La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas encabezada por Humberto Prado inició un ciclo de foros con los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de visibilizar los casos que están bajo estudio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los familiares de Acosta, Albán, Pernalete y Vallenilla pidieron que se investiguen las cadenas de mando.
Caracas. Familiares del concejal Fernando Albán, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y de los jóvenes José David Vallenilla y Juan Pablo Pernalete, todos asesinados a manos de funcionarios del Estado venezolano entre 2017 y 2019, pidieron al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, proceder con la apertura de la investigación contra los responsables de esos hechos, por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, toda vez que su antecesora, Fatou Bensouda, no pudo hacerlo por las acciones dilatorias emprendidas por el Ministerio Público que dirige Tarek William Saab.
Durante el foro titulado “Las víctimas le hablan al fiscal de la CPI Karim Khan sobre el caso Venezuela I”, las viudas de Albán y Acosta así como los padres de Vallenilla y Pernalete, repasaron los eventos que rodearon la muerte de sus seres queridos y la negligencia del Estado venezolano en cada caso, ante una audiencia virtual de periodistas, defensores de derechos humanos, representantes diplomáticos y público en general.
El foro, organizado por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designada por Juan Guaidó en 2019 y encabezada Humberto Prado, sirvió para visibilizar estos casos y sensibilizar a la opinión pública interna y externa sobre la falta de justicia en Venezuela, la aplicación de tortura física contra personas detenidas y la negativa del Estado venezolano a investigar las cadenas de mando para sancionar a todos los responsables.
El foro contó además con la participación del abogado penalista Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos y profesor de Derecho Penal Internacional de la UCV.
El capitán Rafael Acosta murió frente al juez
Waleska Pérez, viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, relató el tipo, naturaleza y crueldad de las torturas a las que fue sometido su esposo durante los ocho días transcurridos entre su detención, el 21 de junio de 2019, y su muerte a causa de las mismas el 28 de junio de 2019.
Pérez resaltó dos hechos que ponen de relieve la alevosía y maldad con la que actuó el Estado venezolano en su caso: uno, que su esposo fue capturado justo el día que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, culminaba su visita de tres días a Venezuela; y dos, que cayó muerto delante del juez de la causa, durante la audiencia de presentación, en la propia sala de audiencia y aún así el juez no pidió una investigación.
Mi esposo permaneció ocho días bajo tortura en manos del régimen. Lo detienen sin orden de captura, se lo llevan a una finca de tortura en el estado Miranda. El 26 de junio el ministro de la dictadura (sic) admite en cadena nacional que lo tienen, y ese día en la noche (Diosdado) Cabello confirmó que estaba bajo custodia y declarando”, afirmó.
Contó que el 28 de junio, cuando finalmente lo presentan ante el juez, llegó en silla de ruedas, agonizando y sin poder respirar, con múltiples fracturas, no podía articular palabras y no tenía movilidad en las extremidades: “Muere Rafael frente al juez (y no al día siguiente en el hospitalito como informó el Ministerio Público al día siguiente), retiran el cuerpo en la audiencia y el juez, en vez de abrir automáticamente una investigación, siguió la audiencia con el resto de los imputados de la misma causa”.
Dijo que el Ministerio Público solo imputó a dos de los custodios de Rafael Acosta Arévalo pero que no investigó a la cadena de mando, la cual “incluye a Maduro, al ministro de la Defensa, al ministro de Justicia, al director de la Dgcim, al Fiscal, al juez, a Cabello”, dijo Waleska Pérez.
En su mensaje al fiscal de la CPI, Pérez dijo: “En Venezuela no se investiga ni van a condenar a los responsables de este hecho. Hay complicidad de la Fiscalía. Espero que los verdaderos culpables del crimen sean juzgados (por la Corte Penal Internacional). Sé que eso no va a calmar mi dolor pero voy a sentir una paz espiritual que no tengo hoy”.
Primer fiscal de la causa de Vallenilla apoyó a la familia y Saab lo destituyó
David Vallenilla, padre del joven de 22 años, David José Vallenilla, afirmó que lo más importante para las víctimas y sus familias es que se mantenga la visibilización de los casos, que no sean olvidados y que la justicia alcance a los responsables.
David José fue asesinado el 22 de junio de 2017 junto a la cerca externa de la Base Aérea La Carlota por el disparo de un arma orgánica accionada por un policía militar, cargada con esferas metálicas. Cuatro esferas le perforaron el cuello, tórax y abdomen.
Hay un solo imputado, el que disparó, pero al lado de él había 8 militares y él estaba disparando desde dentro de una base militar. Esa arma estaba preparada y el general de brigada Arturo José Táriba Guillén (comandante de la base aérea) negó el ingreso al fiscal a la base al día siguiente de la muerte de mi hijo para que inspeccionara el lugar, con el argumento de que eran instrucciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López”, relató el padre de David José.
David Vallenilla padre agregó que luego de ser herido, su hijo fue trasladado a una clínica cercana y tras confirmarse su muerte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas intentó llevarse su cuerpo. “¿Quién sabe para qué? Afortunadamente, en ese momento el fiscal de derechos fundamentales, doctor Luis Bordelly, se interpuso y logró llevarse el cuerpo de mi hijo a la morgue de Bello Monte”. Relató que luego en la morgue se negaban a entregarle las evidencias a la Fiscalía, pero que finalmente, por intervención de una fiscal, el director de la morgue les entregó las evidencias.
El papá de Vallenilla contó que el fiscal Luis Bordelly “fue destituido la primera semana que Tarek William Saab entró al cargo de fiscal general” y que el director de la morgue fue despachado al día siguiente de entregarles las evidencias. Mientras tanto, vale acotar que el general Táriba Gullén ha sido promovido en al menos tres ocasiones desde 2017: general del Aeropuerto Nacional Metropolitano (mayo 2019), presidente de la Corporación Alas de Venezuela (enero 2020) y miembro del consejo de administración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y directivo principal del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (junio 2021).
“Le pido al fiscal de la CPI que nos ayude en nuestra causa. Nos preocupa que la fiscal (saliente) Fatou Bensouda no haya podido presentar su informe. En 2012 Venezuela dejó de formar parte de la CIDH que era una puerta que teníamos para buscar justicia. Bajo este régimen totalitario quedamos desamparados de la CIDH pero pertenecemos a la Corte Penal Internacional. Hoy tenemos la oportunidad de que se establezca la responsabilidad penal individual de los crímenes contra nuestros hijos desde 2002 en adelante”, dijo.
Defensa y familia de Albán no ha tenido nunca acceso al expediente
Meudy Osío de Albán, viuda del concejal Fernando Albán, dijo que el 5 de octubre de 2018 su esposo regresó a Caracas procedente de Nueva York cuando fue detenido por el Sebin. Al día siguiente él la llamó por teléfono y le dijo que estaba en el piso 10 del Sebin de Plaza Venezuela, que lo acusaban del magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, que lo estaban presionando para inculpar a Julio Borges y que si lo hacía lo liberaban.
“Ya no volvimos a tener contacto. El 8 de octubre, a tres días de su detención, el fiscal Saab anunció que se había suicidado, que pidió el baño y estando ahí se lanzó al vacío desde el piso 10. A casi tres años de la muerte no tenemos claro qué paso. En más de 50 ocasiones hemos solicitado acceso al expediente y ha sido negado. Lo que sabemos ha sido por otras vías, por fotografías, por testimonios. La respuesta a nuestras solicitudes ha sido amenazas y represión”, dijo.
Los hijos y la viuda de Albán ya estaban fuera de Venezuela cuando ocurrió su asesinato, pero la viuda contó que los abogados también tuvieron que salir del país por amenazas y que la oficina de la empresa familiar fue allanada y robada.
Pedimos al fiscal de la CPI que inicie la investigación del caso Venezuela I. Sé que hay mucho miedo de parte de las víctimas y familiares de víctimas que están en Venezuela. Todos tenemos miedo. Venezuela está viviendo una violación sistemática de derechos humanos. Da miedo pero hay que levantar la voz”, sostuvo.
El asesinato de Juan Pablo destruyó a la familia Pernalete
Elvira y José Gregorio Pernalete, los padres de Juan Pablo Pernalete, contaron cómo la muerte de su hijo y la denegación de justicia de la que han sido objeto afectó la salud de su segunda hija, llevándola a desarrollar un cáncer que le quitó la vida en enero del año pasado, y a su padre le generó un tumor en el pecho del que fue operado en enero de este año.
“En Venezuela no se protege a las víctimas sino a los victimarios. El 26 de abril de 2017 un guardia nacional le disparó una lacrimógena a una distancia menor de 30 metros. Nuestro hijo estaba luchando por sus derechos contemplados en la Constitución. No murió como consecuencia de una acción aislada sino dentro del marco del Plan Zamora directamente activado por Nicolás Maduro el 18 de abril”, dijo Elvira Pernalete.
Contó que a lo largo de los años el caso ha tenido 15 fiscales, una de las cuales llegó a llamar “guarimbero” a Juan Pablo: “Ninguno ha buscado una justicia real”. Rechazó la decisión del Ministerio Público de imputar a 12 efectivos de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva ya que “no se adapta a la gravedad del asesinato de Juan Pablo”.
La madre de Juan Pablo clamó por justicia al fiscal de la CPI: “Nuestra única esperanza de ver justicia es ante la CPI porque mientras esté este régimen no la vamos a tener”. El papá de Juan Pablo agregó: “Pedimos al fiscal que escuche a las víctimas, a los verdaderos afectados de crímenes de lesa humanidad y que envíe un mensaje claro a las tiranías contemporáneas de que el poder que los sustenta jamás estará por encima de la justicia”.
Fernández: Fiscal de la CPI tiene un expediente bien logrado
El abogado y profesor universitario Fernando Fernández explicó que el fiscal de la CPI tiene elementos de sobra para declarar la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el país. Algunos de esos elementos, dijo, son:
- Que en Venezuela 97 % de las ejecuciones extrajudiciales quedan impunes y 100 % quedan impunes en cuanto a los mandos medios y altos.
- Que no se aplican de manera sistemática los protocolos de Minessota y de Estambul en las investigaciones de muertes de personas bajo custodia del Estado y torturas.
- Que las órdenes de actuación no las aplica de forma autónoma el funcionario que las ejecuta sino que las recibe de un mando medio, quien a su vez y la transmite de un mando alto.
- Que existe un vacío legal en el Código Penal que no tipifica la gravedad de los delitos cuando un funcionario del Estado mata a un ciudadano desarmado.
- Que ese vacío ha servido para que otros casos de ejecuciones extrajudiciales sean procesado como homicidios simples, sin agravantes, como ocurrió en el caso de los asesinatos progresivos de los miembros de la familia Díaz Loreto por parte de la policía de Aragua.
- Que Venezuela “no ha hecho el menor intento por aplicar el Estatuto de Roma”, de modo que no tiene ni la capacidad operativa ni el ordenamiento legal necesario para abordar una investigación interna imparcial y suficiente.
Hacia allá debe apuntar la investigación de la Fiscalía. Hacia los mandos medios y altos. Porque si se diera el caso de que el Ministerio Público quisiera hacer una investigación completa, el mismo ordenamiento legal no le obliga a ir tras los mandos medios y altos, sino que puede conformarse con tipificar los homicidios como homicidios simples”, explicó.
El abogado explicó que el expediente Venezuela I se encuentra actualmente en la tercera fase de la primera etapa, es decir, en el examen preliminar, en el que toca decidir la admisibilidad. La cuarta fase sería evaluar el interés de la justicia para luego pasar a la segunda etapa que es la investigación y posteriormente, si corresponde, la fase de juicio.
“Yo me niego a pensar que la causa va a ser inadmitida. Creo que el fiscal de la CPI debe tener un expediente bastante bien logrado. Le pediría al fiscal de la CPI que vea con atención estos cuatro casos que son apenas la punta del iceberg, hay cientos de casos más de los últimos meses y en estos últimos 22 años son miles de casos. Creo que el fiscal tiene que apuntar bien, asesorarse bien sobre las deficiencias, debilidades y lagunas del sistema legal venezolano y valorar la falta de independencia de los tribunales, así como la inexistencia de la Defensoría del Pueblo”, dijo Fernández.