La Asamblea Nacional de Venezuela le había solicitado al Grupo de Lima aumentar la presión diplomática y financiera contra los “responsables del saqueo a la nación” y los violadores de DD. HH. Los 11 países acordaron elevar el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU. Amenazaron con aumentar presión si los mecanismos de diálogo son usados por Maduro como instrumentos de dilación.
Caracas. Once países integrantes del Grupo de Lima acordaron este martes impulsar investigaciones sobre funcionarios y testaferros del gobierno de Nicolás Maduro sospechosos de actividades de corrupción o por su relación con grupos terroristas.
El punto 8 del acuerdo suscrito por los gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela señala la decisión expresa de “apoyar, a través de sus órganos competentes, las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el impacto en la región de dichas actividades”.
Asimismo, en los puntos 2, 3 y 4 avalan y suscriben el contenido del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitan que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mecanismo idoneo de investigaión; “deciden remitir el mencionado Informe a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania, la cual fue complementada en mayo de 2019”; e instan a que el referido documento “se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Los representantes de los países reunidos hoy en Buenos Aires también amenazaron -al igual que lo hizo días atras el Consejo de la Unión Europea- a la administración de Nicolás Maduro si mecanismos de mediación con el de Barbados no producen resultados que apunten a la realización de elecciones presidenciales libres. En tal sentido, el punto sèptimo señala el respaldo del bloque a “la decisión del Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de buscar una solución venezolana a la crisis de su país a través de los esfuerzos en curso e instan a la dictadura de Nicolás Maduro a no utilizar dichos procesos para dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible. En caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales”.
La AN pidió apoyo
En un documento suscrito por AD, PJ, UNT, VP, LCR, Encuentro Ciudadano, MPV, AP y Proyecto Venezuela, los partidos que ostentan la mayoría en el Parlamento venezolano habían solicitado al Grupo de Lima cerrar el cerco y capacidad de maniobra de funcionarios de la administración Maduro responsables de la corrupción y de la violación de los derechos humanos.
En la misiva, que fue consignada este martes por el diputado Julio Borges (PJ) a los países del bloque que se reúnen en Buenos Aires, Argentina, la AN pedía: “Primero, aumentar la presión financiera y diplomática dirigidas a quienes han saqueado las riquezas de la nación, provocando la grave crisis humanitaria que padecemos. La corrupción es muerte, miseria y pobreza. Los corruptos deben ser sancionados”.
Y segundo “aumentar la presión financiera y diplomática dirigidas a quienes violan Derechos Humanos”, basados en la gravedad de la denuncia contenida en el informe de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.