“Ya no tenemos nada. Estamos muriendo” es el grito de auxilio de los habitantes de Mata Redonda en Maracay

Después de 15 años de angustiosa y calamitosa espera para que se materialicen las sentencias del TSJ, más de 300 familias, propietarias originarias del urbanismo Mata Redonda, temen morir en medio de las aguas contaminadas del Lago de Valencia. Algunas, además de sus enseres y bienes, también han perdido a seres queridos debido a la contaminación y a la depresión.

Maracay. “Qué van a esperar?, ¿qué los propietarios que aún quedamos salgamos muertos en bolsas negras? Ya no tenemos nada. Estamos muriendo”. El desgarrador grito de auxilio lo lanzan los casi 350 propietarios originarios de la urbanización Mata Redonda, al sur de Maracay. Un urbanismo que durante tres quinquenios ha sido inundado por las putrefactas y contaminadas aguas del Lago de Valencia.

Yelitza González es enfática al denunciar que los habitantes de Mata Redonda y La Punta, cansados de la indolencia y el olvido oficial, no pueden seguir esperando un desalojo y una indemnización que determinó el Tribunal Supremo de Justicia mediante las sentencias 1632 y 1752, dictadas en 2006 y 2007, respectivamente, y en las que se ordenaba al Estado venezolano: el inmediato desalojo de la zona, “previo restablecimiento del valor de las viviendas”.

Pero han pasado 15 años. Tiempo en el cual muchos de los propietarios han enfermado o han muerto. Como la esposa de Edgar Trejo, fallecida en junio pasado luego de vivir por 40 años en el urbanismo.

“No pido otra cosa que la ejecución de la sentencia”, dice en voz baja, mientras muestra una bolsa en la que lleva los zapatos que se pone cuando debe salir de las calles inundadas de Mata Redonda. Usa unas botas plásticas, como la mayoría, para evadir las culebras, ratas o babas que conviven en la zona y que nadan en una laguna hedionda que se formó frente a su corroída vivienda, que ahora habitan solo él y su tristeza.

Hace poco resbaló y se cayó. Aún se nota el hematoma que le quedó en el envejecido brazo izquierdo. Tiene 75 años de edad.

Una de sus vecinas, tres años menor, padece hipertensión y arritmia. Lo perdió todo.

Han sido los vecinos que nos donaron algunas cosas, pues mi esposo de 76 años de edad y yo perdimos nuestros corotos y un carrito viejo que teníamos”, cuenta con desespero Gloria Ojeda, al tiempo que clama para que alguien se conmueva y los saque de allí.

Agrega: “Damos lástima, cuando llueve debemos salir a buscar un refugio o cobijo en otras casas y esto es deprimente”.

Las familias afectadas han padecido a lo largo de 15 años, no solo la pérdida de sus bienes materiales y sus viviendas. También lamentan cómo algunos de sus miembros han muerto de pena y depresión.

Como la esposa de Pedro Bermúdez, otro habitante fundador, por años ejecutivo de una reconocida empresa trasnacional de refrescos y que hoy vive solo en un cuarto alquilado.

Mi esposa falleció debido a una profunda depresión. No quiso saber más nada de la vida luego de perder todo el esfuerzo de su trabajo como acupunturista, en medio de las aguas sucias que inundaron nuestra casa y nuestros bienes”, cuenta con voz entrecortada.

Se le nota la pena y la impotencia de ver las condiciones en las que aún muchos de sus vecinos permanecen. Pide ayuda económica para intentar recomenzar. “Esto es triste y difícil. Un ser humano no puede vivir en estas condiciones”, dice.

Vivir en medio de una gran cloaca

Mucho se ha dicho de lo peligroso y dañino que resulta para los habitantes de las urbanizaciones al sur de Maracay que colindan con el lago de Valencia, la exposición sistemática a las contaminadas aguas de este reservorio endorreico. Las aguas servidas de la ciudad se mezclaron con las que proceden de los cauces de ríos como el Madre Vieja y las del lago de Valencia, lo que ha convertido a esa zona en una inmensa cloaca.

Las enfermedades de la piel, respiratorias y la proliferación de vectores propagadores del dengue, zika, chikungunya, paludismo y hasta de fiebre amarilla son recurrentes.

Otras, menos conocidas, han sido detectadas tardíamente. Como una bacteria en el hígado que cobró la vida de un bebé de apenas cuatro meses de nacido.

Su madre, Yaneth Ríos, no puede contener el llanto cuando recuerda cómo su hijo falleció hace apenas dos meses, luego de permanecer tres en un hospital, mientras los médicos determinaban las causas de sus padecimientos.

“Mi bebé también contrajo citomegalovirus, virus herpes. Cuando los médicos descubrieron lo que tenía, ya era muy tarde”, cuenta mientras las lágrimas le obligan a una pausa.

Asegura, porque así se lo habrían confirmado los médicos tratantes, que su hijo murió por el alto grado de contaminación en el que nació.

Estudios médicos refieren que el citomegalovirus es una amenaza mucho más grande para las mujeres embarazadas, además de que es el principal causante de malformaciones como microcefalia y sordera en recién nacidos.

El virus solo se puede contagiar a través de la saliva, la leche materna, los fluidos vaginales, el semen, la orina y las heces. Las aguas residuales son la principal fuente de microorganismos patógenos que se transmiten a través del ambiente y que llegan a la población, especialmente, a través de la contaminación del agua usada para beber, para la preparación de comida, para lavar, o para usar en el baño.

Yaneth Ríos, señala con su dedo índice la casa donde vive con su suegro, que además padece asma perenne. Las aguas verdosas y hediondas persisten frente al viejo portón de entrada. “Sáquennos de aquí”, clama Ríos.

La última esperanza es el BID

Han sido 15 años de lucha, de clamores y reclamos. Hoy, desesperadas, las 350 familias originarias que aún permanecen en la zona, centran sus últimas esperanzas en una ayuda humanitaria que solicitaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

Yelitza González explica que debido al silencio y a la desatención gubernamental recurrieron a la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe: el Banco Interamericano de Desarrollo, para obtener una ayuda financiera que les permita salir finalmente de Mata Redonda y La Punta.

Para ello, necesitan que la Asamblea Nacional de 2015-2020, que presidía Juan Guaidó, apruebe el informe que se levantó hace seis meses, cuando algunos ahora exdiputados como Karin Salanova y Freddy Castellanos celebraron una asamblea ciudadana en la zona.

“El BID solo reconoce a esta instancia legislativa para que tramite nuestra solicitud. No podemos esperar más. Cada día muere alguien. Nuestro llamado es a Juan Guaidó para que aprueben y remitan ese informe al organismo multilateral”, exige con vehemencia.

Se trata de la última esperanza que tienen las casi 350 familias, que, a decir de Hugo Jiménez, otro de los propietarios, parecieran ser fantasmas para las autoridades y para el TSJ.

El TSJ nos comunicó, recientemente, que el caso de Mata Redonda y La Punta estaba cerrado. Que aquí no hay nadie. Fue en una reunión a inicios de octubre, luego de un peloteo para atender a nuestro abogado”, explica.

Apenas les prometieron enviar una comisión de la Defensoría del Pueblo para verificar la situación y que todavía esperan.

“Como si 15 años no fueran necesarios para corroborar el estado en que sobrevivimos. Pero para ellos somos fantasmas”, afirma Jiménez.

Durante el encuentro con la prensa el pasado 8 de octubre, se evidenció la presencia de varios jóvenes con identificación del Instituto Nacional de Estadística, que realizaban un censo en la zona. Uno más entre los tantos que se han levantado.

De las más de 1500 familias que vivían en la zona, aún quedan por indemnizar y desalojar unas 350, de acuerdo con los cálculos de los propios vecinos. Sin incluir, por supuesto, a los invasores.

Y es que pese a la medida de desalojo que incluía la demolición de las viviendas indemnizadas, muchas personas ajenas a la comunidad fueron ocupando las casas abandonadas.

“Esas invasiones también son responsabilidad del Estado. La sentencia fue clara. Casa indemnizada, casa derribada, pero ahora hay más gente que cuando comenzaron las pequeñas indemnizaciones, en la época del gobernador Rafael Isea”, detalla Jiménez.

Se calcula que unos 700 invasores han tomado las viviendas desalojadas, mientras que personas ajenas al urbanismo derriban las que aún permanecen en pie, para llevarse ventanas, puertas o algún material que no haya sido corroído por las aguas.

Mientras tanto, los afectados rezan para que no siga lloviendo. En los últimos meses, la zozobra y la angustia se les han desbordado, al igual que las aguas del contaminado lago de Valencia que los obliga a dormir en los techos de sus casas.

Esto clama ante los ojos de Dios. Quienes seguimos aquí, en su mayoría, somos los fundadores y esto era el patrimonio que queríamos dejarle a nuestros hijos. Ahora, ¿qué patrimonio tenemos? Ninguno”, asegura Hugo Jiménez.