Según el informe del Monitor de la Fuerza Letal en Venezuela uno de cada tres homicidios es cometido por agentes de seguridad del Estado. Las víctimas que mueren durante la intervención de la fuerza pública son de sectores populares.
Caracas. Venezuela es el país con casos más extremos de abuso de la fuerza letal en la región, según el informe del Monitor de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe. Uno de cada tres homicidios ocurre como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
Según la investigación Venezuela está por encima de países como Jamaica, Brasil, México, Trinidad y Tobago, El Salvador, Colombia y Chile. Entre 2016 y 2019 el Monitor de Fuerza Letal documentó que 16.280 civiles fueron asesinados por agentes de seguridad en servicio.
En julio de 2019 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Venezuela con cifras oficiales y explica que “las autoridades clasifican las muertes violentas, resultado de las operaciones de seguridad, como ‘resistencia a la autoridad’”. Y solo en 2018, el gobierno de Nicolás Maduro registró 5287 muertes en esa categoría.
“Gracias a este informe se logró completar la construcción del histórico de muertes por estas causas entre 2010 y 2018, llegando a un total de 23.688 víctimas”, resalta el informe, que agrega que en los años siguientes el Estado no ofreció cifras oficiales de fallecidos por intervención de la fuerza pública.
Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales y miembro del Monitor de Fuerza Letal y de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), explicó que entre 2016 y 2018 murieron a diario 15 jóvenes por estas mismas causas.
“Si observamos las tasas por cada 100 mil habitantes, y comparamos con países vecinos, triplicamos al país que más se nos acerca que es Jamaica. Una tasa de 16,6 muertos por intervención de la fuerza pública es una cifra superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo”.
En Jamaica, el país con la segunda mayor tasa de incidencia, más de 85 civiles murieron por agentes de seguridad pública por cada funcionario asesinado, según el informe.
Ávila añadió que según la información oficial disponible el porcentaje que ocupan estas muertes dentro de los homicidios en Venezuela es cada vez mayor. En 2010 era de apenas 4% y ocho años después llega a 33 %.
“Para tener una idea en Brasil este tipo de casos apenas ocupan 7% de sus homicidios. Durante 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil 4.670 muertes, Venezuela 4.998”, dijo.
El informe también detalló que las víctimas que mueren por la intervención de la fuerza pública son jóvenes, que viven en sectores populares o en barrios periféricos del país y tienen entre 26 y 27 años. La mayoría de estos casos ocurren en un contexto de operativos policiales que son justificados de forma oficial como la “seguridad ciudadana”.
La investigación hace énfasis en que en el país no hay transparencia sobre las muertes por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, las cifras oficiales fueron obtenidas a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y exclusivamente para 2018, sin embargo los datos obtenidos a través de los medios de comunicación “indican que la situación se agravó en 2019”.
El Monitor del Uso de la Fuerza Letal recomendó a Venezuela cesar los operativos policiales y condenar el uso excesivo de la fuerza, en especial los casos de ejecuciones extrajudiciales.
“Se debe hacer énfasis en las responsabilidades de la cadena de mando, así como prohibir la eventual existencia de grupos armados que actúen al margen de la estructura formal del Estado que puedan incurrir en este tipo de actos”.
Entre otras recomendaciones, exigió al Estado proteger a los familiares de las víctimas y a los testigos del uso de la fuerza letal, en especial a quienes han sido objeto de amenazas.
También insistieron en el déficit importante de información pública, acerca del uso de la fuerza letal, que hay en los ocho países investigados de América Latina y el Caribe.
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