La Misión de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continuarán en 2021 emitiendo informes sobre Venezuela. El primer organismo deberá presentar un informe verbal y escrito ante el Consejo de Derechos Humanos. Mientras que el segundo concluirá, en el primer semestre del año, el examen preliminar; lo que podría dar paso a una fase de investigación y la emisión de órdenes de comparecencia y de detención.
Caracas. Venezuela finaliza el año con dos importantes informes que concluyen que existen fundamentos para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas publicó su informe el 16 de septiembre en el que documenta e identifica patrones de violaciones y crímenes coordinados de conformidad con las políticas del Estado, y que constituyen así crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y género y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
La Misión de la ONU tras la resolución del Consejo de Derechos Humanos continuará la investigación en 2021sobre crímenes y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Para el 46º período de sesiones del Consejo ( 22 febrero de 2021 / 19 marzo de 2021) la Misión deberá presentar un informe verbal. Mientras que en el 48º período de sesiones del Consejo (13 septiembre de 2021 / 1° octubre de 2021) se presentará por escrito las conclusiones en un diálogo interactivo.
El 14 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”. Esta aseveración forma parte del examen preliminar 2020 de la organización. La situación de Venezuela ha estado en examen preliminar desde febrero de 2018.
La Fiscalía de la CPI espera concluir el examen preliminar en la primera parte de 2021. De existir fundamento razonable, procederá a iniciar una investigación. La Fiscalía considera que, desde 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno “han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
Durante este año, en los meses de marzo, julio y septiembre, en los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hizo presentaciones orales y documentales de la situación de Venezuela.
También se espera que la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, llegue a Venezuela el primero de febrero de 2021 para evaluar el impacto que han tenido las sanciones internacionales en contra de Nicolás Maduro. La visita se extenderá hasta el 12 de febrero.
¿Qué esperar de los organismos internacionales en 2021?
Mariano de Alba, abogado y especialista en derecho internacional, señala que las organizaciones internacionales y los distintos gobiernos deben considerar el informe de la Misión de la ONU publicado en septiembre y estudiar qué medidas pueden adoptar para desincentivar que violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se sigan cometiendo en Venezuela. “Hay que ser conscientes que sus herramientas son limitadas”, agrega.
Sobre el informe anual de exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI sobre Venezuela, de Alba menciona que al concluir el examen preliminar en el primer semestre de 2021, “pasará a la fase formal de investigación, donde tendrá que comprometer mayores recursos y atención a la situación, con el objetivo mediato de emitir órdenes de comparecencia y de detención”.
De Alba aclara que mientras no haya un cambio político en Venezuela difícilmente puedan concretarse juicios: “Los altos funcionarios señalados evitarán salir de Venezuela o visitar un país donde no tengan garantías de que no serán detenidos”. Explica que para tratar de detener o retrasar el avance del proceso, el régimen de Maduro puede perseguir penalmente a algunos funcionarios involucrados en los crímenes de lesa humanidad y eso también podría tener un impacto en la cohesión del apoyo que mantiene Maduro.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, también cree que las autoridades venezolanas están haciendo esfuerzos para evitar que se tome la decisión de activar un caso concreto en la Corte Penal Internacional. El 4 de noviembre el fiscal general, Tarek William Saab, en la sede de la Corte en La Haya, se reunió con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
EL 24 de diciembre, Delcy Rodríguez informó que sostuvieron una reunión con los oficiales de la oficina en Venezuela de la alta comisionada Bachelet.
Sin embargo, la mayor preocupación de Uzcátegui, dice, es el intento del Estado venezolano de “simular justicia” y de mostrar que “existe la suficiente voluntad política para administrar justicia dentro de Venezuela en los diferentes casos”.
Uzcátegui cuenta que en diciembre a personas que estaban privadas de libertad y sometidas a un proceso de presentación en Tribunales por haber participado en las protestas de 2014 y 2017, se les ha dado la libertad plena. “Otros casos están siendo reabiertos, se están convocando a los familiares, los fiscales están actuando y se han realizado algunas detenciones”, manifiesta.
“Con lo cual nos parece que ese intento acelerado de simular que esto es posible, hacer justicia en Venezuela, lo que hace es intentar evitar que se tome una decisión sobre Venezuela”, reafirma Uzcátegui. Tiene como hipótesis que desde la Asamblea Nacional se podría promover un plan nacional de derechos humanos o la creación de una comisión de la verdad: “Intentar ralentizar que se active un caso en la Corte Penal Internacional”.
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