Un informe de la Cepal y la OPS advierte que si no se logra controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica. En Venezuela el confinamiento lleva 140 días, con un breve lapso de flexibilización. La mayoría de los sectores económicos ha estado sin actividad durante ese período. Lejos de mejorar la situación de los contagios, la curva se aceleró de manera exponencial entre junio y julio.
Caracas. La relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector privado lleva años de tensiones, en parte por las constantes fiscalizaciones a las empresas y las medidas adoptadas por el Ejecutivo, que son consideradas por los privados como regresivas, en un país que lleva siete años sumido en una profunda recesión económica. Las decisiones para hacerle frente a la pandemia son tomadas unilateralmente, y hasta ahora las propuestas de los empresarios no han sido escuchadas.
La fijación del salario mínimo lleva dos décadas sin ser discutida con el sector empresarial. El año pasado la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe en el que señalaba que el país no cumplía con lo convenido en ese organismo. Los encuentros entre el gobierno y privados casi siempre terminan sin resultados, como ocurrió este año para definir estrategias contra la propagación de la pandemia de COVID-19. En la nación también hay sindicalistas encarcelados por protestar contra las condiciones laborales, lo que hace que la relación entre el gobierno y los trabajadores sea todavía más alejada.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que si no se logra controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica. En Venezuela el confinamiento lleva 140 días, con un breve lapso de flexibilización. La mayoría de los sectores económicos ha estado sin actividad durante ese período. Lejos de mejorar la situación de los contagios, la curva se aceleró de manera exponencial entre junio y julio. Hoy la nación registra 21.438 casos y 187 fallecidos, según el balance del 4 de agosto que emite el gobierno de Nicolás Maduro.
El 23 de marzo el mandatario anunció una serie de medidas que abarcaban al sector laboral. Las propuestas que vinieron del otro lado no fueron escuchadas, aseguran los jefes de gremios empresariales, quienes señalan que el apoyo por parte del Estado para enfrentar estos más de cuatro meses sin actividad ha sido casi nulo.
En 140 días de confinamiento las empresas del Zulia –consideradas no esenciales– solo lograron trabajar siete días, afirma Ricardo Acosta, presidente de Fedecámaras Zulia, uno de los estados con más casos. Las autoridades informaron que debido a eso se reforzaban las medidas de cuarentena. Las compañías ya empiezan a tener problemas en su flujo de caja. En esa entidad las empresas privadas lograron pagar la quincena del 15 de julio, pero para la del 30 ya no contaban con fondos, indica Acosta. Los empresarios se acogerán a la Ley del Trabajo que permite no cancelar sueldos y bonos por la falta de actividad.
Entre las medidas del gobierno de Maduro está el pago de nóminas de las empresas a través del Sistema Patria. En las compañías del estado Zulia solo entre 30 % y 35 % de estas lograron obtener la ayuda, debido a que el resto no pudo registrarse. Fedecámaras Zulia dice que en estos meses de la pandemia tampoco han contado con créditos bancarios, un problema que abarca el resto del sector desde enero de 2019, cuando se elevó el encaje legal.
Fedecámaras Zulia estima que de continuar en confinamiento, y por ende sin actividad económica, se pudieran perder entre 15 % y 20 % de las empresas en ese estado, lo que pone en riesgo 20.000 puestos de trabajo directos.
El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, considera que las medidas decretadas en marzo no se transformaron en apoyo para el sector. Recordó que hubo un período al inicio de la pandemia en el que trabajaron junto con el Estado para abordar la desescalada de la cuarentena, no obstante, dice que habían avanzado, pero que luego esto se interrumpió.
Consecomercio pidió posponer el pago de impuestos y otorgar financiamiento a las pymes, que están cerradas en 90 %, sin embargo, ninguna de estas recomendaciones fueron adoptadas. No ha habido una medida antiquiebra, tampoco hay una medida de seguro social o paro forzoso. Algún cheque para mantenerse en casa”, explica Capozzolo.
Sobre el apoyo para el pago de las nóminas en el Sistema Patria, Consecomercio señala que no posee información de que el sector comercial esté recibiendo estas asignaciones. En ese sentido, sostiene que los establecimientos pagaban bonos en divisas por encima del sueldo mínimo.
Capozzolo indica que el rubro comercio y servicios es la actividad económica que más incidencia tiene en este momento en el PIB, por encima del gubernamental. Asegura que este sector es el principal generador de empleo en Venezuela. De continuar la crisis sanitaria y económica, 30 % de los establecimientos está en riesgo de cerrar este año.
La Cepal sostiene en su informe que el desempleo en América Latina aumentará de 8,1 % en 2019 a 13,5 % en 2020. Esto elevará el número de desempleados en la región a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019.
Entre las medidas anunciadas por Maduro en marzo, cuando se decretó la cuarentena por la pandemia, se ratificaba la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020, emisión del bono “Quédate en Casa” a más de 6 millones de trabajadores, 4 millones de trabajadores independientes y 2 millones de trabajadores de empresas privadas, como complemento de nómina. Suspensión durante seis meses de pagos de arrendamientos de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, suspensión de los pagos de capital e intereses de todos los créditos del país, por un lapso de seis meses, entre otras.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) señala que el pago de nóminas por parte del Estado ha sido a un número muy pequeño de empresas industriales. El gremio exhortó a las autoridades a adoptar tres medidas claves: flexibilización fiscal, sistema de financiamiento con facilidades de endeudamiento y que la relajación de la cuarentena permitiera a los industriales operar bajo las medidas contra la COVID-19. Hasta ahora ninguna de ellas fue empleada.
“Las únicas medidas son las de pago de salarios y suspensión de alquileres, que no beneficia a los industriales. Pocas industrias están en un sistema de alquiler, casi todas son propias”, explica Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria.
Las industrias de alimentos han logrado trabajar desde el inicio de la cuarentena al ser consideradas prioritarias, al igual que las farmacéuticas. En abril y mayo estos fabricantes tuvieron problemas por la escasez de gasolina, mientras que en junio enfrentaron dificultades para obtener salvoconductos, sin embargo, pese a esto han podido trabajar, asegura Acevedo.
En 1998 el sector industrial contaba con un parque de 12.600 fábricas, en 2019 la cifra se redujo a unas 2200 aproximadamente. Al finalizar este año el gremio estima que, debido a la crisis por el nuevo coronavirus y las condiciones en el país, pudieran cerrar con menos de 2000 establecimientos industriales.
Antes de que llegara la pandemia, los trabajadores y las compañías lidiaban con la deficiencia de los servicios públicos para mantener actividades. Solo entre el 7 y el 11 de marzo de 2019 la nación registró más de 100 horas sin electricidad en algunos estados; un duro golpe para una economía contraída desde 2013.
La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) refiere que las medidas gubernamentales los incluyen parcialmente. La emisión del bono Quédate en Casa y la exoneración de impuestos a las importaciones de materias primas aplica para alrededor de la mitad de los trabajadores de esas empresas. La mitad de las compañías asumió el pago de los ingresos y bonos de sus trabajadores.
El presidente del gremio, Omar Bautista, dice que lo que plantearon y que no ha sido cumplido hasta ahora era: la reducción del encaje legal, que les permita a los bancos brindarles financiamiento; exonerar el impuesto de importación, pago de IVA y tasa aduanera a las importaciones de todas las materias primas importadas para fabricar autopartes y repuestos; regresar al IVA mensual, en sustitución de la declaración y pago semanal actual; eliminar el impuesto a las transacciones financieras y diseñar un plan de levantamiento de la cuarentena para las empresas, a escala nacional, que incluyera las normas sanitarias contra la COVID-19, entre otras.
La Cámara Venezolana de Calzados y Componentes (Cavecal) cuenta que los tres primeros meses de cuarentena la industria honró cerca de 98 % de sus nóminas con capital de la empresa y los otros 30 días lo hicieron los directores o accionistas directamente. La mayoría de esas empresas están afiliadas al Sistema Patria. El presidente del gremio, Luigi Pisella, refiere que los pagos desde esa plataforma se han hecho con normalidad una vez al mes.
Cavecal revela que a partir de los 120 días de paralización la mayoría de las empresas empezó definitivamente a no tener flujo de caja para pagarles a los trabajadores. “En muchos de los casos se han mantenido los bolívares, pero los bonos que se daban de producción, evidentemente, ya no, lo cual representa una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”, dice.
Pisella indica que hay incrementos en los servicios de luz, agua y aseo. Pese a que la industria no ha consumido esos servicios, ni ha generado desperdicios, sostiene que esos aumentos tarde o temprano se van a pagar: “Lo consideramos sumamente injusto debido a que la empresa nacional ha estado detenida”.
La Cepal y la OPS mantienen que para que América Latina y el Caribe tengan éxito en esta etapa crítica de la pandemia, las medidas de distanciamiento físico deben complementarse con otras urgentes de protección social para la población, que garanticen sus ingresos, alimentación y acceso a los servicios básicos. Por otra parte, advierten que la fase de reapertura de la economía debe ser gradual y contar con protocolos sanitarios que permitan controlar el virus y su propagación, además de proteger a los trabajadores, en especial a los de la salud.
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