El pueblo de Tumeremo mantiene las denuncias contra el comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís. Este ordenó desalojar las minas a más tardar el 20 de diciembre. La noticia significa perder el principal sustento económico en el municipio Sifontes.
Ciudad Guayana. Hablar en Tumeremo del comandante del comandant es escuchar denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, robos de comida en las casas, hasta violación de mujeres. Son las acusaciones que el pueblo del municipio Sifontes, en el estado Bolívar, hace contra el Ejército.
Pese al miedo que persiste para denunciar, hay quienes dijeron basta y lo han hecho públicamente. Desde hace meses han acudido a la Fiscalía. Primero fue en Tumeremo, pero no obtuvieron respuesta. Luego acudieron a la de Puerto Ordaz. Ofrecieron una medida de protección para los familiares de las víctimas, pero los hechos se mantienen impunes.
El martes 3 de diciembre estuvo en el municipio una comisión nacional del Ministerio Público para investigar las denuncias contra Solís. En la plaza Bolívar, el pueblo esperaba a los fiscales para que le informaran de la interpelación y para que escucharan de ellos mismos todas las atrocidades que, aseguran, comete el comandante del Fuerte Tarabay y demás miembros del Ejército.
Mineros, cocineras, vendedores informales, familiares de desaparecidos y asesinados en las minas, motorizados, todos se unieron en una pequeña marcha con pancartas que exigían dos cosas: que sacaran a Solís de Tumeremo y justicia por todos los atropellos y violaciones.
Al notar la presencia de la prensa en el lugar, la comisión ni siquiera se bajó de sus vehículos y no se dirigió a la población. El pueblo quedó esperando. Más tarde, los representantes de medios de comunicación coincidieron con la representación de la Fiscalía en un restaurante donde estos almorzaban.
Sin siquiera ser abordados, tan pronto notaron que llegaron periodistas y reporteros gráficos, se levantaron inmediatamente de la mesa y se fueron. Trascendió que la comisión durmió esa noche en el pueblo, por cuanto presumen que las investigaciones continuarán.
Desalojar a como dé lugar
Para los pueblos en el sur de Bolívar, la principal fuente de sustento son las minas. De ellas no solo dependen mineros, también lo hacen quienes en los campamentos trabajan de cocineras, venden comida, helados, jugos, calzado, ropa, entre otros artículos. Los comerciantes viven de las compras que hacen los mineros.
Pedimos que nos entreguen las minas, el comerciante ya no vende. Yo vendo perros calientes y a veces lo que vendo es un paquetito de pan. Aquí nosotros sobrevivimos. ¿De dónde nos mantenemos? De las minas. Aquí no hay empresa para uno trabajar”, dijo Aidee Arévalo.
Desde la masacre en Corregente, en octubre de 2018, el Ejército tomó más de 30 minas en la zona. Algunos se aventuran a entrar por trochas, pero el que entra puede que no salga. O es asesinado o es desaparecido.
Ahora el comandante Solís les habría dado un ultimátum. Todas las minas en Tumeremo deben ser desalojadas a más tardar el 20 de diciembre.
“El señor Solís dijo que daba chance al 20 de diciembre, que el que no saliera de la mina, él no respondía. Entonces, ¿cómo hace uno, pues? Él dice que el 20 va a pasar algo grande aquí, porque dice que los va a sacar a como dé lugar. Él dijo que iba a ser una masacre”, denunció Mariluz Bodrego, quien se dedica a las ventas informales en las minas.
Agregó que prueba de ello fue que recientemente cuatro motorizados “se fueron para las minas y los mataron”: “No aparecen los cadáveres, el que lo quiere velar tiene que ser con una foto, porque el señor (Solís) no entrega los cadáveres de nadie, los cuerpos desaparecen”.
¿Qué pasará a partir del 20 de diciembre? Además de que temen una masacre, está la incertidumbre de cómo se mantendrán económicamente. En estos pueblos mineros aseguran que comen del trabajo en las minas.
“Nos iremos a comer unos con otros”, “será que vamos a robar”, “vamos a cerrar la troncal 10 hasta que nos abran las minas”, son algunas reacciones de la población.
Las denuncias contra Solís
Nuevas historias salen a relucir cuando se denuncia al comandante Solís.
“Ellos (Ejército) fueron los que lo mataron. Él se fue para mantenernos y darnos una vivienda porque no teníamos con qué. Él era mi único hijo, mi único sustento y el de mi nieta. Lo enterré el sábado y hay otros dos muchachos de San Félix que no aparecen”, contó Emma López, entre llantos desgarrados.
Su hijo Emmanuel González, de 35 años, fue asesinado hace unos 10 días. El cuerpo se lo entregaron en estado de descomposición.
Al menos en la morgue no aparecen los cuerpos de los desaparecidos. Los habitantes de Tumeremo hablan de por lo menos seis asesinados el fin de semana entre el 22 y 23 de noviembre en las minas Sindicato y La Iguana. Deysi Castillo enterró a su hermano David, de 27 años. Fue en la mina La Iguana donde le dispararon. El informe dice que hubo resistencia a la autoridad, pero quienes pudieron escapar aseguraron que no hubo voz de alto, tampoco enfrentamiento, les dispararon a matar.
“Él presentó dos tiros, uno en la pierna y otro en la espalda. Cuando hay enfrentamiento, los tiros son de frente, no por la espalda. Pedimos justicia, queremos a Solís fuera de Tumeremo porque ha hecho mucho daño”, manifestó Castillo.
“Tenemos miedo”
La tensión en Tumeremo es constante. Cuentan que los asesinatos y desapariciones no solo ocurren en las minas, también en el pueblo. Basta con que llegue el Ejército.
“Se meten en las casas a robar la comida, el oro, los celulares, hay muchas mujeres que han sido violadas”, reiteraron los pobladores.
De repente ahorita estoy denunciando, y antes de que llegue a mi casa el señor Solís me intercepta y me desaparece o me saquea la comida. Hasta violan a las mujeres”, denunció Eliana Caña, habitante de Tumeremo.
“Tenemos miedo. Tengo a toda mi familia trabajando en las minas Vuelvan Caras, Sindicato y Catalinas. Todas las noches no puedo dormir con la zozobra de que les pase algo (…) Tengo amigos que los mataron y los familiares no les han podido dar cristiana sepultura porque los cuerpos no aparecen (…) La orden de Solís es que ellos van a llegar echándole plomo a todo el mundo”, señaló Gabriela Araque, esposa de un minero.
La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad es tal que prefieren la ley del “sindicato”, los grupos armados que lideran en las minas, o lo que ellos también conocen como “el sistema organizado”.
Aseguran que con ellos, “el sistema”, viven tranquilos y sin la zozobra a la que los ha sometido Solís desde que llegó a Tumeremo hace unos tres años.
“Con el sistema, nadie te roba, trabajas tranquilo en la mina, está organizado”, afirmó un habitante del pueblo.
Las denuncias incluyen a la Guardia Nacional y la policía. Los acusan de detenciones arbitrarias para poder cobrar “vacunas” en oro por su liberación.
La amenaza con cerrar la troncal 10, vía internacional que comunica con los demás municipios del sur y con Brasil, sigue latente. “Algo tendremos que hacer, pero de hambre no nos vamos a morir”, afirmaron.
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