TSJ rechazó revisar el proceso contra presunta red de corrupción que lidera primo de Rafael Ramírez

TSJ

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  no vio irregularidades que ameritaran su intervención, pese a que los involucrados tienen más de cinco años detenidos y su juicio todavía no se ha iniciado.

Caracas. Las reformas legales aprobadas por el chavismo para evitar los abusos con las detenciones preventivas y combatir el retraso procesal han quedado en letra muerta y esto en buena parte es gracias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos esa es la percepción que deja el caso seguido contra la trama de corrupción liderada por Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez.

Salazar Carreño y otros presuntos miembros de la red ilícita, como el empresario José Enrique Luongo Rotundo, tienen más de cinco años privados de su libertad sin que su juicio se haya iniciado. Esto, a pesar de que el artículo 230 de la Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece claramente que la detención preventiva “en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”.

Asimismo, estipula que solo en algunos casos podría prorrogarse “hasta por un año” adicional y siempre que el proceso se demore por “dilaciones indebidas atribuibles al imputado, acusado, o sus defensores”.

Pese a esta evidente anomalía, la Sala de Casación Penal del TSJ rechazó revisar el asunto. En argumentos destacaron que la situación “no constituye “per se” escandalosas violaciones o infracciones al ordenamiento jurídico que violen el debido proceso y que pongan en peligro la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana”.

Detención

El pronunciamiento figura en la sentencia número 167, que la instancia dictó el pasado 5 de mayo y en la cual declaró “inadmisible” la solicitud de avocamiento que los abogados de Luongo Rotundo interpusieron en marzo.

Luongo Rotundo es hermano de Jesús Luongo, exgerente de la Refinería de Cardón (Falcón). Al exfuncionario lo detuvieron en diciembre de 2018 en el aeropuerto de Maiquetía. Horas antes ejecutaron la detención de Salazar Carreño, por presuntamente desfalcar más de US$ 4.500 millones a Pdvsa durante el transcurso de varios años, informó en su oportunidad el Ministerio Público. Los fondos habrían terminado depositados en bancos en Andorra, un pequeño país europeo enclavado entre España y Francia y al que se considera un paraíso fiscal.

Desde su detención el empresario, como Salazar Carreño, permanece recluido en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Las razones de los magistrados

La Sala justificó su negativa en que los accionantes no agotaron todos los recursos a su disposición para subsanar las irregularidades denunciadas por ellos. Así se lee en el dictamen redactado por la magistrada Carmen Marisela Castro.

No pueden pretender los solicitantes que esta Sala de Casación Penal, mediante el avocamiento asuma la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales, pues las partes deben agotar todos los medios procesales idóneos que les ofrece la legislación adjetiva, para salvaguardar sus derechos, toda vez que el avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional y restrictiva, no un medio de revisión procesal de situaciones que deben ser resueltas por los Tribunales de Instancia correspondiente, argumentó el TSJ.

El máximo juzgado no consideró irregular el hecho de que el empresario siga tras las rejas, pese a que la decisión que prorrogaba su detención preventiva expiró en enero de 2022. Tampoco se alarmó ante la denuncia de los abogados del empresario de que ninguna de sus peticiones haya sido aceptada por los jueces que han conocido el caso. Ni siquiera aquellas relacionadas con su condición física. El empresario, según sus representantes, padece de diverticulitis y desde 2017 sus médicos han planteado la necesidad de operarlo. Esto sin contar otras patologías cardiacas y renales.

Una demora más

El juicio contra Salazar Carreño y Luongo Rotundo no se ha iniciado y parece que se demorará más en iniciar. En enero pasado la Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas decidió, de oficio, anular la audiencia preliminar (acto donde se acordó el enjuiciamiento de los acusados), porque no se incluyeron los alegatos de Pdvsa y de la Procuraduría General de la República.

La audiencia preliminar se celebró en marzo de 2021, luego de 21 diferimientos.

Las irregularidades en el uso de la detención preventiva han sido denunciados por instancias como la Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas.

Lea también:

El TSJ le jaló las orejas al Ministerio Público por solicitarle unas extradiciones que ya aprobó


Participa en la conversación