Tarek William Saab indicó que 171 funcionarios de seguridad del Estado han sido condenados desde 2017, lo que equivale a 16,7 % de los 1019 acusados. En su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional presentó seis proyectos de ley, entre ellos uno sobre eutanasia.
Caracas. El fiscal general designado en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Comenzó por expresar su satisfacción por la depuración que ha aplicado en el Ministerio Público que recibió luego que la ANC destituyera a Luisa Ortega Díaz. Según sus palabras, todo el personal de esa institución era corrupto hasta que él asumió el cargo.
“El Ministerio Público en 2017 estaba en ruinas. Era un cartel transnacional estructurado para delinquir desde la fiscal general anterior hasta el último fiscal provisorio; todos ganados al delito y la extorsión”.
En consecuencia, bajo su administración, dijo, han sido investigados 232 funcionarios del MP, procesados por diversos delitos en el ejercicio de funciones: 132 han sido imputados, 11 recibieron medidas privativas de libertad, hay 23 con órdenes de captura, pero únicamente 20 del total (equivalente apenas a 8,6 %) han sido condenados.
Derechos Humanos
En materia de persecución a los violadores de derechos humanos, dijo que entre 2017 y 2020 fueron imputados 677 funcionarios de seguridad del Estado y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos humanos, de los que fueron aprehendidos 519 funcionarios y 29 particulares.
Más adelante indicó: “En este período (2017-2020) fueron acusados 1019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio” y otros delitos. Y concluyó: “Logramos condenatorias contra 171 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles”. Esto equivale tan solo a 16,7 % de todas las acusaciones.
Saab también dedicó una parte de su discurso a recalcar que su oficina ha prestado toda la colaboración requerida por la Corte Penal Internacional, donde se analiza un expediente sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Dijo que ha remitido dos informes relativos a las actuaciones de la Fiscalía General para prevenir y sancionar la violación de derechos humanos.
Con respecto a los feminicidios indicó que su oficina ha conocido 610 casos desde 2017 y ha realizado 12.508 acusaciones por casos de violencia contra la mujer.
Atentados y conspiraciones
Saab recalcó que por el supuesto intento de magnicidio contra Maduro, en agosto de 2018, hay 20 privados de libertad acusados, de los cuales uno se acogió al procedimiento de delación. Además hay otras 54 personas involucradas con orden de captura, 16 de ellas con alerta roja.
Sobre el llamado a rebelión del 30 de abril de 2019, encabezado por Juan Guaidó, informó que se determinó que existen 63 personas involucradas contra quienes se dictó orden de aprehensión: 33 han sido capturadas, 24 tienen privativa de libertad y 35 han sido acusadas.
Con respecto a la Operación Gedeón (del 3 de mayo de 2020) dijo que se determinó que la misma contó con 114 personas involucradas contra las cuales se dictó orden de captura y han sido detenidas, imputadas y acusadas 85. De este grupo, 54 se acogieron al procedimiento de admisión de los hechos (incluyendo los dos estadounidenses) y 17 al de delación.
Crimen organizado, narcotráfico y delitos comunes
Tarek William Saab dijo que desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020 el MP presentó 15.431 acusaciones por narcotráfico, y han logrado 5930 personas condenadas; mientras que las autoridades respectivas han incautado 40,6 toneladas de marihuana y 93,9 toneladas de cocaína en diversas actuaciones.
Por legitimación de capitales y delitos financieros, el MP presentó 8618 acusaciones y logró 5963 personas condenadas.
Por extorsión y secuestro se han formulado 2781 acusaciones en tres años y medio y 333 condenados. Dijo que han sido recuperados 16.693 vehículos robados y se han entregado 34.647. Mientras que por delitos comunes “han ingresado 786.105 casos, se han realizado 1.092.817 actuaciones y se han presentado 111.969 acusaciones desde agosto de 2017”, dijo.
A propósito de los delitos comunes, que generan el mayor número de detenidos, Saab admitió el retardo procesal y el hacinamiento, principalmente en las estaciones policiales, donde celdas para detención temporal se han convertido en prisiones permanentes.
“Es necesaria la construcción de nuevos centros de detención preventiva y centros de reclusión, con atención permanente del Ministerio de Salud y el Ministerio para los Servicios Penitenciarios. Hay 22.259 detenidos en estaciones de policía. Las personas condenadas no pueden estar en una estación de policía”, indicó.
Anticorrupción
Saab afirmó que entre 2017 y 2020, el MP “develó más de 28 tramas de corrupción en la industria petrolera logrando individualizar la participación de 194 personas”, de las cuales fueron judicializadas 103. En los últimos tres años se han concretado 11.719 imputaciones y 3565 acusaciones.
“En 2020 obtuvimos un récord de 802 personas condenadas, para alcanzar un total de 2274 condenados desde agosto de 2017”, señaló.
Resaltó también que ha prestado especial interés a la protección del ambiente y la fauna doméstica, y que desde que fue creada la Fiscalía 89º Nacional de Defensa Ambiental se han abierto 93 causas de maltrato a animales domésticos y apresadas 85 personas.
Proyectos de ley
El fiscal Saab, quien previo a este cargo fue defensor del pueblo, y antes de eso gobernador de Anzoátegui por el PSUV, informó que consignó ante la Asamblea Nacional dirigida por Jorge Rodríguez, seis proyectos de ley relativos a la ampliación de los derechos humanos:
- Proyecto de Ley marco para incorporar nuevos derechos humanos.
- Proyecto de Ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal.
- Proyecto de Ley de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos.
- Proyecto de Ley para sancionar delitos cometidos contra campesinos, pescadores e indígenas que buscan desplazarlos de sus hábitats.
- Proyecto de Ley para optar voluntariamente a una muerte digna en caso de personas que presenten enfermedades terminales o de extremo dolor permanente (eutanasia o muerte asistida).
- Y un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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