Los parlamentarios de AD, PJ, VP y UNT enfatizaron en que la firma del acuerdo social con la representación de Nicolás Maduro se logró gracias a la protección de los activos emprendida hace más de tres años por el Parlamento. El MDI cuestionó que en la negociación Maduro-Biden se haya priorizado levantar una sanción a Chevron sin impacto en la gente.
Caracas. Las bancadas de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, respaldaron el acuerdo firmado el fin de semana por los delegados de esos mismos partidos y una representación de Nicolás Maduro en México, para crear un Fondo de Atención Social.
En la sesión virtual de la Comisión Delegada este martes, 29 de noviembre, intervinieron Luis Florido por Un Nuevo Tiempo, Williams Dávila por Acción Democrática, Ramón López por Primero Justicia y por Voluntad Popular, Freddy Guevara, quien es de hecho integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria en las conversaciones.
Los parlamentarios resaltaron dos elementos del Segundo Acuerdo para la Protección Social del Pueblo, que incluye la creación del Fondo:
- Primero, que el dinero será administrado por agencias de Naciones Unidas y no por el gobierno de Maduro.
- Y segundo que la firma del acuerdo fue posible porque desde hace un poco más de tres años, la Asamblea Nacional emprendió su estrategia de protección de activos en el exterior.
Con respecto a la siguiente fase de la negociación, relativa a los derechos políticos y condiciones electorales, los parlamentarios admitieron que será una etapa compleja. Sin embargo, confían en que la delegación de la Plataforma abogará por los presos políticos y las víctimas de persecución.
Lo que no discutieron los diputados
Contrario a lo esperado de un debate parlamentario, la AN2015 no discutió sobre los detalles del mencionado Acuerdo Social ni del Fondo de Atención Social.
Por ejemplo, nunca se refirieron al monto exacto que se requerirá para atender los programas diseñados por las partes en la mesa de negociación. Los diputados repitieron la fórmula de “más de tres mil millones de dólares”. La misma cifra que en los últimos cinco días han usado los jefes de las dos delegaciones.
Tampoco hicieron mención a la ubicación precisa de estos recursos. Al día de hoy es público que Venezuela tiene recursos represados en varias entidades bancarias internacionales, entre ellas destacan:
- En la Reserva Federal de Estados Unidos, donde deberían quedar alrededor de 52 millones dólares de los 340 millones que había en 2019. De esa cuenta salen los recursos que alimentan al Gobierno Encargado y a la AN2015. Desde 2019 se han solicitado retiros por unos 288 millones.
- En el Banco de Londres, donde hay cerca de 2000 millones de dólares correspondientes al oro de la República allí depositado.
- En el Novobanco de Portugal, donde habrían unos 1700 millones de dólares.
Y por último, tampoco dieron un debate detallado de cuáles serían los proyectos de reparación de infraestructura educativa de salud y eléctrica. Por lo que se desconoce su ubicación, o a cuántas personas beneficiarían.
Lo que sí dijeron
Luis Florido (UNT) calificó el acuerdo de “buena noticia” por dos razones, a su juicio: uno, porque atenderá directamente a “la gente pobre que con este gobierno es más pobre”; y dos, “porque reactiva la negociación política”.
Ramón López (PJ) recalcó que la implementación del Acuerdo y la ejecución del Fondo “será atendido por fondos preservados por esta Asamblea, y administrado por la ONU con el soporte de organismos internacionales especializados”.
Williams Dávila (AD) también enfatizó que “se trata de más de 3 mil millones de dólares de fondos protegidos por esta legítima Asamblea Nacional y el presidente Guaidó. Lo que pone de manifiesto que hemos cumplido en medio de tantas limitaciones con nuestra responsabilidad”, sentenció Dávila.
Por su parte, Freddy Guevara (VP), consideró el acuerdo alcanzado como “histórico”. El dirigente resaltó tres elementos. Primero, el haber logrado “que los recursos protegidos por la AN2015 sean destinados a aliviar la crisis de salud, alimentación y electricidad a través de programas administrados por la ONU y no por el régimen”.
Segundo, que los programas a implementar serán definidos “por equipos técnicos y ejecutados por las agencias de las Naciones Unidas con veeduría pública de un comité de verificación integrado por 10 venezolanos y un representante de Noruega”.
Y tercero, garantizó que “todos los documentos del acuerdo son públicos” y todos los procesos se ejecutarán bajo “estándares internacionales incluídas las licitaciones y las contrataciones que las llevará la ONU, no la AN, no la Plataforma Unitaria, no el régimen de Maduro, sino la ONU”.
MDI cuestiona
Entretanto, el precandidato presidencial del Movimiento Democracia e Inclusión, Nicmer Evans, dio una rueda de prensa este martes para ofrecer sus impresiones sobre el acuerdo alcanzado en México.
En ese sentido, enumeró una serie de elementos que le causan suspicacia sobre los recientes anuncios.
Por una parte, consideró que si bien los recursos se ejecutarán mediante agencias de la ONU, tal como han dicho los voceros de la oposición, instó a los actores a decir con transparencia que en algún punto del proceso, los ministerios del gobierno venezolano también participarán de la implementación de los proyectos.
Por otro lado, criticó que haya dos procesos de negociación en simultáneo: uno entre la Plataforma y Maduro y otro entre Maduro y Estados Unidos, que fue el que permitió flexibilizar la sanción contra Chevron para que la empresa pueda retomar ciertas actividades en el país.
Sobre esta negociación con la Casa Blanca, Evans dijo: “Esta negociación no es pública, que no sabemos cuál es su condición y objetivo”.
Consideró que la licencia dada a Chevron “no es clara ni se ajusta a las leyes venezolanas”. En ese sentido, cuestionó que en vez de eliminar las sanciones para importaciones y exportaciones, al sector comercial o al sector financiero, que sí hubieran tenido un impacto directo en la gente, se haya optado por un acuerdo que parece beneficiar únicamente a Chevron y a Maduro.