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Traslado de presos políticos a cárceles comunes ya se hacía antes del decreto oficial

de presos políticos

Foto: Tairy Gamboa

Según el Foro Penal Venezolano desde el 5 de mayo ya tenían registros de 48 traslados irregulares desde la Dgcim. El gobierno de Nicolás Maduro decretó que la custodia de los privados de libertad en la Dgcim y el Sebin debía pasar al Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Caracas. Desde el 5 de mayo el Foro Penal Venezolano registra traslados de presos políticos a cárceles comunes. Es decir, una semana antes de que se publicara en la Gaceta Oficial 42125, con fecha del 12 de mayo, el decreto número 4610, el cual ordenó que la custodia de los privados de libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) pasaran al Ministerio para el Servicio Penitenciario. 

Según Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, desde el 5 de mayo ya tenían registrados 48 traslados irregulares desde la Dgcim, y 17 de ellos eran presos políticos.

Esta situación no es nueva y no tiene vinculación con la instrucción presidencial en la Gaceta Oficial, ya eso venía pasando y eso lo veníamos denunciando

Crónica.Uno conoció extraoficialmente que aproximadamente hace dos meses se registraron traslados de militares desde la Dgcim hasta la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Aunque los familiares no quisieron revelar detalles por temor a represalias, contaron que no fueron notificados de este hecho previamente y algunos se enteraron mediante parientes de otros detenidos.  

Himiob explicó que los traslados violan las normas que rigen el traslado de un privado de libertad de una institución a otra, según el Código Orgánico Penitenciario, que dice cuándo y cómo se puede trasladar a un preso que está procesado y cuándo y cómo se puede trasladar a un preso que ya está condenado. 

Lo irregular de esto es que desde hace semanas se están dando esos traslados violando el Código Orgánico Penitenciario y ahora tenemos una publicación en Gaceta Oficial que viola el Código Orgánico Procesal Penal, dijo Himiob.

Además, señaló que si se respetara el Código Orgánico Penitenciario se le debería notificar al juez que lleva la causa, a la defensa de los privados de libertad y a los familiares, sin embargo, esto no ha sucedido y con el decreto presidencial se pretende “oficializar lo que ya venían haciendo antes”. 

Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, informó a través de su cuenta en Twitter que 17 presos políticos fueron trasladados a las cárceles Yare II, Yare IIII y al Rodeo II. Posteriormente, confirmó el traslado de otros siete detenidos en la Dgcim a Yare II, Rodeo II y Rodeo III. 

No mejorarán las condiciones de salud ni de reclusión 

Gonzalo Himiob también denunció que los traslados de los privados de libertad a cárceles comunes no mejorarán las condiciones de salud ni de reclusión de los detenidos y tampoco quiere decir que dejarán de ser presos políticos. 

En Venezuela no hay ni una sola prisión que cumpla a cabalidad con las Reglas Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos según estándares internacionales, dijo.

Recordó que Salvador Franco, indígena pemón, falleció en la cárcel del Rodeo II porque no recibió atención médica. Franco murió el 3 de enero, aunque desde el 21 de noviembre de 2020 tenía una orden del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas para que fuera trasladado a un centro médico

El indígena pemón estaba preso en el Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, junto con 12 miembros más de la etnia pemón, a quienes excarcelaron bajo medidas cautelares, el 13 de febrero. 

Los pemones, pertenecientes a la comunidad Kumarakapay del municipio Gran Sabana, fueron detenidos entre los días 22 y 30 de diciembre de 2019. El gobierno de Nicolás Maduro los acusó de participar en la Operación Aurora, un supuesto asalto a las instalaciones del Batallón Mariano Montilla.

Torturas en Dgcim y Sebin

Himiob también señaló que la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, con el decreto oficial, podría tratar de lavar la cara ante la Corte Penal Internacional tras los casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados en las celdas del Sebin y la Dgcim.

Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, dijo que el 18 de mayo entregaron el cuarto informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

En esta ocasión se documentan dos importantes cambios que afectan al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, relativos a la nueva adscripción de dichos servicios y su reestructuración, dijo en rueda de prensa el 20 de mayo. 

En el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicado el 16 de septiembre de 2020, documentaron denuncias de torturas en el Sebin de Plaza Venezuela y El Helicoide, que fueron ignorados por el gobierno de Maduro

Bajo custodia del Sebin murieron al menos dos detenidos: Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, y el piloto retirado Rodolfo González, quien fue acusado de conspiración. 

Saab admitió en mayo de este año que a Albán lo asesinaron dos funcionarios del Sebin, luego de que su versión inicial fuera que el concejal se suicidó. 

La ONU también documentó 24 casos de torturas, tratos crueles o inhumanos en casas de torturas de la Dgcim, entre 2018 y 2019. Asimismo, la organización no gubernamental Provea indicó que la Dgcim cometió 75 hechos de tortura de los 100 que registraron en 2018.

Bajo custodia de la Dgcim murió el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019, presuntamente a causa de las torturas que recibió desde su detención registrada el 21 de junio. 

Según el Foro Penal Venezolano, hasta enero de 2021 fallecieron bajo custodia del Estado ocho presos políticos. La organización indicó que hasta el 21 de mayo había 306 presos políticos en el país.

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