Al menos 900 audiencias han dejado de celebrarse en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Apure en el tiempo que tiene sin funcionar, por los destrozos hechos durante una protesta ocurrida en noviembre del año pasado.
San Fernando. Tres meses sin actividades cumple el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) del estado Apure, que fue violentado por manifestantes el 8 de noviembre de 2022.
Un tribunal de guardia tramita “amparo constitucional o acciones de protección, autorizaciones de viaje, pasaporte, visa, cobro de acreencias, restituciones de custodia nacional o internacional y otros asuntos que por su naturaleza ameriten trámite con urgencia”, indica la resolución 04-2022, del 9 de noviembre de 2022.
La resolución, fijada en la puerta de la oficina del circuito, designa al equipo de guardia, pero aun así, “el acceso a la justicia no es inmediato ni expedito”, consideró el abogado Elicar Ascanio.
Ascanio es el defensor de Nagham Al Hossin, la madre de los niños por cuya custodia se desató la protesta que culminó en destrozos de la sede judicial y, por eso, aclara que no participó en estos hechos y que los deplora.
Indicó que el cierre ha pospuesto una audiencia de advenimiento para acordar un régimen de convivencia familiar entre su representada y la contraparte.
Esta acción, así como colocaciones familiares, entidades de atención y todas las demás estipuladas en la extensa lista del artículo 177 de la Lopna solo se pueden tramitar por el tribunal, explicó Ascanio.
El Circuito Judicial de Lopna es uno de los más activos del estado por la materia especial que regula, así como por el número de causas que procesa, indica.
Agrupa a los tribunales de primera y segunda instancia, ejecución, juicio, superior, equipo multidisciplinario y coordinación general, y legisla para cinco municipios, excepto Páez y Rómulo Gallegos, que tienen su propio circuito, añade.
El circuito de Lopna Apure celebra en promedio 10 audiencias diarias, confirma una fuente interna de la instancia judicial. Basado en este dato se calcula que, en tres meses, ha dejado de realizar, al menos, unas 900 audiencias.
En la resolución 04-2022, firmada por Julio Suárez, juez superior y coordinador del Circuito Judicial de Lopna, se lee que “las sedes judiciales no se encuentran operativas para funcionar con normalidad en el ejercicio de las actividades jurisdiccionales”.
Por eso, Suárez resuelve “suspender las actividades laborales hasta nuevo aviso de acuerdo a las instrucciones giradas por la Coordinación Nacional de Protección de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”.
Los daños permanecen
Todavía no han arreglado la pared del Tribunal Superior de Lopna que según se vio en video viral la derribó un hombre, a patadas; luego se supo que era José del Carmen Betancourt, jefe de Transporte de la Gobernación de Apure. Una cartelera de vinil y trozos de cartón la sustituyen.
Tampoco han sido reparados el mobiliario, puertas, protectores y ventanas de la oficina del circuito, también dañados por Betancourt, de acuerdo con las imágenes.
El 8 de noviembre, Betancourt acudió al tribunal con Elizabeth Gimón, esposa del gobernador de Apure, Eduardo Piñate, para respaldar a Nagham Al Hossin y rechazar la sentencia del juez superior Julio Suárez.
Suárez había sentenciado a favor de un amparo introducido por Mohannad Sijaa, padre de los tres hijos de Al Hossin, que le otorgó a Sijaa su custodia provisional.
Según Marcos Goitía, abogado de Sijaa, su cliente introdujo este amparo porque la madre violó el régimen de convivencia que se acordó tras el divorcio, en febrero de 2002, y le negó al padre ver a sus hijos.
La ejecución de este amparo originó la protesta a favor de la madre.
Goitía explicó que como la Sala Constitucional no ha decidido sobre el amparo de Al Hossin contra el de Sijaa, está vigente la sentencia de Suárez; por lo cual, al negarse ella a su cumplimiento, está en desacato.
Al Hossin será querellada por Sijaa al abrir el circuito, así como las personas que convocaron la protesta en rechazo del fallo judicial de Suárez, “porque incitaron al desacato de una orden judicial”, afirmó Goitía.
Gimón de Piñate aseguró ante el juez rector de Apure, Edwin Blanco, que el fallo de Suárez fue comprado por Sijaa, por lo que sugirió que al juez que los daños se cancelen “de lo que le pagaron”.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura aún no ha hecho reparaciones porque la investigación está sin concluir y porque aguarda autorización del TSJ, informó Carlos Domingo Novoa, director regional de la DEM.
Investigación sin resultados
La fiscal nacional 85 con competencia en Derechos Humanos todavía no revela los resultados de la investigación sobre los hechos violentos contra la instalación judicial a pesar de que, antes de finalizar 2022, interrogaron al menos 30 trabajadores, informó la fuente interna del circuito.
Iliana Castillo, fiscal auxiliar superior de Apure, informó que no pueden suministrar información porque es materia de la Fiscalía Nacional asignada.
Versiones no oficiales indican que el cierre del circuito se prolongará hasta marzo de 2023, porque la Fiscalía Nacional planea reanudar la declaración de testigos debido a que no está conforme con la evacuación hecha por su homóloga apureña.
Mientras tanto, los trabajadores del circuito están en sus casas “algunos todavía afectados psicológicamente por los sucesos”, aseveró la fuente y a la espera de la instrucción de la Sala de Casación Social del TSJ para retomar sus labores.
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