Negativa del Sebin a trasladar al capitán Caguaripano impidió celebración de su audiencia en Valencia

incendio cerro El Café

El caso en el que presuntamente estaría implicado el capitán Caguaripano incluye la sustracción de 500 fusiles AK-103 con 500 cargadores, 50 lanzagranadas múltiples de 40 mm, 140 granadas de 40 mm, 80 bayonetas y 60 pistolas. ​

Valencia- El pasado viernes 5 de agosto se debía celebrar una nueva audiencia para darle continuidad al juicio del capitán Juan Carlos Caguaripano, quien fue implicado en el asaltó al Fuerte Paramacay del 6 de agosto de 2017. Casi cinco años después la historia no ha concluido y lejos de finalizar el sistema judicial continúa dando largas al caso.

El abogado de Caguaripano, Kelvi Zambrano, considera que el caso se encuentra estancado desde que en 2019 comenzaron los procesos en los tribunales militares de Caracas. Cabe destacar que producto de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, la causa fue llevada a un tribunal ordinario en Valencia.

“Como hemos indicado en instancias internacionales este juicio ha incurrido en varias irregularidades y violaciones. La primera es que el caso no está supeditado al principio de la publicidad y la participación ciudadana. Por tal motivo deben permitir la participación pasiva de todos los ciudadanos”, explicó Zambrano.

Detalló que este principio es una forma de control del sistema de justicia que busca garantizar espacios idóneos para presenciar los actos judiciales que fueron de conmoción nacional.

El abogado, que conforma la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, precisó que otra de las irregularidades que envuelven el caso Paramacay es que la justicia militar ha tomado parte en juicios a civiles: “Es una violación de nuestras legislación y de la jurisprudencia internacional”. Esto en referencia a que la justicia castrense solo puede juzgar a militares y por delitos específicos.

Fotografía: Armando Díaz.

Para el experto, lo más delicado en este caso son las torturas sufridas por Caguaripano, que han complicado su estado de salud. “No podemos olvidar que a Juan Carlos Caguaripano le propinaron golpes en sus partes íntimas, lo cual no solo deterioró su salud, sino que también obligó a que tuviera que recibir varias intervenciones quirúrgicas”.

Las torturas sin investigación

Aunado a esto, en la actualidad no existe ni una sola investigación por parte de la Fiscalía para iniciar los procesos pertinentes y se determinen las responsabilidades. “Todos los privados por el caso Paramacay fueron torturados y a pesar de nuestras denuncias no han iniciado algún proceso”, aseveró.

El pasado 5 de agosto el equipo de abogados esperaba que se realizara el pertinente traslado de Caguaripano, que se encuentra recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sede El Helicoide. Una vez realizado el traslado que no ocurrió se esperaba que el tribunal se constituyera y se incorporaran pruebas documentales o que algún testigo declarara o un experto con alguna experticia. 

Fotografía: Armando Díaz.

Como parte del equipo también estuvo presente la abogada y defensora de derechos humanos Theresly Malavé. Desde su perspectiva, el proceso es “muy difícil”, puesto que la lentitud ha sido un problema constante. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de conversar con Caguaripano y los otros detenidos les comenta que esta tardanza en algunas oportunidades es mejor.

“¿Qué estamos esperando? Que se haga justicia en un caso en el que Caguaripano dice que se opuso a la opresión de conformidad al 350 de la Constitución. Pero que desde la perspectiva del que oprime es traición a la patria, asociación para delinquir y otros crímenes”, comenta Malavé. De hecho, a su juicio, dichos crímenes no coinciden con la conducta de Juan Carlos Caguaripano.

La acusación contra Caguaripano incluye la sustracción de 500 fusiles AK-103 con 500 cargadores, 50 lanzagranadas múltiples de 40 mm, 140 granadas de 40 mm, 80 bayonetas y 60 pistolas.

Caguaripano espera justicia

Malavé puntualizó que a 13 de  las 17 personas presuntamente implicadas las condenaron a 30 años de cárcel. También hubo penas de 25 a 20 años; la más corta fue de 5 años. “Y eso porque ese muchacho siempre lo imputaron de encubridor cuando no lo era”, acotó.

No le queda duda alguna de que lo que se vivió el pasado 4 de agosto en los tribunales fue un golpe por parte del sistema judicial a aquellos venezolanos que aún creen en el sistema. En este caso 29 personas fueron perseguidas.

“De ese caso se dijo que hubo 400 personas que ingresaron al fuerte. Hay muchos otros muchachos que también están presos y los imputan como si ellos asaltaron el fuerte y robaron las armas, y nada de eso pasó. Ellos estaban manifestando”, dice en referencia a un grupo que estaba cerca del destacamento militar, pero en actitud de protesta. 

Fotografía: Armando Díaz.

Sobre este tipo de acciones por parte del sistema judicial, Malavé opina que es una forma de mostrar un castigo ejemplarizante proveniente del Poder Ejecutivo. La falta de avances en el caso de Caguaripano es otra forma de mostrar las facultades. Otra manera de generar cansancio es agotar a los abogados, a quienes citan en el Palacio de Justicia a las 9:00 a.m.

Pero, la realidad es que a las 4:00 p.m es que el Sebin da la orden de iniciar el traslado. “Esto lo hacen después de trasladar a todos los presos comunes, como si Caguaripano fuese una especie de Hannibal Lecter ¡Por favor! Si dos hombres con un fusil pueden reducirlo fácilmente”, dijo.

Una vez el Sebin da la orden, Caguaripano llegaría a eso de las 7:00 p.m. En todo ese tiempo los abogados leen una y otra vez los documentos. “Uno sale cansado de esas audiencias, además que los baños están dañados. Son una serie de circunstancias que te agotan. Ese palacio es una calamidad. Tienes que esperar parado, porque no hay espacio para sentarte. Eso es adrede para generar desesperanza, pero hay que continuar y decir si vamos hacia allá”, expresó.

El pasado 6 de agosto Malavé informó a Crónica.Uno que la audiencia no se pudo realizar, porque el Sebin no dio luz verde para el traslado.


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