en estos días posteriores a la firma del memorando en México a todos los niveles de la militancia opositora. Dirigentes comunitarios de oposición de Charallave y Baruta, en el estado Miranda, coinciden en sus visiones y coinciden también con la mirada de los expertos consultados por Crónica.Uno.
Kiomara Scovino, dirigente vecinal de Prados del Este, en el municipio Baruta reconoce que entre la ciudadanía hay “sentimientos encontrados” frente al proceso de negociación, pero percibe que priva el aprendizaje acumulado: “Se ha sido tolerante con algunas condiciones que exige el régimen, porque es necesario sentarlos como sea. Trabajar con gente irracional te lleva a veces a seguirles la corriente para lograr el primer objetivo que es sentarlos de manera pública a los ojos del mundo”.
Considera que el memorando de entendimiento no debe ser visto como una claudicación de la oposición, ni como una entrega del gobierno encargado. “¿Esa tolerancia indica que estamos dándole un final triste al gobierno interino? Yo creo que no. Lo veo como una fachada para poder abrir espacios que no hemos transitado por la posición radical de ambas partes. El gobierno interino es un sentir y un derecho de los venezolanos”, afirma.
Arturo Salazar, dirigente comunitario en Charallave e integrante del partido MDI, asume la decisión de que la representación de la oposición la lleve la Plataforma Unitaria y no el gobierno encargado como un acierto: “Yo comparto la tesis de que es una estrategia para despartidizar la representación opositora. Para la comunidad internacional se trata de una oposición amplia, beligerante la que esta siendo representada y no específicamente el gobierno interino. Eso da una imagen de amplitud”.
En opinión de Salazar, el texto del memorando no implica que se reconozca la legitimidad de Maduro como mandatario, sino que del lado opositor hay una “sociedad representada por sus partidos, gremios, organizaciones civiles, enfrentados a un gobierno dictatorial”.
La profesora Cuenca lo explica así: “Las partes conservan sus derechos, desde su perspectiva, pero para entendernos necesitamos consensuar una narrativa incluyente. Es a nosotros a quienes conviene negociar, cualquiera sea la rendija disponible, no solo para lograr condiciones electorales justas y auditables, sino para contar con la comunidad nacional e internacional a favor de ir resolviendo la emergencia humanitaria compleja”.
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