La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que demandó al Estado por el caso del militar (r) Milton Gerardo Revilla. Esta es la segunda querella que la instancia presenta contra el país ante el tribunal continental.
Caracas. Las actuaciones irregulares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la justicia le costarán a Venezuela un nuevo juicio internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará al Estado por la detención arbitraria y las torturas que agentes de este organismo habrían perpetrado contra un militar retirado; y por haberle negado su derecho a ser procesado por su juez natural.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió demandar a Venezuela ante el juzgado continental por el caso del mayor (r) Milton Gerardo Revilla, anunció el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) en un comunicado de prensa.
La instancia tomó la decisión tras verificar que funcionarios venezolanos le violaron al oficial al menos siete de los derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (integridad personal, libertad, libertad de pensamiento y de expresión, derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial y a la salud).
Haciendo memoria
El calvario de Revilla comenzó en 2010, cuando fue aprehendido por agentes del Dgcim en su sede en Caracas y posteriormente fue acusado por la Fiscalía Militar por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y de atentar contra la imagen de la Fuerza Armada Nacional (FAN). El motivo fue hallar y denunciar presuntos vínculos entre las guerrillas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y otros grupos irregulares con altos funcionarios venezolanos.
Durante su aprehensión Revilla habría sido torturado para que confesara una supuesta relación con dos periodistas venezolanos residentes en el exterior (Patricia Poleo y Orlando Ochoa). Sus captores le habrían propinado “golpes, choques eléctricos y aislamiento en condiciones crueles, inhumanas y degradantes durante los interrogatorios y privación de libertad”.
“Los hechos de tortura y condiciones de detención, junto con la falta de atención médica, causaron a la víctima un deterioro de su salud y afectaciones a su integridad personal”, denunció la instancia al anunciar su querella.
Los señalamientos tienen asidero. No se puede olvidar que agentes del Dgcim fueron condenados recientemente por torturar hasta la muerte en junio de 2019 al capitán Rafael Acosta Arévalo.
La justicia también
La Comisión Interamericana no solo consideró que el Dgcim vulneró los derechos fundamentales de Revilla, sino también la justicia. ¿La razón? Porque fue procesado, y condenado a más de seis años de prisión en 2012, por tribunales militares. Esto, a pesar de que ya no era miembro activo de la FAN.
La instancia, en su querella, consideró que al oficial retirado no lo procesó su juez natural y, por ello, no fue oído por un tribunal competente, independiente e imparcial.
Lo anterior corrobora lo señalado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas, la cual en su informe de 2021 denunció:
“La misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al Gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Los efectos del deterioro del estado de derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad”.
Esta es demanda la segunda que la CIDH presenta contra Venezuela en la Corte IDH en diez días. La primera fue la relacionada con la manera como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despacharon las denuncias de irregularidades en las reñidas elecciones presidenciales de 2013.
Participa en la conversación