El alzamiento civil comenzó en Mérida, donde alegan que a la autoridad regional y los legisladores se les venció su período, son “cómplices” de una “constituyente fraudulenta”.
Caracas. La desobediencia civil, expresada en 7,6 millones de venezolanos, comienza a gestarse en los estados y no solo en Caracas. El Partido Progresistas Merideños Independientes (PMI) emplazó al resto de las organizaciones de los estados, así como a los ciudadanos, a desconocer como autoridad a los 20 gobernadores y 265 alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del oficialismo —entre ellos a quienes dirigen los destinos de su estado— como una “muestra de rebeldía”.
“Son el brazo ejecutor del Gobierno y garantes corresponsables de sus actuaciones, son cómplices”, adujo el presidente del PMI, Daniel García, en mensaje enviado a merideños para que ignoren las órdenes y actos del mandatario Alexis Ramírez y de los representantes del Consejo Legislativo, en su mayoría del PSUV.
“Ya 85 % de los venezolanos confronta al Gobierno por desconocer y violar reiteradamente la Constitución de 1999 y, por ende, los derechos ciudadanos contemplados en ella. En el caso de Mérida, hemos pasado del desconocimiento de la autoridad y la legislación que se pretende imponer. Vamos a luchar en un Estado de indefensión que define las actuaciones cotidianas del ciudadano como legítima defensa ante la arremetida de las fuerzas de orden público e instituciones que aplican detenciones arbitrarias, desconocen la protesta pacífica, agreden la propiedad privada y se alinean a políticas de amedrentamiento judicial y gubernamental”, lamentó García, quien otrora apoyó a Hugo Chávez e integró el Polo Patriótico cuando fue secretario general del movimiento Gente Emergente.
El dirigente alegó que el gobernador Ramírez y los legisladores tienen sus periodos vencidos: “Fueron protegidos por Tibisay Lucena para que no prosperara la solicitud de referéndum revocatorio que se presentó de manera oportuna. Los merideños han sido testigos de la actuación de grupos armados con sello revolucionario y de la ineficiencia en todos los aspectos del gobierno regional que en toda su estructura actúan como patriotas cooperantes de la debacle del país. Todos defienden una Constituyente inconsulta, amañada y avalada por el secuestro institucional que lejos de ser un pacto social, en voz de la dirigencia oficial, es una declaración de guerra”.
“El ejercicio de la política y liderazgo opositor —cuestionó— se convirtió en secuestro, persecución, hostigamiento, clandestinidad y chantaje ante tanta arbitrariedad y la forma de revertirlo es enfrentar con criterio al Gobierno en todos sus niveles, incluyendo el municipal, apéndice del oficialismo que no escapa de la complicidad”.
Foto referencial: Francisco Bruzco
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