La “ley antibloqueo” plantea en sí misma la privatización de estos entes, que no es la que requiere el desarrollo del país, dijo el economista Gerver Torres en un seminario de Cedice. Se concluyó que el Estado debe retirarse de toda actividad productiva, redefinir la relación con el sector privado, y dar participación a este para sacar al país de la crisis.
Caracas. Venezuela es el país que ha experimentado en los últimos 20 años el mayor crecimiento de las empresas públicas en el mundo, de acuerdo con data reciente. Sin embargo, más de 800 de estas, de todos los sectores, se encuentran en niveles críticos de la cadena productiva, lo cual está afectando toda la economía.
El economista y consultor internacional, Gerver Torres, hizo el señalamiento y destacó la necesidad de disminuir el papel del Estado para dar impulso a la sociedad civil y, concretamente, al sector privado en el ámbito económico. Consideró el momento como una oportunidad única para hacerlo, en el contexto de la privatización que él prefirió llamar “reprivatización” de las empresas públicas. Y explicó por qué.
En realidad son públicas solo en apariencia. Están sometidas a intereses de grupo, de nomenclatura, partidistas, y están quebradas por la corrupción y la ineficacia. La Ley Antibloqueo plantea ella misma esa privatización de forma solapada”.
En su opinión, se impone una reforma radical y esto significa ir hacia la desestatización de la sociedad y darle plena vigencia a la sociedad civil y al sector privado en la economía. “El Estado no tiene por qué asumir el papel de empresario. Y además ya no cuenta con recursos para inversiones públicas, y tampoco se los van a prestar para que invierta en empresas en las que podría haber un participante privado”.
Torres intervino como especialista en privatización en el seminario web La Participación Privada como aporte al Desarrollo, organizado por Cedice, este viernes 16 de octubre. No descartó la existencia de dificultades en el sector privado para alcanzar el desarrollo deseado. “Tendremos que ver el músculo financiero, además resolver los problemas del marco regulatorio y contrataciones laborales”.
Cuando uno compara estos procesos con regímenes comunistas y la salida hacia una economía de mercado, vemos problemas que ahora lucen relativamente pequeños comparados con los que tiene Venezuela a la hora de hacer esa transición, debido a la destrucción tan fenomenal que se ha producido en estos últimos 20 años”, indicó.
Relación de sectores en cifras
En este encuentro virtual otros tres especialistas analizaron también la relación entre el sector público y el sector privado frente al desafío de destrancar al país y echarlo a andar. Fueron el economista Efraín Velásquez, y los ingenieros Nelson Hernández y Evanan Romero, expertos en energía y petróleo.
Velásquez, por su parte, expuso los efectos del peso excesivo del Estado en la actividad económica, en términos del PIB. Citó cifras del BCV elaboradas al cierre de 2018, con proyecciones propias.
El PIB para el sector privado en el año 2000 se encontraba por encima de 65 %, mientras que el público estaba en 34,9 %. La relación cambió a partir de 2018, cuando el privado cayó 49 % y más de 48 % en 2020, frente al público ubicado entre 50 % y casi 52 % en esos dos años.
El efecto en la inflación tuvo un peso relevante, más aún en términos de consecuencias macroeconómicas, expresó el economista. En el 2000, la inflación fue de 13,4 %, pero luego se alcanzaron escenarios cada vez más volátiles hasta el 2018, cuando se llegaron a procesos hiperinflacionarios: en 2018 fue de 130.060,2 %.
Ese proceso inflacionario se debe al tamaño del sector público y su incapacidad de tener fuentes de financiamiento normales, por lo que tiene que terminar financiándose a través de emisión de dinero, explicó.
En el caso venezolanos vemos que el incremento de la participación del sector público redunda en una volatilidad de precios, producto de la necesidad de financiamiento monetario para poder hacer viable la actividad. Con los costos económicos y sociales indeseados para la población”.
Señaló que es necesario abrir espacios para obtener una estrategia integral que permita crecimiento económico de Venezuela, con sostenibilidad a largo plazo. Esto significaría la recuperación del sector petrolero y una reforma fiscal que involucre la reestructuración de la deuda pública, así como la recuperación de impuestos petroleros y no petroleros.
“Venezuela requiere de la construcción de consensos con relación a las políticas a instrumentar para garantizar el éxito a largo plazo”, indicó.
Hernández y Romero abordaron las dificultades en materia de servicios públicos y de petróleo, signadas por el fuerte control estatal que llega a la sociedad venezolana. Y no es posible recuperar la libertad sin energía, destacaron.
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