El representante de la IFRC en Venezuela, Walter Cotte, se reunió con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para ratificar la disposición de la organización humanitaria a colaborar con el proceso de reestructuración interno.
Caracas. Luego de que esta semana llegó a Venezuela una delegación de enviados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), este jueves, 10 de agosto, la IFRC compartió un comunicado en el que confirma el apoyo y respaldo de su presidente, Franscesco Rocca, a la nueva Junta Reestructuradora (JR) nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La Federación Internacional se mantiene dispuesta a brindar asesoramiento y apoyo a la Cruz Roja Venezolana en estos procesos en curso. Ello incluye la revisión de los estatutos y demás reglas y marcos conexos, de manera que guarden congruencia con las normas aprobadas por nuestro movimiento”, reza el comunicado.
En el documento, la IFRC le agradece al Gobierno por haber trabajado en “integrar a la Federación Internacional en el diálogo sobre la situación que afecta en este momento a la Cruz Roja Venezolana”.
De igual forma, destacan su preocupación porque la intervención afecte el desempeño de la organización en el país. En ese sentido, solicitan la mayor colaboración de todos los organismos involucrados durante el proceso de reestructuración de su personal directivo, para lo creen indispensable “mantener su autonomía de acción y decisión en todo momento”.
“Tomamos nota de la positiva voluntad de las autoridades de Venezuela de apoyar un proceso que lleve a la revisión de la organización de la Cruz Roja venezolana y, tan pronto sea posible, a elecciones transparentes de conformidad con el marco estatutario”.
Por su parte, el representante de la IFRC en Venezuela, Walter Cotte, expresó tras una reunión con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que “el compromiso de acompañar a las Sociedades Nacionales para fortalecerlas sigue siendo firme”.
Rechazan medidas
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, rechazaron la intervención judicial de la sociedad venezolana de la Cruz Roja, ordenada por vía judicial el 4 de agosto pasado.
A través de un comunicado informaron que se lograron recoger 577 firmas de adhesión. En su petitorio enumeraron seis solicitudes al Estado venezolano, a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
1.Que el Tribunal Supremo de Justicia cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil en Venezuela y haga valer su libre desarrollo dentro de los principios del estado de derecho y de las normas del derecho internacional de protección del espacio cívico.
2.Que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma, garantizando la continuidad de sus labores con base en los principios humanitarios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.
3.Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado Venezolano dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
4.Que se abra el espacio cívico para con ello aumentar las labores que la sociedad civil realiza con los fines de llevar ayuda humanitaria a los sectores más afectados por la emergencia humanitaria compleja, la defensa de sus derechos humanos y las posibilidades de desarrollo.
5.Que el Estado Venezolano garantice el ejercicio del derecho a la asociación tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales sobre Derechos Humanos firmados por la República, garantía que es fundamental para fortalecer una ruta democrática en Venezuela.
6.Que tanto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, registren y hagan seguimiento de este ataque al espacio cívico en Venezuela. Su documentación sobre el proceder del TSJ en otros casos de judicialización ha recogido el patrón de intervención estatal, que no ha cesado.
“El TSJ ha dictado una medida cautelar que, en realidad, constituye una sentencia de fondo anticipada, y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja, en vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación”.
Sin respuesta
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones contra Mario Villarroel, quien ocupaba desde hace 45 años el cargo de presidente de la Cruz Roja Venezolana.
Previo a su destitución, Villaroel fue acusado de presuntos actos de “acoso y malos tratos” contra voluntarios y trabajadores de la organización, según el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Tras las consecutivas denuncias de Cabello en su programa de televisión en el canal del Estado, el TSJ ordenó “el cese” de sus funciones.
Sin embargo, la Federación Internacional ha manifestado que trabajará en respaldo al personal de la organización, así como también a todos los voluntarios contra cualquier acusación que no tenga ninguna evidencia creíble.
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