Dos sentencias del TSJ que prácticamente disolvieron la Asamblea Nacional y el pronunciamiento de la fiscal general Luisa Ortega Díaz en contra de estas fueron el inicio de cuatro meses de violentas protestas que marcaron la vida de los venezolanos. 

A un año de emitir las sentencias 155 y 156, con las cuales prácticamente disolvió a la Asamblea Nacional, el máximo juzgado parece haber logrado su objetivo: allanarle el camino al presidente Nicolás Maduro para gobernar sin control. Sin embargo, el costo que debieron pagar para ello no fue poco: una fractura a lo interno del chavismo, protestas, quedar aislado internacionalmente al ser incluido en la lista de tiranos y la imposición de sanciones por parte de más países.

Por Juan Francisco Alonso

Caracas. 28 y 29 de marzo de 2017. Hace un año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quiso despejarle totalmente el camino al presidente Nicolás Maduro para gobernar sin controles al liquidar a la Asamblea Nacional (AN) dominada por la oposición, mediante la emisión de dos polémicas sentencias: la 155 y 156. Y aunque la estrategia parece haber dado resultado —por cuanto el Parlamento hoy está neutralizado y la ola de protestas que buscaba revertir esta situación cesó— el precio de la factura para él y el Ejecutivo ha sido elevada, pues actualmente son cuestionados por el grueso de las naciones democráticas del mundo y enfrentan más divisiones a lo interno.

Con los fallos antes mencionados, la Sala Constitucional quiso completar el cerco que a días de la elección del Legislativo (diciembre de 2015) comenzó a levantarle, junto con la Sala Electoral, bajo la excusa de las supuestas irregularidades ocurridas en los comicios en el estado Amazonas.

En el primer dictamen prácticamente dejó sin inmunidad a los diputados que respaldaron el acuerdo mediante el cual se saludaba la decisión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de aplicarle al país la Carta Democrática e instó al mandatario a hacer uso de los poderes extraordinarios que goza, gracias al Estado de Excepción para revisar la legislación sustantiva y adjetiva [incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar].

Por su parte, en el segundo la intérprete de la Carta Magna le arrebató a los diputados todas las facultades que aún no le había quitado en sus decenas de sentencias previas y leyes de la Habilitante, en particular la de dar el visto bueno para que el Estado cree empresas con capitales privados extranjeros para explotar recursos naturales en el territorio nacional; y además se reservó la posibilidad de ejercer ella las potestades de los parlamentarios o de delegarlas “en el órgano que ella disponga” hasta tanto la AN no cumpla sus resoluciones.

Nada más conocerse los dictámenes desde la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea e incluso desde el vecindario (Colombia, Perú, Brasil, Argentina o México) se comenzó a hablar de golpe de Estado. Figura que cobró fuerza cuando el 31 de marzo la removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó las decisiones por considerar que suponían una “ruptura del orden constitucional”. El pronunciamiento de la jefa del Ministerio Público implicó su deslinde oficial con el Ejecutivo, el cual, no obstante, de facto ya venía produciéndose desde antes de las elecciones legislativas de 2015.

A partir de ese momento y ante las imágenes de la represión a las manifestaciones que los dictámenes desataron, muchos gobiernos, instituciones internacionales, organizaciones de Derechos Humanos e incluso medios de comunicación comenzaron a tachar al Gobierno venezolano de “dictatorial” y algunos como Canadá o el bloque europeo siguieron el ejemplo de Washington y han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos.

Hasta ahora más de 30 altos jerarcas chavistas, incluidos los siete magistrados de la Sala Constitucional, tienen prohibido entrar a EE. UU. y sus bienes y fondos allí fueron congelados.

Las últimas medidas de este tipo apenas fueron aplicadas hace dos semanas y parece que continuarán. El pasado miércoles 28 de marzo Suiza sancionó a siete funcionarios.

El malo de la película                                                   

Pero además la ya deteriorada imagen del TSJ terminó de hundirse, pues quedó retratado como el asesino de la democracia nacional.

Ejemplo de ello es el reciente informe de la CIDH “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, en el cual concluyó:

La crisis que atravesó Venezuela durante este año [por 2017] obedece a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las serias injerencias del Poder Ejecutivo y Judicial en el Legislativo. En efecto, la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] observa que tal situación está estrechamente relacionada, aunque no de forma exclusiva, a las decisiones adoptadas por el TSJ, desde 2015, que significaron importantes afectaciones en las competencias de la AN y menoscabaron el principio de separación de poderes.

Esta visión es compartida por el constitucionalista Luis Herrera Orellana, quien dijo que el comportamiento del máximo juzgado en los últimos meses era más que previsible.

Desde al menos 2004 el régimen chavista ha mantenido un control político férreo sobre los integrantes del TSJ, que desde entonces, salvo una o dos excepciones, no son magistrados sino operadores políticos, y por tanto siguen órdenes del Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, en 2015 la AN dominada por Diosdado Cabello designó de forma inconstitucional y antidemocrática a un número importante de operadores políticos en los cargos de magistrados, entre ellos al reo de delitos Maikel Moreno, asumiendo una competencia que además correspondía a la AN que comenzaría a trabajar en 2016 con una nueva composición. Todo ello se hizo para, ante un hecho como perder el control de la AN, tener la posibilidad de anularlo por completo desde el TSJ.

Alborotando el gallinero

La actitud del TSJ y del Gobierno tampoco cayó bien dentro del oficialismo y abrió las puertas a las críticas de connotadas figuras.

El deslinde de la fiscal general acaparó la atención mundial, pues aunque a lo largo de los 18 años que el chavismo tiene en el poder se han producido muchas divisiones en su seno, el caso de Ortega Díaz fue emblemático, porque ella estaba en funciones cuando marcó distancia y hasta que fue despojada de su cargo por la fuerza, en agosto de 2017, continuó criticando y oponiéndose a decisiones del Gobierno.

Posteriormente, la cuestionada convocatoria a la Constituyente forzó a la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a alzar su voz para denunciar la violación de la Carta Magna.

La ruptura sigue

Aunque el Gobierno y el TSJ trataron de aparentar que el problema provocado por las sentencias 155 y 156 fue corregido con dos fallos posteriores, en los cuales se borraron extractos de los controvertidos dictámenes, expertos coinciden en señalar que la violación a la Constitución no ha cesado.

Los problemas, distorsiones y abusos contra los derechos humanos de los venezolanos no han cesado, pues de facto la AN terminó de ser desconocida por el resto de los órganos del Estado venezolano que obedecen al régimen de Maduro, lo que ha facilitado sobre todo el proceder inconstitucional y delictivo del Ejecutivo en materia de contratación, endeudamiento, política monetaria, creación de empresas mixtas y en general del manejo de la economía, ya que no hay ningún control sobre lo que hace en esas materias. Recordemos que esas decisiones políticas del TSJ tenían justo esa finalidad, anular por completo el control político de la AN sobre el Ejecutivo, para que en el exterior, chinos y rusos sobre todo, contrataran y le prestaran al chavismo sin temores jurídicos, agregó Herrera.

En similares términos se pronunció Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia, quien señaló: La AN fue reemplazada (…) Sentencia a sentencia el TSJ le ha ido quitando poder a la AN y hay un vacío de poder en su función contralora y legislativa, el cual ha sido asumido por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual aunque ha dicho que ella puede seguir funcionando en la práctica está vaciado de funciones tanto mediante el Estado de Excepción que le ha quitado sus potestades legislativas y presupuestarias como por la Constituyente.

Las opiniones de los expertos están sustentadas en hechos. Tras las sentencias 155 y 156, el TSJ, a través de sus distintas salas, ha dictado 14 fallos más en los que le ha restado potestades, de acuerdo con cifras de Transparencia Venezuela, agrupación que ha contabilizado 69 en total.

Foto referencial: AVN

Al cumplirse un año de los fallos con los que el máximo juzgado liquidó a la Asamblea Nacional y que la impulsaron a romper públicamente con el Gobierno, la fiscal general en el exilio hace balance de estos complicados meses para el país y para ella.

Por Juan Francisco Alonso

Caracas. “Considero un deber histórico ineludible no solo en mi condición de fiscal general sino como ciudadana de este país referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución (…) Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Con estas palabras, menos de 90, Luisa Ortega Díaz oficializó el 31 de marzo de 2017 su deslinde con el Gobierno de Nicolás Maduro, luego de los polémicos dictámenes con los cuales el máximo juzgado terminó de liquidar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

Pese a que estas palabras y las posteriores acciones que tomó le terminaron costando su puesto de Fiscal General de la República y la obligaron a exilarse en Colombia, un año después la reconocida internacionalmente como jefa del Ministerio Público no se arrepiente de haber dado ese paso.

“Al contrario, me siento bien conmigo misma, creo que cumplí con mi deber de ciudadana y mi obligación con el pueblo venezolano al haber denunciado ese golpe a la democracia, a la institucionalidad que se dio desde el TSJ”, afirmó al responder un cuestionario que se le envió con motivo del aniversario.

¿Qué valoración hace de este año en el cual fue despojada de su cargo por la fuerza?

—Es indignante lo que han hecho y lo que siguen haciendo; continúa el desmontaje del Estado, continúan las violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos contra los venezolanos así como la instauración de un régimen de terror y miseria. Todos fueron testigos de cómo fue asaltado el Ministerio Público militarmente y la manera en que la ilegal Constituyente madurista me despojó ilegalmente de mi cargo. Aunque sigan en el poder, ellos mismos y el mundo saben que son un Gobierno dictatorial, déspota y que no le importa el sufrimiento por el cual están pasando los venezolanos.

Pese a que este año ha sido el peor de todos, pues se ha agudizado la crisis social, económica, política y sobre todo humanitaria, creo que se han hecho importantes acciones a escala internacional para recuperar la paz y la democracia en Venezuela. Estoy segura de que todas esas actuaciones van a surtir efecto más temprano que tarde y mi lucha no terminará hasta ver a Venezuela libre nuevamente.

¿Usted se imaginó que el TSJ tomaría la actitud que ha tenido contra la Asamblea Nacional?

—Como mujer de leyes, siempre me mantuve atenta a cualquier acción o decisión que desde alguna otra institución se podía tomar en detrimento de la Constitución. Una vez que el Poder Judicial dicta las sentencias 155 y 156, analizo detalladamente su contenido y observo que con ellas desmontaban íntegramente la forma republicana que se dio la nación en la Carta Magna, anulaban las competencias de la Asamblea Nacional, el TSJ se arrogaba competencias propias del Parlamento y de esa forman desmontaban la democracia en Venezuela.

Las sentencias proferidas no soportan el más mínimo análisis y consagraron al TSJ como el brazo ejecutor del Gobierno. En el país no hay independencia de poderes; todas las instituciones están subordinadas al Poder Ejecutivo. Quien no se somete a la voluntad del Gobierno, es perseguido, encarcelado o es obligado a abandonar su país.

Todo lo que sea una amenaza para ellos, lo sacan de su camino irrespetando la Constitución y las leyes. Estoy segura de que la justicia les va a llegar. El poder no dura para toda la vida y considero que el caso venezolano es una buena oportunidad para que los organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, evidencien su eficacia en pro del bienestar de los pueblos y la justicia.

El TSJ pretendió hacer ver que había corregido su golpe a la AN con dos aclaratorias posteriores. ¿La ruptura del orden constitucional sigue?

—Efectivamente, continuó la ruptura del orden constitucional, intentaron engañar a la población, pero las decisiones mantienen la misma esencia de otorgar poderes extraordinarios y contrarios a la Constitución al Ejecutivo. Si yo no hubiese tenido razón en mi denuncia, cómo es que salieron a tratar de enmendar la situación que generaron esas arbitrarias decisiones.

La verdad es que en el fondo no hubo ninguna voluntad de corregir aquello, el desmontaje del Estado no solo continua sino que lo han afianzado, un ejemplo fue lo que me hicieron a mí, lo que le hicieron al Ministerio Público; otro fue la convocatoria ilegal a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual están utilizando para hacer las peores fechorías contra el pueblo venezolano, de esa írrita instancia también provienen las próximas elecciones que se realizarán en mayo de este año y que no cuentan con condiciones de igualdad y transparencia. Definitivamente este Gobierno debe salir cuanto antes, pues tiene al país sumido en la miseria y la destrucción.

La CIDH y organizaciones de Derechos Humanos han cuestionado al TSJ y lo han responsabilizado de facilitar la deriva autoritaria del Gobierno. ¿El TSJ aniquiló la democracia venezolana?

—Sin duda alguna que el TSJ ha sido el principal actor en el aniquilamiento de la democracia venezolana al emitir decisiones y sentencias que contravienen lo que expresa nuestra Constitución y las leyes, solo para favorecer la permanencia del régimen madurista en el poder. Los magistrados ilegales del TSJ en Venezuela son simples esbirros del Gobierno y se han convertidos en enemigos de todos los venezolanos, son los que ha permitido una nueva forma de genocidio.

Foto referencial: AVN

FOTOS | Protestas en blanco y negro

A 12 meses del inicio de las protestas que se extendieron durante cuatro meses de 2017, y que abarcaron todo el país, Crónica.Uno presenta una selección de fotos en blanco y negro que reflejan los distintos momentos que dejaron muertes, heridos y detenidos.

Los familiares de las víctimas aún esperan que la justicia llegue

Desde que comenzaron las manifestaciones el 1° de abril hasta que culminaron el 30 de julio de 2017, fallecieron 129 personas, según cifras del Ministerio Público bajo la tutela de la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz. Desde entonces no se ha mostrado avance de las investigaciones y familiares de las víctimas esperan que los responsables paguen.

Por Yohana Marra 

 

Caracas. El próximo 20 de abril se cumple un año del asesinato de Mervins Fernando Guitián Díaz durante una manifestación opositora que era reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el puente 5 de Julio de Petare. Él ni siquiera participaba en la revuelta.

12 meses después no hay muchos avances en la investigación o lo más importante: no hay ningún responsable detenido. La familia del joven de 26 años no pierde la esperanza de pronto haya justicia.

Mervins recibió un impacto de bala en el abdomen aquella noche, cuando regresaba de buscar comida en casa de una tía —ubicada en la parte alta de Petare— hacia su vivienda en la escalera Negro Primero del barrio Sucre. El tiro que le quitó la vida salió de un arma larga, presuntamente del fusil de uno de los uniformados de la GNB que reprimían la protesta.

El pasado 1° de abril se cumplió un año desde que iniciaron las manifestaciones opositoras en el país. El detonante fueron las dos sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las cuales despojaban a los diputados a la Asamblea Nacional (AN) de su inmunidad y al Parlamento de su atribución para autorizar la creación de empresas mixtas.

Desde entonces se generaron una serie de protestas lideradas por los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que comenzaron en Caracas y se extendieron a varios estados del país como Aragua, Miranda, Lara, Mérida, Táchira, Carabobo, Anzoátegui y Zulia.

Al descontento se fueron sumando más peticiones a lo largo de los cuatro meses —hasta el 30 de julio— que duraron las manifestaciones. Las exigencias eran: la apertura de un canal humanitario, la liberación de presos políticos y la devolución de las competencias a la AN.

La represión de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) así como la actuación de grupos paramilitares dejó 129 fallecidos en todo el país, según cifras del Ministerio Público bajo la tutela de la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Cifras extraoficiales del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) indican que fallecieron 157 personas.

En uno de los últimos reportes de Ortega Díaz en sus funciones, el 31 de julio de 2017, apuntó que al menos 25 % de las muertes fueron producidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y 40 % eran responsabilidad de civiles armados. Pero pocos son los culpables que están tras las rejas.

En el caso de Mervins Guitián no hay ningún detenido. Su tía, Mileidys Guitián, contó que hay seis funcionarios de la GNB y un arma larga implicadas. El abogado de la familia no ha tenido acceso al expediente y tras un año le han dado largas al caso. Una semana el fiscal está de reposo, la otra de vacaciones, en la otra lo destituyen y así van.

“No ha sido fácil, a veces amanecemos mal y pensamos en dejar todo así, pero luego nos levantamos y queremos seguir en la lucha, aunque eso no nos va a devolver a mi sobrino”, contó.

El joven padecía una discapacidad. A los nueve meses de nacido fue diagnosticado con epilepsia focal sintomática secundaria a meningitis y epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Además, veía con dificultad y tenía cuatro operaciones en el ojo izquierdo.

Su madre falleció de causas naturales y su abuela tomó la batuta de su crianza. Mervins trabajó durante nueve años en la Alcaldía del municipio Sucre como supervisor de mantenimiento. No participaba en las protestas aunque era opositor.

Familiares de las demás víctimas también esperan justicia y que las identidades de los funcionarios o civiles involucrados en los casos se conozcan y paguen ante la ley por lo sucedido.

Nuevo fiscal no dio avances de investigaciones

El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, no ha comentado más acerca del avance de las investigaciones por los fallecidos en las protestas opositoras de 2017.

En agosto del año pasado declaró que estaban verificando las averiguaciones por los casos de heridos y fallecidos para “garantizar justicia a la familia”, pero se siguen esperando los avances.

Entre las últimas cifras que dio la fiscal destituida por la ANC, Ortega Díaz, hablaba de alrededor de 1958 heridos.

Jesús Ibarra, estudiante de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aún padece los rastros de la represión.

Fue herido por una bomba lacrimógena en la cabeza el lunes 1° de mayo de 2017. La marcha, que partiría desde varios puntos de la ciudad, fue reprimida por la GNB y la PNB con lacrimógenas y perdigones para evitar que llegara al centro de Caracas.

Los ataques de las fuerzas del Estado se extendieron por al menos siete horas. Jesús fue herido en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de El Rosal. La lacrimógena lo golpeó y cayó inconsciente al río Guaire.

Según reportes del Foro Penal Venezolano, entre abril y mayo hubo al menos 2000 heridos producto de la represión.

El joven afrontó ocho infecciones y seis operaciones. Después de esto estuvo 45 días en coma inducido. Habla y camina con dificultad. Este lunes 2 de abril fue ingresado a una clínica para la séptima operación, le colocarán una prótesis en el cráneo.

También el Foro Penal documentó la cantidad de detenidos durante las manifestaciones y que aún se encuentran bajo presentación o tras las rejas. Entre abril y agosto 2017 arrestaron a 5341 personas, según el informe sobre la Represión del Estado en Venezuela. Hasta el 31 de agosto permanecían 822 personas detenidas, pero el reporte hasta el 31 de diciembre señala que 172 se encontraban bajo arresto.

Durante las protestas juzgaron a civiles en tribunales militares de manera ilegal. La ONG documentó 418 procesados y en el último reporte de diciembre apuntaron que 118 personas procesadas permanecen tras las rejas. 554 civiles fueron privados de libertad formalmente por decisiones de tribunales militares.

Cronológicamente así se desarrollaron las protestas desde abril hasta que finalizaron en julio de ese año:

Oposición convoca a una concentración contra la “dictadura asesina” este sábado

Analistas coinciden en que las protestas cohesionaron a buena parte de la comunidad internacional en torno al rechazo a Maduro.

Por Carlos Crespo 

Caracas. A un año del 1° de abril de 2017 —fecha en la que se inició una serie de protestas contra el Gobierno que se prolongaron por 4 meses, durante los cuales fallecieron más de 150 personas— los analistas Saúl Cabrera, Benigno Alarcón y Ricardo Sucre coincidieron en que las manifestaciones provocaron o aceleraron las sanciones internacionales contra el Gobierno, así como el rechazo de países que no se habían pronunciado sobre el caso venezolano. Los expertos difieren, sin embargo, sobre la importancia de este hecho.

Cabrera, quien es presidente de la encuestadora Consultores 21, consideró que las protestas lograron cohesionar a la mayor parte de la comunidad internacional en rechazo al Gobierno venezolano.

El chavismo había hecho un trabajo muy inteligente y con muchos recursos en el exterior para buscar apoyo, pero en esos meses del año pasado se les derrumbó el apoyo que tenía el chavismo en el exterior y eso es de lo poco que le queda al Gobierno de angustia.

A juicio del experto, la percepción de los ciudadanos es que el Gobierno ganó “una contienda” pero lo hizo a un costo muy alto. Lo logró a un costo indescriptible, que se agrava por la situación real del país y sin lograr aumentar su base social. No es que el Gobierno tiene una base social más amplia, la base social sigue siendo la misma o menor, pero logra el control de las instituciones y del país.

Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB), consideró que las protestas tuvieron un “éxito limitado”, pues aunque no lograron el cambio político que los manifestantes reclamaban, resultaron en un claro debilitamiento del Gobierno a escala internacional.

Esas protestas dejaron en evidencia la baja legitimidad del Gobierno, voltearon la mirada de la comunidad internacional hacia Venezuela y sobre las acciones para restablecer la democracia. Dejaron en evidencia el carácter autoritario del Gobierno venezonalo.

Alarcón señaló que las manifestaciones no consiguieron el objetivo de un cambio político debido a la falta de coordinación de las mismas y la ausencia de lineamientos claros por parte de la dirección política. El centro de estudios que lidera Alarcón investiga transiciones políticas en todo el mundo. El experto explicó que en los casos en los que protestas similares consiguieron sus objetivos se logró que 5 % de la población se manifestara en las calles.

No se llegó a eso en el caso venezolano. Eso está muy relacionado con la forma como se maneja la protesta. En la medida en que las protestas se anarquizan y se vuelven más violentas, la participación tiende a bajar de manera exponencial. El nivel de participación también tiene que ver con la organización adecuada, no la hubo en el caso de Venezuela.

Sucre, quien es politólogo, discrepa sobre los logros de las protestas. Aunque coincide en que estas le restaron apoyo al Gobierno en el plano internacional, añade que, contrario a su objetivo, consolidaron a Maduro en el plano interno. Le dieron más fuerza política, capacidad interna, cohesión interna. Afuera está más débil pero ayudaron en la permanencia del Gobierno. En 2016 casi nadie pensaba que el Gobierno llegaba a 2018. Las protestas ayudaron a consolidarlo, a que llegara a la fecha en que estamos hoy.

Analista del área militar, Sucre indicó que el carácter “insurreccional” de las manifestaciones reforzaron el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a Maduro.

En 2015 la FANB no veía con malos ojos a la oposición, no era del gusto de los militares pero no había una opinión negativa de ellos. Eso fue cambiando en 2016, con el incidente de los cuadros de Chávez [en el Parlamento] cuando la oposición toma la ruta insurrecional el alto mando se va separando y eso llega a su máxima tensión ahorita con las sanciones. Los militares ven a la oposición como una fuerza política extranjera, comandada desde afuera, y que está buscando una intervención. Para la FANB, la soberanía es un concepto sagrado. El alto mando lo ve como algo negativo pero incluso los militares críticos, [el capitán Juan] Caguaripano o el mismo Óscar Pérez tenían discursos antipartidos, contra el liderazgo civil, de Gobierno y de oposición. Las fuerzas armadas se cohesionaron más hacia el Gobierno. Fue una estrategia errada de la oposición.

El experto indicó que la oposición no diseñó una estrategia de protestas adaptada a la realidad del país. Se siguió una lógica muy de manual de libro de transiciones: que el Gobierno se fractura y que la FANB saca a Maduro y viene el gobierno de transición. La oposición compró esa idea, después de la victoria de 2015 los más moderados o menos amigos de ese planteamiento no lo expresaron abiertamente, toda la oposición se embarcó en esa ruta (…) Eso requería condiciones de organización interna y una estrategia que la oposición no desarrolló. Exigencias claras, en la marcha del 19 de abril se pudieron pedir condiciones electorales, la lógica es que el Gobierno iba a caer y no se evaluó la situación del Gobierno internamente (…) Lo otro es la intolerancia en la opinión opositora, se ha convertido en una oposición muy intolerante y tampoco hay medios críticos de oposición, todos se alinean a una postura, todo el mundo se alinea a eso y el que no es estigmatizado y no se hace un análisis de fondo de la situación.

Sucre cree que el logro, con respecto a la comunidad internacional, es insuficiente. Tienes al Gobierno cercado internacionalmente pero el precio pagado fue demasiado alto y pudiste lograr lo mismo a un costo de vidas humanas bastante reducido. Por supuesto, el Gobierno ejerció la represión pero hablo un en sentido metafórico: un comandante de fuerza de un ejército debe calcular sus bajas y su responsabilidad. No se puede lavar las manos. En 2014 ya se habían planteado las sanciones, en 2015, Obama lanzó las primeras, habiendo construido una fuerza interna más organizada tuvieses ahorita una capacidad de negociación muy grande.

¿Nuevas protestas?

Los tres expertos coincidieron en que el clima de opinión no es el más favorable para que haya protestas de la magnitud de las de hace un año. “Eso lo vería como un factor de estabilización para el Gobierno, quedaron como algo sin eficacia, no se ve que tienen eficacia política. Marchamos, dejamos el pellejo, con presos y torturados y al final del día el Gobierno se puede reelegir”, opinó Sucre.

Cabrera indicó que Consultores 21 sigue midiendo la disposición de las personas a manifestar. “Es altísimo el porcentaje de gente que quiere que la cosa cambie, pero los niveles de participación en eso [protestas] no son tan altos, sin embargo, la realidad social, de los servicios, etc. va a hacer que la gente, quiera o no, tenga que salir a protestar”.

Alarcón indicó que, en el caso venezolano, las protestas han tenido sus ciclos, con bajas y subidas en diferentes años. Consideró que las claves para que estas resurjan son un liderazgo que explique las razones por las que estas no lograron su objetivo principal y que haya una fuerte organización de la sociedad.

“No se puede condenar a las protestas al decir que no tienen utilidad porque fracasaron. La mayoría de los países que han tenido transiciones y cambios políticos, convocatorias a elecciones, cuando estas se negaban, y cambios en el poder han estado ambientados por la protesta. Ha habido procesos electorales donde los gobiernos han perdido elecciones, pero son montadas con muchas presiones y con aceptación de unas condiciones que, en situaciones normales, no hubiera aceptado y eso es justamente por estas protestas y la presión internacional”.

Foto: Francisco Bruzco @bruzco1

Caracas exhibe la marca de la represión un año después de las protestas políticas

Para los habitantes y transeúntes de El Paraíso, la parroquia que jugó un rol estelar durante las protestas contra el régimen, el ambiente luce enrarecido. El miedo y la desconfianza, incluso entre los propios vecinos, signan la rutina. Además de los destrozos al mobiliario urbano, existe también una secuela derivada de la represión y es precisamente el acuerdo no expresado de evitar cualquier concentración para eludir los amedrentamientos.

Por Julio Materano

Caracas. Un año después de las protestas políticas, la fachada desconchada del Conjunto Residencial Victoria, en El Paraíso, es tal vez la prueba más palpable de lo que, a juicio de los vecinos, fue una historia encarnizada: la represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra quienes se plantaron en las calles para exigir la renuncia de Nicolás Maduro, un reclamo unísono con el que la sociedad demandaba a gritos que se regularizara el abastecimiento de alimentos y medicinas.

Pero nada de ello ocurrió. Todo el enojo de los residentes sigue siendo un río sin caudal. Detrás de las paredes curtidas de pólvora de las residencias Victoria se escudan aún quienes aspiran a un cambio político. Es la idea recurrente. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Y algunos permanecen sitiados por el horror sembrado con la embestida de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En El Paraíso, los edificios de fachadas ruinosas y portones desvencijados son la marca indeleble de un capítulo violento que para muchos quedó cerrado. En algunos condominios como Residencias Paraíso —conocidas también como Los Verdes— ni si quiera han despertado del letargo, relatan vecinos. En ese lugar, los portones principales aún siguen derruidos y las cuotas especiales que pagan los propietarios no alcanzan para reparar los daños.

Las calles oscuras, con luces tenues que apenas iluminan algunos tramos, retratan la desolación. En esa parroquia, el saldo de la represión es todavía una tarea por resolver. Solo en Victoria, la GNB provocó incendios en tres apartamentos y destrozó decenas de cerraduras y puertas. A la lista de inmuebles asediados se suman también Terrazas de El Paraíso, donde despedazaron ascensores, y Los Verdes que, sin mayor parsimonia, encarnan un monumento a la represión.

Lo que allí ocurrió no es un hecho al margen de la ciudad. La protesta también se repitió en zonas como El Valle, La Urbina, Santa Mónica y Candelaria, cuyos residentes, aupados por la escasez y la incertidumbre, se manifestaron contra el madurismo. Todo aquello era la cresta de un agite nacional que inició el 4 de abril y que en Caracas tuvo un punto de inflexión el 20 de ese mes cuando ardió el descontento en El Valle. Lo mismo ocurrió el 12 de junio en La Candelaria y el 13 en Los Verdes, donde más de 12 torres y 5000 habitantes tragaron gas lacrimógeno.

Para quienes se desenvuelven en El Paraíso, la parroquia que jugó un rol estelar durante las protestas contra el régimen, el ambiente luce enrarecido. El miedo y la desconfianza, incluso entre los propios vecinos, signan ahora la rutina. Orangel Martínez vive en la zona desde hace 43 años y desgrana su cotidianidad: señala que en el lugar reina una calma confusa que inquieta a quienes se acostumbraron al ruido del tránsito y al rumor de los peatones. Allí las ollas se callaron a fuerza de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones; el arsenal gubernamental que desarticuló a quienes se enfilaron en la llamada “resistencia”, el grupo irreverente que desentrañaba al Gobierno públicamente.

Aquí lo que hay es un montón de gente frustrada, oprimida. No se oye nada, mijo, ni las cornetas de los autobuses, hasta el transporte desapareció de la parroquia. Lo único que abunda es la basura y niños con sus madres comiendo desperdicios, relata Martínez, quien vive de las ventas de su quiosco en la avenida Páez.

Y si bien para algunos el silencio puede ser avasallante, en realidad no resulta tan abrasivo para Mary Calderón, una residente de Alto Alegre, cuyo hijo de 26 años y de profesión ingeniero, se marchó a Perú tras dejar parte de su ímpetu en la calzada. Lo que más me preocupa son los jóvenes. Las protestas no sirvieron, como esperábamos algunos, para salir del Gobierno, admite. Y piensa que el arrebato debió ser canalizado con un propósito más claro: que se procuraran las condiciones básicas para construir un país de progreso y de oportunidades.

En Venezuela 9 de cada 10 venezolanos no pueden pagar su alimentación diaria y 6 de cada 10 han perdido aproximadamente 11 kg de peso por hambre, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida elaborada por las universidades UCAB, UCV y USB.

El sueldo no alcanza para nada y los más jóvenes viven presos, sin poder divertirse, estudiar ni salir a la calle porque no hay seguridad ni comida ni país. La vida es muy compleja en Venezuela y por eso muchos se van, sostiene Mary, conmovida. Este año también tendrá que ver partir a su hija, la menor de todos, quien espera graduarse de economista para emigrar a Chile.

De acuerdo con la firma Consultores 21, al menos 4 millones de ciudadanos se han ido del país. El sondeo presentado en enero señala que en 29 % de 7,2 millones de hogares han emigrado 1,97 miembros. Entre los destinos preferidos destacan Chile, Colombia, EE. UU., Perú y España.

A propósito de la diáspora del bono demográfico —un fenómeno que se acentuó en el país después de las protestas de 2017— Hernán Papaterra, dirigente de El Paraíso, señala que una tajada importante de la población en edad de trabajar se marchó por la frustración de no poder materializar un cambio.

Quedó una marca y esa huella es la del miedo. La gente muestra muy poca disposición para acudir a cualquier tipo de protesta por servicios. Hay comunidades en Montalbán donde algunas personas han intentado hacer reclamos públicos por racionamiento de agua y cortes de electricidad y los mismos vecinos han tratado de apedrear a los manifestantes para evitar el acecho de colectivos y funcionarios del Gobierno, afirma Papaterra.

Además de los destrozos al mobiliario urbano, existe también una secuela derivada de la represión y es precisamente el acuerdo no expresado de evitar cualquier concentración para eludir los amedrentamientos. La sumisión, consideran algunos, se impone frente a un problema de aseo profuso que se agrava con la opacidad de la Alcaldía de Libertador. Los habitantes de El Paraíso denuncian que los camiones recolectores pasan con menos frecuencia y la basura flanquea las aceras y entradas de algunas torres.

En El Valle, donde la gente del cerro bajó y desafió la represión, hubo un total 14 muertos la noche del 20 de abril, según cálculos del Ministerio Público. Las autoridades contabilizan 17 locales saqueados en el barrio San Andrés y en la calle 14. Pero esa noche también hubo destrozos en las calles 2, 4, 7 y 9. En San Andrés, donde la violencia recrudeció, se electrocutó un grupo de manifestantes en la panadería La Mayer del Pan. Solo ese hecho dejó 12 fallecidos. En el lugar también murieron tiroteados Ramón Martínez, comerciante de 29 años de edad, quien fue ultimado de múltiples impactos de bala cuando intentó defender su negocio, y Kelvin León, de 30, quien falleció por múltiples heridas de arma de fuego.

En Terrazas de El Paraíso, el portón principal es una prueba vigente de la arremetida de la GNB y de colectivos. Una cuerda negra sostiene el amasijo de metal. Los vidrios rotos del centro comercial aledaño también dan cuenta de la reyerta callejera. Todavía hay marcas en el asfalto del enfrentamiento entre vecinos y las fuerzas del Estado.

En la mayoría de las torres residenciales la junta de condominio ha prescindido de su cuerpo de vigilancia. Marina Perrido, una septuagenaria de Los Verdes, que dice tener 35 años en el lugar, señala que los cuatro ascensores de su torre están fuera de servicio y las cuotas especiales que debe cancelar para revertir los daños se encarecen con el paso del tiempo.

Nerio Cardozo, vecino del lugar, resuella la desolación. Cuenta que tuvo que despedir a dos de sus hijos que se marcharon a Portugal y a España poco tiempo después de las protestas. La gente tiene miedo. Y muchos se fueron. Hay incertidumbre y todos viven comedidos.

David —un joven que pidió resguardar su apellido y que se autocalifica como agitador de calle— cree que el chavismo aún realiza trabajos de inteligencia en Los Verdes. Piensa que no todo se enfrió y que aún hay gente dispuesta a salir, pero tienen en contra el poderío de un Gobierno que ha sabido doblegar por fuerza de hambre y represión a quienes piensan distinto.

Pedro Corredor es quiosquero y señala que la parroquia se pone más sola después de cada tarde transcurrida. Algunas familias quedaron marcadas. Y aunque ya no suenan cacerolas, sí se orquesta, puertas adentro, el disgusto de una población que resiente la escasez de alimentos y se sabe empobrecida.

En torno a los estragos, Hernán Papaterra cree que todavía hay por lo menos cinco vecinos de Residencias Paraíso detenidos en el Sebin. Otros hablan de 10. Y mientras la situación se mantiene, algunos viven corroídos por el temor. No tenemos las condiciones mínimas de seguridad y la situación se ha tornado más vulnerable. Hay muchas fallas estructurales y los ascensores no funcionan. La policía ha sido desplazada por la GNB en su labor de vigilancia. Hoy La Vega, San Martín, Montalbán y El Paraíso son lugares de control exclusivo de la Guardia, advierte el también ambientalista.

José García, un estudiante de la zona, dice que el transporte es crítico. Cada vez resulta más difícil salir del urbanismo. La flota de vehículos se ha reducido a lo mínimo y el hampa se desplaza a sus anchas. Los vecinos reportan la toma de áreas verdes de algunos edificios y responsabilizan a los habitantes de La Cota 905, quienes pretenden construir en terrenos ajenos.

Fotos: Francisco Bruzco @bruzco1 | Luis Miguel Cáceres @lmcaceres93 

La victoria se nos resiste

Elsa Pilato, comunicadora social que trabaja en el área corporativa, fue testigo y protagonista de los largos días y noches que vivieron los habitantes de El Paraíso durante casi 4 meses de represión y ensañamiento de los cuerpos de seguridad del Estado en contra los habitantes de ese sector del municipio Libertador, durante las protestas que ya cumplieron un año. Hoy revive esos días para los seguidores de Crónica.Uno.

Por Elsa Pilato

Caracas.  Lacrimógenas. Disparos. Explosión. Esas eran mis respuestas a los “¿qué es eso?” de mi mamá, preguntas que cesaron pronto. A los pocos días de protestas y represión en El Paraíso, logró identificar por sí misma los sonidos de las detonaciones y ya no tenía necesidad de preguntarme, aunque no por eso su nerviosismo era menor.

Mi visión estaba limitada por las ventanas de mi apartamento, con vista a Residencias Victoria, uno de los focos de manifestaciones de 2017 en la urbanización caraqueña.

Fue a principios de abril cuando los cuerpos de seguridad llegaron por primera vez frente al Victoria y no se fueron hasta mucho tiempo después. En septiembre aún había un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) debajo del puente del Distribuidor Baralt.

GNB, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Conas, Sebin, y otros uniformados que no logré identificar nunca, tanquetas negras y blancas, y ballenas pintarrajeadas por los manifestantes en otros lugares de la ciudad, participaron durante las semanas de represión contra la gente de las Residencias. Los civiles en moto tampoco faltaron. Siempre rondaban en grupos pequeños o solos a través del puente —al menos los que pude ver— y no podría asegurar si eran colectivos, si estaban armados o eran simples curiosos.

Las barricadas en la avenida Páez, frente al edificio, casi siempre estaban solas, encendidas, sí, pero sin ningún manifestante a la vista. Me preguntaba por qué, si era tan sencillo, las autoridades no quitaban las barricadas, por qué, en cambio, preferían pasar horas disparando lacrimógenas al edificio y dejar aquello ardiendo y bloqueando la vía. El ejercicio de poder era imprescindible, concluí, para alimentar más que cualquier rancho servido en los cuarteles.

Ante los ataques, hombres jóvenes, a lo sumo una docena, salían a la calle o al último nivel de estacionamiento del edificio para responder a los ataques, devolvían las bombas y lanzaban una que otra piedra que terminaba cayendo en el asfalto o en los matorrales, muy lejos del blanco. David contra Goliat sin final feliz, ni siquiera esperanzador.

La rutina se estableció. Los días de marcha con toda seguridad habría problemas después del mediodía. Los represores pasarían horas gaseando a los vecinos. No podía imaginarme el ahogo de los habitantes del Victoria. En mi apartamento, distante un par de cuadras, el gas se colaba por las ventanas, incluso después de tapar con trapos cada rendija. Mi mamá sentía los efectos picantes en las vías respiratorias y en los ojos. Se la pasaba con un trapito mojado con agua y bicarbonato en la mano, o se encerraba en su cuarto, donde el polvillo llegaba atenuado.

El día que quemaron el Victoria, el bombardeo comenzó a las seis de la mañana, ya para mediodía el fuego se desató en el estacionamiento y un apartamento. Era común que desde los edificios cercanos gritaran improperios, cacerolearan y pitaran mientras los uniformados actuaban. Aquel día, cuando ni siquiera dejaron de gasear mientras los bomberos estaban dentro del Victoria intentando apagar el fuego, un grito hizo estremecer la torre: “¡Malditos!”. Aquella voz femenina se vacío y nos vacío a todos de palabras, solo un llanto al unísono resonaba en el edificio, acompañado del sonido de una vuvuzela que siempre estaba de fondo, ni un solo día se calló.

Al caer la noche se desarrollaba otra historia. Más cerca de mi edificio, pero lejos de mi vista, los alrededores de la plaza eran escenario de batallas campales desiguales: toda la fuerza opresora del Gobierno, sus armas y vehículos blindados, contra manifestantes con palos y piedras, pitos y ollas. Largas horas de lucha, noche tras noche. No podía mirar, pero oía, y sentía el olor de los gases subiendo piso a piso.

Claro, también en el Victoria sufrieron en la oscuridad. La noche era miedo envuelto en ráfagas de tiros. Luego de oírlas, miraba Twitter —asomarme ya no valdría de nada sin iluminación en las calles— y leía a los vecinos contar que vehículos pasaban, sin más, disparando hacia el edificio.

A la mañana siguiente, el ascensor era el canal de noticias y el mejor termómetro del ánimo de la gente. Al principio, la euforia predominaba: “esto está listo”, “el Gobierno está caído”, “ya no pueden más, es imposible”, y la infaltable frase, “es cuestión de días”, que no sé cuántas veces he oído en los últimos veinte años. En julio, pese al envión anímico que supuso el plebiscito, las frases mutaron a: “hasta cuándo”, “así no se puede vivir”, “¿tus hijos ya se fueron?”.

La victoria no llegó después de meses de protestas en todo el país, aún se nos resiste.

Foto: Archivo Crónica.Uno

Especiales Crónica.Uno

Créditos

 

Coordinación y conceptualización editorial:
Luisa Maracara

Textos:
Juan Francisco Alonso
Carlos Crespo
Yohana Marra
Julio Materano
Elsa Pilato                                                          

Fotografías y videos:
Francisco Bruzco
Luis Miguel Cáceres
Archivo Crónica Uno

Multimedias e infografía:                                                              Milfri Pérez
Archivo Crónica Uno

Edición de textos y montaje:
Natasha Rangel