Según Carlos Julio Rojas, en 2020, 56 % de las invasiones en el municipio Libertador fueron a locales comerciales. Detalló que en lo que va de 2021, en Libertador han contabilizado más de 45 invasiones. Sin embargo, aseguró que 80 % de esta práctica ilegal no se concretó gracias a la presión de los vecinos y a la protesta.
Caracas. Este viernes 7 de mayo, Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, se acercó hasta la entrada del Ministerio Público en compañía de varios propietarios de locales y edificios afectados por las invasiones a la propiedad privada en el municipio Libertador, las cuales, denunciaron, son ejecutadas por grupos de choque, también llamados “colectivos”, con la presunta complicidad de funcionarios policiales y de la Alcaldía de Libertador.
“Nosotros le exigimos a Tarek William Saab, ya que le entró la luz el 1° de mayo, cuando reconoció los asesinatos de Albán, Acosta Arévalo, y de Pernalete, que también se reconozca que estas personas son víctimas que han perdido todo, que les ha sido violado su derecho a la propiedad privada. Y aunque no nos escuche, esto ya está en instancias internacionales”, declaró Rojas.
El dirigente vecinal también afirmó que, en lo que va de 2021, en el municipio Libertador se han registrado más de 45 invasiones. Pero, aseguró que 80 % no se concretaron gracias a la presión de los vecinos y la protesta. “La petición es que no han imputado ni a una sola persona en el año 2021 por el delito de invasión tipificado en el artículo 471 del Código Penal, y que tiene una pena de 5 a 10 años”, añadió Rojas.
Lili Pérez, propietaria de un inmueble y adulta mayor, relató que tanto ella como su hermano han sido agredidos en varias ocasiones por presuntos invasores, tanto en 2020 como en 2021, hecho que denunciaron ante el Cicpc sin tener respuesta hasta el momento.
“En septiembre de 2020 fuimos atacados por invasores que agredieron a mi hermano y a mí. En octubre de 2020 fui atacada por una mujer que salió de un local que tenemos alquilado sin que yo nunca la hubiera visto. Ella se identificó como Maryuri Morales. Denunciamos ante el Cicpc y no he sabido nada al respecto. El 9 de marzo fui agredida nuevamente por otro invasor que atacó a mi hermano primero y luego a mí. Tengo la grabación”, explicó Pérez.
La solicitud que hace Pérez a las autoridades es protección y la restitución del derecho a la propiedad privada. “El artículo 115 de la Constitución nos otorga, como propietarios, el derecho al uso goce y disfrute y disposición de nuestras propiedades. Sigo en respuesta de las autoridades”, añadió.
Otro afectado es Alfredo Oliveira, quien declaró que su denuncia es la invasión de su local en el edificio Bapgel en el centro de Caracas, entre calle El Conde y Padre Sierra.
“Hace año y medio llegaron los colectivos en horas de la tarde. Me impresioné porque hasta vi que llegó una patrulla de las FAES y un grupo de gente que después me di cuenta de que eran colectivos. Es un edificio que ni siquiera es de viviendas, sino de oficinas. Al día siguiente habían violentado las puertas del piso uno hacia arriba. Sacaron a la gente que estaba allí. A abogados que tenían sus oficinas allí les dieron 24 horas para desalojar. Con nosotros no se metieron al momento”.
Sin embargo, Oliveira, explicó que posteriormente los cuatro locales comerciales de la mezzanina, entre ellos el suyo, fueron amedrentados y amenazados.
“Nos decían que teníamos que irnos. Pusimos la denuncia en Fiscalía, ya tiene como un año y tampoco tenemos respuesta. Inclusive nosotros llevamos el expediente de la Fiscalía al Cicpc y, según ellos, iban a ir a investigar. Estamos esperando a ver qué hace el Estado. Nosotros estuvimos 19 años trabajando allí. Desde el año 2000 hasta 2019. Mi socio y yo perdimos nuestro trabajo. Ahora estamos desempleados viviendo de ayudas”, detalló Oliveira.
El propietario también denunció que esta invasión se ejecutó en presunta complicidad de funcionarios de la Alcaldía de Caracas. “Me parece que hay apoyo de la alcaldía porque muchas veces vi funcionarios que entraban y salían, y también les dieron ayudas para remodelar los lugares donde iban a vivir estas personas”.
Según Carlos Julio Rojas, 56 % de las invasiones en el municipio Libertador, entre 2020 y 2021, han sido a locales comerciales.
Otro testimonio fue el de Enrique Grujicic, propietario del edificio Padrón en la calle Internacional con la avenida Victoria, cuyo inmueble fue invadido en mayo de 2020.
“Fuimos invadidos de forma violenta por colectivos, apoyados por funcionarios de la Alcaldía de Libertador. Nunca más pudimos recuperar nuestros bienes. Es una gran injusticia que gente trabajadora, que ha dedicado su vida al desarrollo de este país, se les quiten todos sus bienes. Mi socio y yo fuimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, pero nunca quisieron encarar el caso. Hasta hoy nunca ha habido ninguna actuación”, contó Grujicic.
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