El fiscal general insistió en que a la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, se le respetó el debido proceso. Sin embargo, no pudo explicar las razones por las que permanece incomunicada ni por qué se le negó el acceso a sus abogados. Tampoco presentó pruebas sobre su presunto vínculo con actos subversivos.
Caracas. En un intento por desmontar las acusaciones de desaparición forzada en el caso de Rocío San Miguel, el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que la defensora de derechos humanos fue presentada ante los tribunales venezolanos en una audiencia celebrada legalmente.
Sin embargo, omitió precisiones sobre el procedimiento y los lapsos en los que se ejecutó. Tampoco aportó detalles que permitan corroborar el cumplimiento del debido proceso en el expediente abierto contra la directora de la ONG Control Ciudadano, tras su detención el pasado viernes, 9 de febrero. Solo reveló que faltan por ejecutarse otras 15 órdenes de aprehensión por esta investigación.
Como informáramos ayer (13 de febrero) en horas de la noche del día lunes, 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó la audiencia de presentación. Es imposible, señores mitómanos, que exista la cualidad que determina una desaparición forzada”, dijo.
Durante una rueda de prensa, realizada en la sede del Ministerio Público este miércoles, 14 de febrero, el fiscal cuestionó a quienes denunciaron la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos. Sin decir nombres, se refirió a los activistas de las ONG como “mitómanos”. Esto por alertar acerca de irregularidades en el proceso contra la defensora de derechos humanos, quien hasta esta publicación continúa incomunicada.
“Mienten y se creen la mentira, pero al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras. Explíquenme una desaparición forzada cuando alguien es presentada ante el Tribunal 2° Contra Terrorismo, que ya fue comunicado por mi persona”, expuso.
Conspiración sin evidencia
Desde la desaparición de San Miguel, defensores de derechos humanos han denunciado que con la detención, practicada en el aeropuerto de Maiquetía, cuando la activista se disponía a viajar, se han violado leyes y tratados sobre garantías procesales.
Los activistas enfatizaron en que a San Miguel le negaron a acceso a sus abogados. Añadieron que solo se informó de su sitio de reclusión tras una audiencia judicial que se realizó alrededor de las 9:54 p. m. del 12 de febrero, más de 80 horas después de su detención.
Sin aclarar los motivos de las dilaciones y fallas en el proceso, Saab volvió a vincular a San Miguel y otras cinco personas de su entorno en el caso llamado Brazalete blanco, como se denomina al supuesto plan para ejecutar ataques terroristas contra el gobernante Nicolás Maduro y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. No obstante, no mostró pruebas sobre el presunto nexo de San Miguel con la supuesta conspiración.
“¿Qué quieren ustedes para creer en los planes de estas personas? Esto da asco. Es lavarle la imagen a terroristas que les convengan. La detención de Rocío San Miguel ocurre por aparecer ella mencionada, como parte de la conspiración, por uno de los militares detenidos. Ella tenía una misión como parte de esa trama Brazalete blanco, su misión en la operación era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas”, repitió.
Saab repasó los presuntos delitos que se le imputaron a San Miguel, entre estos traición a la patria. Además, recordó que su despacho solicitó prisión preventiva, mientras concluyen las investigaciones. Aunque, hasta la fecha y ante la falta de una defensa privada, se desconocen detalles del expediente y de la indagatoria que justificaría su detención.
“Se realizó la audiencia de presentación con ella (Rocío San Miguel) y cinco ciudadanos venezolanos más, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete blanco. En dicha audiencia, que se realizó en el Tribunal 2° Contra Terrorismo, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa”, reiteró.
De Estados Unidos a Gaza
El fiscal intentó descalificar, una vez más sin evidencias, el trabajo de ONG y activistas de derechos humanos. Saab acusó a estas organizaciones de colaborar con “terroristas” y de actuar a favor de los intereses de Estados Unidos. Para esto contarían con el supuesto apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés). Aunque en su intervención evitó mencionar a alguna ONG en particular.
“En su manual de asistencia a partidos políticos, en el apartado ‘Apoyo a los intereses nacionales de Estados Unidos’, Usaid explica que se fomenta dicha colaboración para que, en el marco de la gobernabilidad los partidos políticos extranjeros que reciben apoyo, puedan contribuir a la seguridad nacional de los Estados Unidos y promover los objetivos de su política exterior”, indicó.
El funcionario intentó demeritar el trabajo de San Miguel como defensora de derechos. Al respecto, sostuvo la tesis de su participación en intentos de subversión, aún sin comprobar. Esto pese a que, previamente, reconoció que la investigación apenas está en fase preliminar. Es decir, aún no es concluyente.
“Se trata de una instrumentalización de las ONG y los partidos políticos para la defensa de los intereses de potencias extranjeras en nuestro país. Es así como personas sin méritos, sin tener una trayectoria de defensa de los derechos humanos, sin hacer actividad de defensa, se les califica de defensoras de derechos humanos cuando aparecen vinculadas a acciones desestabilizadoras contra el Estado y son detenidas”, declaró.
Saab también objetó la actuación del entorno cercano de San Miguel, incluida su hija, acusándolos de encubrir pruebas. Antes de cerrar su exposición, hizo una reflexión sobre el conflicto en Gaza. En su mensaje, el funcionario comparó las reacciones de defensores de derechos humanos sobre el conflicto en ese territorio con las que han tenido ante las presuntas conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
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