Áreas mineras de Bolívar y Amazonas registran más de 40 muertes violentas en los últimos cuatro años

Más de 40 personas en Amazonas y Bolívar fueron asesinadas en el contexto minero

De acuerdo con la ONG FundaRedes, 44 personas de Amazonas y Bolívar, 20 de ellas indígenas, fueron asesinadas entre 2019 y 2023 en el contexto de la violencia asociada al Arco Minero del Orinoco

Ciudad Guayana. La ONG FundaRedes presentó su informe Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas. Allí se precisa que entre 2019 y lo que va de 2023 documentaron 44 asesinatos de personas de los estados Amazonas y Bolívar, en el contexto de la violencia minera.

De esas más de 40 personas, 20 pertenecían a comunidades indígenas, 11 de Amazonas y 9 de Bolívar. Las muertes se asocian a grupos irregulares armados y miembros de la Fuerza Armada Nacional como victimarios.

El informe cita al Observatorio de Ecología Política de Venezuela, cuando en 2022 manifestó su preocupación por el incremento de asesinatos de indígenas en Amazonas, y que en su mayoría se vinculan con “grupos armados extranjeros que controlan la explotación aurífera en esos territorios”.

En la mayoría de los casos, estas muertes fueron a consecuencia de una pugna por el control territorial de los yacimientos auríferos de ambas entidades. A ello se suman las represalias por denunciar las irregularidades que implican la minería ilegal en sus zonas, como ocurrió con el líder indígena uwottuja Virgilio Trujillo.

Todo ello ocurre sin que el Estado venezolano vele por garantizar sus derechos humanos, indica la ONG. Incluso, parte de las denuncias van en contra de sus cuerpos de seguridad.

“Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar”, recalcó la organización.  

Casos emblemas

En el territorio del Arco Minero del Orinoco se presentan múltiples situaciones delictivas. Desde contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y extracción ilegal de minerales. Esta situación también la ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana.

Uno de los casos emblemáticos sobre estos asesinatos fue el de Parima B. Cuatro indígenas yanomami fueron víctimas de funcionarios militares en una discusión por el uso de un dispositivo de wifi que pertenecía a la comunidad indígena y estaba en manos de los uniformados. Esa situación fue más que un detonante ante hechos de atropellos que venían acumulando.

“Una comunidad yanomami al sur de Venezuela consiguió la donación de un equipo para conectarse a internet, para la que acordó con los militares de la zona instalarlo en su base porque el lugar cuenta con paneles solares. Decidieron compartir la conexión wifi. Tras un relevo del personal en el puesto de la Aviación, el trato se rompió y los indígenas fueron a reclamar. En la discusión, cuatro yanomamis resultaron muertos. Otros tres heridos, entre ellos un adolescente de 16 años, además de dos funcionarios. La comunidad de Parima B llora a sus muertos y está en rebelión desde que ocurrió el incidente”, declaró un testigo a medios extranjeros.

Sin garantías

En septiembre de este año, la Operación Autana dejó tres víctimas, incluyendo un menor de edad. Se trató de una incursión de las Fuerzas Armadas al parque nacional Yapacana.

“44 pueblos indígenas que habitan en los estados fronterizos de Venezuela: Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso ilegal de mercancías, combustibles y personas”, advierte FundaRedes.

La violencia minera va en ascenso. En 2016, luego de la masacre de Tumeremo, en Bolívar, la ONG Provea exigió al Estado erradicar a estos grupos irregulares armados. En ese hecho hallaron a 16 personas sin vida. El presidente Nicolás Maduro señaló como autores de la masacre a un grupo de paramilitares, integrados por personas de nacionalidad colombiana.

Denunciar estos hechos del contexto minero en Bolívar y Amazonas, y enfrentarse a estos grupos o la misma Fuerza Armada, a quienes se les señala de permitir el ingreso de grupos delictivos y la guerrilla extranjera a territorio venezolano, es enfrentarse a las represalias de los denunciados.

Fue así como ocurrió con el indígena uwottuja Virgilio Trujillo. Fue asesinado de disparos en la  cabeza el 1° de julio de 2022 en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. El ataque fue presuntamente por la guerrilla colombiana.


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