Consejo Universitario de la UC exige liberación de las médicos residentes del Hospital de Maracay

A casi tres días de la detención arbitraria de las médicos Geraldin Aria, Laura Murillo y Gabriela Zavala, todas cursantes del postgrado de gineco-obstetricia de la Universidad de Carabobo, núcleo Aragua, y residentes en el principal centro asistencial del estado Aragua, la Universidad de Carabobo, la Sociedad de Médicos Internistas y Residentes (Somir) y Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, coinciden en exigir su liberación. La Fiscalía 4ta. del Ministerio Público les ha imputado, al menos, seis delitos.

Maracay. Cuando se cumplen casi 72 horas de la arbitraria detención de tres médicos, Geraldin Aria, Laura Murillo y Gabriela Zavala, todas cursantes del postgrado de gineco-obstetricia de la Universidad de Carabobo, núcleo Aragua, y residentes en el principal centro asistencial del estado Aragua, acusadas por la Fiscalía 4ta. del Ministerio Público de, al menos, seis delitos como homicidio intencional, asociación para delinquir, tráfico de menores, violencia obstétrica, falsificación de documentos y esterilización forzada, el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, en sesión extraordinaria, emitió un comunicado en el que además de solidarizarse con las jóvenes médicos, exige su liberación inmediata en pro de garantizar el cumplimiento de los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

“El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, haciendo uso de sus atribuciones legales, suficientemente conocida y analizada la grave situación que afecta a tres médicas residentes del Programa de Postgrado de Obstetricia y Ginecología con sede en el Hospital Central de Maracay, ratifica en su totalidad el comunicado emitido por el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios, mediante el cual el mencionado Consejo se dirige a toda la comunidad aragüeña, y al país en general, con el objeto de hacer del conocimiento público la realidad que afecta a dos residentes de tercer año y una de segundo año del mencionado programa de postgrado, quienes han sido privadas de libertad por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional, tráfico de menores, asociación para delinquir, falsificación de documentos, violencia obstétrica y esterilización forzada, luego de la atención y posterior fallecimiento de una paciente embarazada, once días después de su ingreso al centro asistencial; por lo que rechazamos de forma categórica la violación de la libertad de nuestras estudiantes visto que no se ha cumplido con el debido proceso ni respetada la presunción de inocencia, principios claramente transgredidos durante la actuación judicial hasta ahora ocurrida siendo, a todas luces, no solo un contrasentido jurídico, sino también sanitario y moral, el hecho de que en nuestro país, el cual vive la más aguda crisis sanitaria de su historia, motivada, entre otras razones, por la gravísima escasez de insumos y medicamentos que condiciona sensiblemente la adecuada atención de los problemas de salud de nuestro pueblo, se acose y se hostigue a tres estudiantes residentes de postgrado que han demostrado un alto grado de compromiso y dedicación al cuidado de sus enfermos”.

El comunicado, refrendado por la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, y el secretario, Pablo Aure, fue firmado por todos los miembros del Consejo Universitario, menos por el profesor Jaime Ybarra, delegado del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, quien se abstuvo de votar  la resolución.

Al reclamo de la Universidad de Carabobo, se suman los de la Sociedad de Médicos y residentes del Hospital Central de Maracay (Somir), que denuncia que las tres médicos “fueron detenidas arbitrariamente bajo el pretexto de sospecha sobre presuntos delitos derivados de la práctica médica, sin orden judicial de ningún tribunal y sin oportunidad para hacer defensa de sus derechos, siendo privadas de su libertad injustamente y acusadas de cargos que aun legalmente no han sido demostrados. Somir reitera su apoyo incondicional a nuestras compañeras, quienes solo fueron víctimas de las deplorables condiciones en las cuales trabajamos, y en las cuales todos, como residentes y médicos, seguimos luchando, por vocación, por amor a nuestras profesión y por la responsabilidad que  siempre nos ha caracterizado hacia  nuestros pacientes”.

En el pronunciamiento de la Somir los médicos y residentes del Hospital Central de Maracay agregan con absoluta preocupación:

Somos objeto constantemente de agresiones, acusaciones falsas de forma ligera sobre nuestro ejercicio profesional, dejando en tela de juicio nuestra integridad como médicos y como personas”.

“Por eso -dicen- exigimos condiciones mínimas, de infraestructura, medicamentos y equipos médicos para ejercer como profesionales. En conjunto con las asociaciones gremiales estaremos tomando medidas legales para salvaguardar nuestra integridad como médicos y personas. En este comunicado queremos expresar categóricamente nuestro rechazo a la forma arbitraria como fueron privadas de libertad nuestras colegas y hacer extensivo el llamado a la participación activa en respaldo de lograr mejorar las condiciones en las que ejercemos nuestra labor como médicos”.

El capítulo Aragua de la organización Médicos Unidos de Venezuela también se pronunció y, en este sentido, rechaza lo que sostienen es una práctica represiva sistemática de las autoridades venezolanas en contra los profesionales de la salud, que una vez más queda en evidencia.

“El pasado miércoles 24 de octubre de 2018, tres ciudadanas venezolanas, profesionales de la medicina, sufrieron violación de sus derechos humanos perpetrada por funcionarios y autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Fueron detenidas arbitrariamente bajo el pretexto de sospecha sobre presuntos delitos derivados de la práctica médica, sin orden judicial de ningún tribunal e imputándolas sin elementos probatorios sólidos y con una argumentación llena de contradicciones e inconsistencias que sugieren ensañamiento y sin oportunidad a ser juzgadas en libertad, lo que implica una violación del derecho al debido proceso. A esta fecha, las mantienen bajo detención, cuando han pasado cerca de 60 horas al mismo tiempo que son sometidas al escarnio público. Todas estas condiciones son consideradas como tortura y, en este caso, también como violencia contra la mujer. Estas violaciones a los derechos humanos se conceptualizan como crímenes de lesa humanidad, los cuales son penados por las leyes nacionales e internacionales. Exigimos la inmediata liberación de Geraldin Aria, Laura Murillo y Gabriela Zavala”, reza el comunicado de Médicos Unidos Aragua.

Mientras tanto, la audiencia de presentación, que se llevó a cabo el viernes 26 de octubre, luego de más de 12 horas fue diferida para este sábado 27, con el agravante que el Tribunal 7mo. de Control, a cargo del juez Christian Johan Conde Pinto, declinó la causa y esta fue remitida al Tribunal de violencia de género. Las médicos Laura Eliza Murillo Bastardo, V 19.087.697; Gabriela Alejandra Zavala Gámez, V 19.607.701 y  Geraldine Andreina Arias Pérez, V 18.688.157; residentes del Hospital Central de Maracay, adscritas al servicio de ginecobstetrícia, fueron presentadas por la Fiscalía 4ta. del Ministerio Público, cuya instancia precalificó los delitos de homicidio intencional calificado, violencia obstétrica, esterilización forzada, asociación para delinquir, tráfico de personas y alteración y ocultamiento de documento público.

Las tres médicos residentes del Hospital Central de Maracay quedaron detenidas el pasado jueves 25 de octubre en el Cicpc de Caña de Azúcar, al que acudieron luego de ser citadas a declarar, por la denuncia que el esposo de una parturienta interpuso y en la que acusa a las médicos de supuesta mala praxis y rapto de niños. Rosa Virginia Mendoza Gil, de 37 años, con seis embarazos previos, con control prenatal después de 40 semanas de embarazo y con ecosonogramas realizados por ecografista privado,  ingresó al HCM el pasado 11 de octubre con un supuesto embarazo gemelar. Fue sometida a una cesárea en la que se comprueba que su embarazo era de un solo bebé, el cual pesó 3.500 kg y de cuyo nacimiento ella dio fe y firmó conforme.

La parturienta habría presentado, posteriormente, un cuadro infeccioso que se complicó y obligó su ingreso a quirófano y, luego, a cuidados intensivos . El sábado 20 de octubre falleció.

Foto: Cortesía


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