Alfredo Ruíz reconoció que la defensa del parlamentario solo pudo verlo el 14 de agosto en el tribunal pero “no basta una visita nada más”. Aunque la Constitución señala que su deber es velar por el respeto de los derechos de los detenidos, el funcionario dijo que eso es competencia del tribunal de control. La defensa logró acceder al expediente. Fue admitido el recurso de amparo contra el director del Sebin.
Caracas. El defensor del Pueblo en calidad de interino, Alfredo Ruíz, admitió que el diputado Juan Requesens está incomunicado.
En una entrevista concedida al circuito Unión Radio este viernes, Ruiz reconoció que el parlamentario solo ha tenido contacto con sus abogados una vez, el día de la audiencia de presentación que se realizó el 14 de agosto.
“Uno de los derechos de las personas detenidas es recibir visita de forma periódica. La audiencia de presentación se dio y pudieron conversar con él los abogados y los familiares, pero no basta una visita nada más, sino que las visitas deben ser periódicas”, declaró Ruiz.
Crónica.Uno consultó al abogado defensor de Requesens, Joel García, para contrastar las afirmaciones del titular de la Defensoría del Pueblo.
García acusó a Ruiz de mentir públicamente al afirmar que la familia del detenido pudo verlo en la audiencia de presentación: “La defensa tuvo acceso a él el día de la audiencia porque si no, no hay defensa. Pero los familiares no lo han podido ver desde el 7 de agosto cuando fue detenido. Es falso que los familiares lo hayan visto el día de la audiencia porque la audiencia es privada”.
Ruíz también señaló que la denuncia sobre la incomunicación del diputado “es una noticia muy reciente”. Pero la verdad es que desde el momento de la captura, la familia Requesens ha denunciado diariamente el aislamiento al que es sometido el joven diputado tachirense, y ha acudido a la Defensoría del Pueblo, el tribunal de la causa y la Fiscalía General para exigir que se les permita verlo.
El defensor no sabe
Tras escuchar la entrevista radial de Ruíz, el abogado Joel García llegó a la conclusión de que el defensor del Pueblo desconoce sus funciones. Ello quedaría en evidencia al comparar sus declaraciones con la letra de la Constitución vigente.
En la entrevista Ruíz escurrió el bulto de su responsabilidad constitucional de hacer respetar el derecho de todo detenido a la visita periódica y la comunicación con familiares y abogados, y se la atribuyó al poder judicial.
“El juez de control, que debe velar por los derechos de los privados de libertad, en este caso está ausente. Cuando vemos algún caso actuamos y hacemos las observaciones concretas, pero cuando es un caso que está a la orden de un tribunal, las limitaciones de la Defensoría es que no puede usurpar funciones. El juez de control, esa es su función, controlar todo el proceso hasta que se determine si la persona va o no a juicio. No puede la Defensoría invadir u ordenar cosas fuera de su ámbito de competencias”, dijo Ruíz.
Al respecto, García replicó que uno de los requisitos para ser defensor del Pueblo es tener demostrada competencia en Derechos Humanos “pero por esa declaración pareciera que Ruíz no tiene la competencia”. Acotó que el artículo 281 de la Constitución en su numeral 1 dice que una de las atribuciones del defensor del Pueblo es velar por el efectivo respeto y garantía de los DD. HH. Y el numeral 4 señala que el defensor del Pueblo puede instar al fiscal general para que ejerza acciones contra los funcionarios que incurren en violación de Derechos Humanos.
“Decir que el diputado Requesens se encuentra bajo órdenes de un tribunal y que por eso la Defensoría no se puede inmiscuir en los atropellos en su contra es completamente absurdo. Si fuera así, el defensor no podría inmiscuirse en ninguna violación de Derechos Humanos cometida contra ningún detenido”, reclamó García.
En las actas no aparece la defensoría
García reveló a Crónica.Uno que finalmente esta semana la defensa tuvo acceso al expediente del caso contra el diputado Juan Requesens, y aunque se reservó los detalles sobre el contenido, indicó que esas actas sirven para desmentir otra de las afirmaciones de Ruíz de este viernes.
En su declaración, Ruiz afirmó que a partir de un escrito presentado por la familia Requesens en la que se explicaba la condición de salud del diputado y se especificaban su régimen alimenticio y tratamientos médicos, su despacho tomó medidas: “Informamos al tribunal y al Ministerio Público para que se le permitiera el ingreso de medicinas y alimento de manera especial y entiendo que se está haciendo”.
El abogado replicó: “El lunes de esta semana tuvimos acceso a las actas. Las revisamos y ahí no hay ningún oficio de la Defensoría del Pueblo que ordene absolutamente nada a favor del diputado Juan Requesens. No hay ni un oficio al Sebin ni al Tribunal ni nada respecto a las medicinas y la comida, ni sobre ninguna otra materia”. Por ejemplo, dos días después de su detención, Requesens fue mostrado por el Estado en dos videos donde se autoincrimina y en otro donde es vejado. En el expediente no consta ningún oficio instando al cuerpo de seguridad que practicó la captura ni al Ministerio Público a que se investiguen estos hechos.
Admiten amparo contra el Sebin
Joel García también reveló a Crónica.Uno que el recurso de amparo interpuesto por la defensa el pasado 24 de agosto, en el cual denuncian todas las violaciones al debido proceso, Derechos Humanos e inmunidad parlamentaria del diputado, fue admitido el pasado 31 de agosto.
“Fue admitida una acción de amparo constitucional contra el director del Sebin. El tribunal 22 de primera instancia en funciones de control de Caracas solicitó información al Sebin de por qué no se nos ha permitido el acceso. Pero a estas alturas, el tribunal no tiene ha recibido respuesta del órgano policial”, señaló el abogado.
Uno de los aspectos que toca el amparo es la negativa del Sebin a permitir la reunión de los defensores con el defendido, otro de los derechos constitucionales vulnerados en este caso. Al respecto, Ruíz señaló que “algunos sitios de reclusión tienen régimen especial de visitas, por ejemplo algunos tienen visitas una vez al mes”.
Joel García enfatizó que el derecho a la defensa es inviolable en todo estado y grado del proceso y que cuando un abogado acude a su patrocinado, no es en carácter de visita, sino de defensor para armar la estrategia de defensa: “En el Sebin las visitas de los abogados son los lunes y los jueves, pero a nosotros no nos han permitido el acceso ni una sola vez. El defensor del Pueblo no sabe lo que es el debido proceso. Yo lo invito a que me acompañe a las puertas del Sebin. Que no tenga miedo, él tiene inmunidad”.
Un defensor sin aval constitucional
Cabe recordar que Alfredo Ruíz ocupa la Defensoría del Pueblo sin haber sido designado por la Asamblea Nacional, luego de un concurso de méritos y la intervención de un comité evaluador, tal como lo ordena la Constitución.
En 2014, Ruíz asumió el cargo de director ejecutivo de la Defensoría. En agosto de 2017, horas antes de que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente —así calificada por la UE— designara a dedo a Tarek William Saab como fiscal general, este renunció al cargo de defensor del Pueblo para el que había sido electo en 2014.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde al director ejecutivo “ejercer el cargo de Defensor del Pueblo en caso de vacancia absoluta y en forma interina hasta el momento que sea designado el o la titular”.
El Parlamento no ha estudiado la posibilidad de designar a un nuevo defensor del Pueblo.
Fotos Angeliana Escalona y Maru Morales P., archivo Crónica.Uno
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