La Comisión de Contraloría advirtió que la Operación Alacrán continúa en 2020, con el secuestro de tarjetas de partidos. El informe preliminar de la comisión señala al diputado José Sánchez Mazuco como uno de los “comisionistas” que cobraban hasta 200.000 dólares por cada disidente captado. La plenaria también debatió sobre COVID-19, derechos humanos, condiciones electorales y libertad de expresión.
Caracas. “De acuerdo con los testimonios presentados en esta Subcomisión Especial y otros elementos, nos permite establecer que la Operación Alacrán distribuyó recursos en moneda extranjera, bienes inmuebles y vehículos por el orden de los 50 a 60 millones de dólares, provenientes de personas que usurpan cargos públicos y cuyo origen se desconoce”.
El párrafo anterior corresponde a las conclusiones del informe preliminar aprobado por la Comisión de Contraloría de la AN y consignado este martes en la plenaria virtual de la Asamblea Nacional, que elaboró la subcomisión especial encargada de investigar el esquema de sobornos enmarcado en la Operación Alacrán.
En su intervención al consignar el documento, el presidente de la Comisión de Contraloría, José Prat, dijo que “se distribuyeron recursos cuantiosos entre prebendas, asignaciones mensuales, vehículos y sobornos que oscilaban entre 50 y 60 millones de euros”.
Consultado telefónicamente sobre la diferencia entre su declaración y el informe, respecto al tipo de divisas utilizadas para el soborno a diputados, el parlamentario indicó que a lo largo de la investigación encontraron “evidencias de que se utilizaron pagos y transferencias en ambas monedas”.
Investigaciones en cola
Esta sería una de las tres investigaciones en curso, relacionadas con los sobornos a diputados de la Asamblea Nacional. La primera se ordenó el 3 de diciembre de 2019 a una comisión especial encabezada por Édgar Zambrano (AD), Marialbert Barrios (PJ) y Stalin González (UNT), que debía determinar las irregularidades en el manejo de la Comisión de Contraloría durante el año 2019 para facilitar un lobby internacional a favor del empresario colombiano Alex Saab; el informe de esa comisión fue ofrecido para el 18 de diciembre y a la fecha no ha sido presentado.
La segunda averiguación en curso fue una investigación penal que la AN le solicitó al Ministerio Público el pasado 28 de mayo para determinar si los diputados Parra, Noriega y Duarte incurrieron en delitos de chantaje, soborno y usurpación. Luisa Ortega Díaz informó el 4 de junio el acuse de recibo de esta petición de la AN.
Guardaespaldas y carros lujosos
La subcomisión especial de la Comisión de Contraloría inició sus indagaciones el 22 de abril, armó su informe basada en los testimonios de siete diputados, entre ellos el diputado Alfonso Marquina, que divulgó una grabación clandestina del momento cuando intentaban sobornarlo, y del disidente del chavismo Nicmer Evans, quien en rueda de prensa contó cómo fue comprada su diputada Arkely Perfecto.
Además, utilizaron los informes de prensa y fotos y videos suministrados por ciudadanos en los que se aprecia el uso de escoltas o la repentina adquisición de vehículos por parte de varios de los diputados que a partir del 5 de enero se integraron a la fracción encabezada por Luis Parra.
“Personas nos hicieron llegar videos de Leandro Domínguez, por ejemplo, con una caravana de guardaespaldas; o las fotos de los vehículos nuevos de dos de los diputados cuestionados, aparcados en sus residencias y que luego descubrimos que habían sido traspasados entre diciembre y febrero a nombre de familiares de ellos. Nosotros no tenemos acceso a números de cuentas o estados financieros por todo el bloqueo contra la Asamblea Nacional, pero nuestra investigación esta sustentada”, dijo Prat a Crónica.Uno.
José Sánchez Mazuco, el comisionista
“De acuerdo con información suministrada en reunión de esta Sub Comisión Especial por el diputado Jairo Bao, se creó la figura de ‘los comisionistas’, referida a los diputados que cobraban una comisión adicional por cada diputado captado mediante soborno, cobrando montos a partir de los 200 mil dólares o euros (sic), mencionando como uno de estos operadores al diputado José Sánchez ‘Mazuco”, dice el informe preliminar.
El diputado Sánchez fue militante de Un Nuevo Tiempo hasta que su nombre comenzó a relucir como uno de los implicados en la Operación Alacrán a fines del año pasado.
Agrega el documento que los presuntos “operadores políticos” de la trama de sobornos son: “En primer lugar Nicolás Maduro, como autor intelectual y responsable principal de la ejecución de la operación, según se desprende del testimonio del Dip. Alfonso Marquina. Los demás mencionados son Diosdado Cabello, Cilia Flores, Tareck El Aissami, David De Lima, exgobernador de Anzoátegui y Francisco Torrealba, jefe de la fracción del PSUV”.
El informe describe a “Luis Parra, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez, Franklin Duarte, Luis Loaiza, Freddy Paz y Ramón Flores” como “los alacranes”. Y se refiere a “José Brito, Leandro Domínguez, Arkiely Perfecto, Williams Gil, Adolfo Superlano, José Antonio España, Guillermo Luces, Kerrins Mavárez, Richard Arteaga, José Gregorio Aparicio, Freddy Paz, Manuel González, Lucila Pacheco y el dirigente Negal Morales” como “los sobornados”.
Derechos humanos y persecución
En el informe preliminar se indica que fueron detectadas dos modalidades de hechos punibles: el soborno y la extorsión bajo amenaza contra la propiedad o la integridad física del amenazado y su familia.
“De los testimonios se desprende que los diputados que aceptaban el soborno y recibían la primera suma de dinero, ya no podían retractarse, cambiar de opinión y regresar el dinero, pues quedaban amenazadas sus vidas y las de sus familiares”, dice el texto. De ser cierto lo anterior, los diputados que hoy en día respaldan a Parra podrían estar bajo coacción y pasar a ser víctimas, en lugar de perpetradores.
Según la investigación, los montos ofrecidos para materializar el soborno se expresaban en algunos casos en dólares y en otros casos en euros: “La cantidad promedio ofrecida fue de setecientos cincuenta mil euros (€750.000), pagados de la siguiente forma, según se aprecia como común denominador en la mayoría de los testimonios: cincuenta mil euros (€ 50.000) como adelanto para consolidar el compromiso, el saldo restante, setecientos mil euros (€ 700.000), antes de la sesión de la Asamblea Nacional del 5 de enero de 2020”.
Sin embargo, en los casos de los diputados de Amazonas, vetados por una sentencia de diciembre de 2015 del TSJ, la oferta subía hasta “un millón de dólares y la promesa de habilitación del ejercicio del cargo a través de una sentencia”.
El diputado Prat advirtió que la Operación Alacrán ha entrado en una segunda fase, que implica el secuestro de las tarjetas de los partidos políticos, sobornando a dirigentes para que respalden y participen en las elecciones parlamentarias que serán convocadas para este año sin las garantías mínimas de transparencia, por un CNE designado de manera fraudulenta.
Otros puntos
En la sesión de este martes, además de recibir el informe sobre los supuestos sobornos a diputados, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó tres acuerdos, dio dos debates y autorizó a Juan Guaidó a designar a tres funcionarios. Veamos:
- La cámara aprobó un acuerdo que ratifica que la ruta política para superar la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país pasa obligatoriamente por unas “elecciones presidenciales libres y transparentes”. Otro de los acuerdos fue en rechazo a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante; y el tercero, en conmemoración del Día del Periodista Venezolano, el pasado 27 de junio.
- Los diputados también debatieron sobre el agravamiento de la pandemia del COVID-19 en Venezuela y concedieron un derecho de palabra al doctor Alejandro Rísquez, de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Pandemia, quien exhortó a mantener la cuarentena estricta en Zulia, Táchira y Bolívar, aumentar el número de pruebas PCR, descentralizar el procesamiento de las pruebas y garantizar el equipamiento al personal de salud.
- La plenaria autorizó al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, a designar a tres nuevos directivos principales de la junta ad hoc de Pdvsa, en sustitución de otros tres renunciantes: Javier Ricardo Linares Peña (por Alejandro Grisanti), Horacio Francisco Medina Herrera (por María Lizardo) y Luis Antonio Vílchez Gallardo (por Gustavo Velásquez).
- La AN también debatió sobre el estado de los derechos humanos en el país, a propósito de cumplirse un año de la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la cámara –a solicitud de la diputada Delsa Solórzano (EC)– concedió un derecho de palabra a Valeska Pérez de Acosta, viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto el 29 de junio del año pasado como consecuencia de las torturas que sufrió durante su detención en la Dgcim.
#SesiónAN | La Dip. @delsasolorzano finaliza el Debate sobre la situación de violación de los Derechos Humanos en Venezuela. pic.twitter.com/1hC9nBiMnb
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) June 30, 2020