El Gobierno ha privilegiado las reuniones con los factores económicos y algunos sectores sociales, en medio de sus promesas de atender la crisis económica. En el campo político los encuentros se celebran con reserva y todavía no hay gestos concretos de las partes.
Caracas. Este viernes la Asamblea Nacional (AN), emanada de las cuestionadas elecciones del 6-D, cumplió su primer mes de funcionamiento. Desde que asumió como presidente de la cámara, Jorge Rodríguez señaló que ese cuerpo iba a promover un diálogo, “pero sin olvido”. Aunque indicó que el Palacio Federal Legislativo iba a ser centro de un encuentro nacional, volvió a acotar que “hay crímenes que no deben ser perdonados”.
Es así como el nuevo “diálogo” propuesto por el Gobierno ha corrido en dos canales paralelos: la reunión con algunos sectores económicos y sociales, a través de la llamada “comisión especial de diálogo” y las amenazas en contra de otros sectores políticos, sobre todos los agrupados en la Comisión Delegada que preside Juan Guaidó, a través de la “comisión especial para la investigación de acciones perpetradas contra la República”, presidida por el diputado José Brito.
La comisión de diálogo se ha reunido con Fedecámaras, con representante de la iglesia evangélica y con rectores de las universidades experimentales. De estos encuentros el más notorio fue el que realizaron con la organización empresarial, un sector con el que el chavismo ha sido tradicionalmente hostil. En medio de una economía crecientemente dolarizada y de la flexibilización de los controles de precios y de cambio (luego del desplome de la industria petrolera y de los ingresos en divisas), el nuevo diálogo del Gobierno parece privilegiar el entendimiento con los empresarios antes que con los dirigentes políticos.
El mismo día que Jorge Rodríguez y los demás diputados se reunía con Fedecámaras, José Brito, expulsado de Primero Justicia (PJ) por acusaciones de recibir pagos de personas cercanas al chavismo, fue al Ministerio Público (MP) para solicitar a ese organismo medidas de prohibición de salida del país en contra de 30 dirigentes de la oposición, la mayoría diputados de la AN de 2015, a los que acusó de ser parte de un “entramado de delincuencia organizada”.
La oposición dividida
Hasta ahora la comisión de diálogo no se ha reunido, por lo menos no de forma pública, con dirigentes de la oposición, más allá de los que están dentro de la Asamblea Nacional. A pesar de esto, varios medios han reflejado encuentros informales entre integrantes de los partidos que cuentan con diputados en la AN del 6-D y algunos dirigentes del llamado G-4 (Acción Democrática y Primero Justicia principalmente).
Uno de los puntos de conversación es la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego de una abstención de casi 70 % en los comicios del 6-D, los opositores consideran clave que el ente dé cierta confianza a la población para que esta decida acudir a los centros electorales.
Sin embargo, este jueves el Legislativo aprobó los 21 nombres del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) que designará a los nuevos rectores del CNE. La mayoría los miembros de esta instancia tienen algún vínculo con el Gobierno o el chavismo. A pesar de esto los 20 diputados de la oposición votaron a favor de la instancia. Estos partidos también dieron su visto bueno a las condiciones electorales del 6-D, que le permitieron al chavismo obtener 92 % de las curules con 69 % de los votos.
Entre los temas de conversación también estaría la definición de “candidaturas unitarias” entre estos sectores. Por ejemplo, AD cuenta con los gobernadores de Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta que aspiran a la reelección, en igual situación están los alcaldes de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo que pertenecen a Primero Justicia y que esperan obtener el apoyo de otras organizaciones.
La alianza “en defensa de Miranda” que se conformó en el mes de enero, encabezada por estos alcaldes, ha planteado la necesidad luchar por condiciones electorales y puede eventualmente convertirse en una plataforma para los comicios. Posición distinta parece ser la de Juan Guaidó y el partido Voluntad Popular, así como de otros sectores del G4.
Las amenazas del Gobierno en contra de dirigentes políticos también alcanzaron a antiguos aliados, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y los grupos de izquierda agrupados en la Alternativa Popular Revolucionaria. El pasado 25 de enero Maduro consideró como un “crimen” intentar dividir a las fuerzas del Gobierno. El llamado a diálogo tampoco parece incluir a estos sectores políticos.
Ha habido varios pronunciamientos de instancias internacionales llamado a que se retomen negociaciones que lleven a elecciones transparentes y creíbles. Casi todos los comunicados han coincidido en la necesidad de que la oposición se una para que estas negociaciones puedan desarrollarse con un resultado creíble para la población.
“El GIC hace un llamado a las fuerzas democráticas de la oposición a unirse como parte de un esfuerzo más amplio y concertado para el diálogo”, se lee en un texto del Grupo Internacional de Contacto (GIC), una instancia que reúne a varios países europeos y latinoamericanos que promueven una salida pacífica y democrática en el país. Esta semana una delegación de Noruega llegó a Caracas. La nación escandinava ha intentado promover negociaciones entre el Gobierno y la oposición sin éxito, algo que ha ocurrido con todos los procesos de diálogo adelantados hasta ahora.
Los análisis
Estos encuentros han tenido distintas lecturas de los analistas. El politólogo Ricardo Sucre considera que la reunión entre Fedecámaras y el Gobierno es un primer paso para empezar unas relaciones “maduras” o “adultas” en las que no se evade el conflicto. “Pienso que si se construyen relaciones ‘adultas’ para manejar el conflicto puede ser un paso que, en un futuro, facilite la alternancia vía elecciones, por vía indirecta”, escribió en el experto en una nota titulada: El encuentro Fedecámaras-Asamblea Nacional.
A su juicio, la reunión es una prueba de que tanto los empresarios como el Gobierno reconocen sus límites. El chavismo en cuanto a sus capacidades económicas y Fedecámaras en lo relacionado con el poder político. “Fedecámaras reconoce al gobierno la fuerza de quien ha permanecido en el poder a pesar de todos los pronósticos. Igualmente es fuerza política. También relativa porque está sujeta a la incertidumbre”.
Una interpretación distinta fue hecha por el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB), Benigno Alarcón. La página politikaucab reseña que, para el experto, el Gobierno avanza en una estrategia que combina diálogo, represión y “elecciones controladas”. El académico señala que para que una negociación sea exitosa el Gobierno no debe tener alternativas mejores a las que se ofrecen dentro de las conversaciones, algo que no sucede en este momento porque la oposición está debilitada y fragmentada.
“El régimen, consciente de su ventaja, apura el paso para tomarle la palabra a aquellos sectores empresariales y sociales que se ofrecen para negociar directamente una tregua, aceptando participar en una especie de Mesa Nacional de Diálogo, que ahora se centra en algunos actores sociales y económicos, lo que inevitablemente generará, como resultado de eso que los expertos en teoría de juegos denominan problemas de acción colectiva: nuevas divisiones y fracturas más allá de lo político, acuerdos parciales con quien convenga al gobierno, y un mayor debilitamiento de la unidad opositora”, argumentó.
Foto: Luis Morillo/Archivo
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