Un estudio realizado por la ONG Espacio Público reveló cómo a pesar de la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, casi ningún organismo del Estado cumple al momento de entregar data requerida.
Caracas. El 20 de septiembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.649 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, un instrumento jurídico redactado por la Asamblea Nacional que obliga a los entes públicos del país a suministrar cualquier tipo de dato que le sea requerido. A más de un año de su creación, esta ley es letra muerta.
Así lo reveló un estudio realizado por la ONG Espacio Público, el cual evaluó el nivel de cumplimiento de esta norma por parte de las instituciones oficiales y sujetos de derecho privado que cumplen con una función pública o prestan un servicio público.
Los resultados del estudio hecho por la ONG se publicaron en un informe titulado “La Opacidad es la Regla”, en donde se evidencia el poco impacto real que esta ley ha tenido en el funcionamiento de la gestión de información pública.
Tras hacer un total de 75 solicitudes a estos entes y sujetos, Espacio Público encontró que solo 62 fueron recibidas mientras que 13 fueron rechazadas en el acto. Además, de las que sí se recibieron, 57 no tuvieron respuestas mientras tres se respondieron de manera incompleta o inadecuada y solo dos fueron respondidas adecuadamente.
Como consecuencia, aun cuando se promulgue una ley de transparencia, a nivel práctico no existe una garantía del derecho al acceso a la información. Lo anterior demuestra que el establecimiento de normas no es suficiente para un reconocimiento real del derecho al acceso a la información pública en la consolidación, funcionamiento y mantenimiento del sistema democrático en Venezuela”, se lee en el informe.
De acuerdo con el reporte de Espacio Público, esto no es un fenómeno nuevo, ya que además de la ley mencionada, existen en Venezuela 15 ordenanzas municipales y cinco leyes estadales que se promulgaron en el lapso comprendido entre los años 2008 y 2022, esto sin que desde los distintos niveles del Poder Público se cumpla la premisa de acceso a la información.
Entre febrero y marzo de 2008, otro estudio envió 157 solicitudes de información (76 al Ejecutivo, 50 a instituciones públicas, 18 a alcaldías de Caracas, y 13 al Poder Público Nacional). Del total, 112 recibieron respuestas negativas, 16 respuestas positivas adecuadas, 11 con acceso parcial, ocho con respuestas inadecuadas y ocho fueron referidas a otros organismos.
Otro estudio, entre agosto y octubre de 2011 realizó 61 peticiones a “distintos entes nacionales y municipales”. De ese total 52 fueron respondidas de forma negativa, dos no fueron entregadas y solo siete fueron respondidas de forma positiva y adecuada.
Entre septiembre y octubre de 2013 se hicieron 70 solicitudes a órganos y entes nacionales, gobernaciones y alcaldías. Unas 64 tuvieron respuestas negativas, tres se respondieron de forma positiva y otras tres no fueron recibidas.
La misma tendencia se apreció en estudios hechos en los años 2016, 2017 y 2018, años en los que en total se registraron 279 solicitudes de las cuales solo cinco obtuvieron respuestas de los entes públicos.
El informe de Espacio Público concluye que en el país se puede observar que “no existe una garantía real del derecho al acceso a la información” y añade que “aun con la promulgación de normativas que se aprobaron, al menos desde 2007, no fueron garantía suficiente para promover la transparencia y acceso a la información en Venezuela”.
La ONG recomienda que, para enfrentar la opacidad y el “secretismo estatal”, el Estado debe impulsar políticas complementarias y adicionales “para garantizar los derechos humanos y no solo tomar una posición positivista en que la que se considera que la norma es la solución a los problemas públicos”.
“No es un problema normativo”
Este miércoles se llevó a cabo un foro impulsado por Espacio Público, IPYS Venezuela y Provea en el que los panelistas dieron su opinión sobre las causas y consecuencias de la falta de información de interés público.
En el evento intervino Carlos Correa, director de Espacio Público quién señaló que el problema de la opacidad de datos desde el Estado no es un problema normativo sino de voluntad por parte del gobierno.
“No es un problema normativo, las leyes en esta materia en donde se han aprobado en la región han generado una mejora. Sin embargo, en Venezuela esto no ocurre a pesar de tener un marco de leyes”, comentó.
Correa añadió que inclusive la opacidad afecta a mecanismos multilaterales, algo que dijo se observa cuando se toma en cuenta que “como sociedad no conocemos cuál fue el convenio que se estableció entre el Estado y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH para que se lograra establecer una oficina en el país”.
“Usualmente cuando uno acude a entes de la ONU lo que se encuentra es que estos no quieren compartir la información que se les ha suministrado desde el Estado, lo cual lleva a pensar que hay una presión para que estos datos no se conozcan”, agregó.
En relación a los efectos que puede generar en la sociedad la falta de información pública, el periodista Luis Carlos Díaz, otro de los participantes del evento, afirmó que se genera un costo inmenso en la sociedad la cual no está al tanto de lo que ocurre en el país.
“El no acceso a la información genera costos gigantes. Una sociedad que no sabe que hay una epidemia es una sociedad que es más vulnerable a enfermarse, una sociedad que no sabe de dónde vienen las balas de las bandas criminales es una sociedad que está más expuesta”, expresó.
Díaz dijo que la propia opacidad del Estado también le “pasa factura” al gobierno el cual se ve limitado en la manera de llevar a cabo relaciones comerciales con organismos multilaterales y otras naciones las cuales exigen transparencia.