La investigación será llevada adelante por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Si se determina la comisión de tales delitos, la plenaria tendría que allanarles la inmunidad para que luego pudieran ser procesados por los magistrados en el exilio. De momento, Guaidó no ha llamado a la reanudación de tareas del Comité de Postulaciones Electorales. “Va a depender del clima político”, dijo.
Caracas. Chantaje, soborno y usurpación de funciones serían en principio los tres delitos que a juicio de la plenaria de la Asamblea Nacional se presume habrían cometido –y estar cometiendo en el caso de la usurpación– los diputados disidentes de la oposición Luis Parra, José Gregorio Noriega y Franklyn Duarte.
El trío fue reconocido por el Tribunal Supremo de Justicia en manos de Maikel Moreno como la junta directiva legal de la Asamblea Nacional, de acuerdo con la sentencia número 65 de la sala constitucional, en ponencia del ex diputado del PSUV e integrante de esa sala, Juan Mendoza.
Tanto en el acuerdo aprobado en la plenaria virtual de este jueves de manera unánime, como en la rueda de prensa posterior ofrecida por el presidente de la AN y encargado de la república (Art. 233 constitucional), Juan Guaidó, la postura de los dirigentes, diputados y partidos de oposición es la de desconocer el pronunciamiento de la sala por considerar que ese poder es írrito en su conformación y desempeño, y sus actos son nulos.
Luisa Ortega al bate
El “Acuerdo en Rechazo a la Inconstitucional Decisión del Írrito TSJ en contra de la Legítima Asamblea Nacional” ordena solicitar una investigación a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, en contra de los diputados Parra, Noriega y Duarte, los parlamentarios que los acompañan y los magistrados del Tribunal Supremo por considerar que sus acciones podrían constituir delito.
En la conversación con los medios de comunicación, Guaidó precisó que en principio la investigación sería contra el trío Parra-Noriega-Duarte y que los delitos que podrían tipificarse inicialmente serían los de soborno, chantaje y usurpación de funciones.
“Hay testimonios de al menos 12 diputados por intentos de extorsión, soborno, chantaje, persecución y amenazas. A algunos les quitaron propiedades, como el caso de un diputado de Barinas. La investigación debe tener varias aristas: ¿de dónde salió el dinero para chantajear y sobornar? ¿Quién lo dio? Estos diputados están usurpando funciones y eso ya es un delito en sí mismo”, dijo Guaidó.
Ratificó que inicialmente irían contra Parra-Noriega-Duarte “y luego se verá qué tipo de responsabilidad tienen los que acompañaron ese adefesio”, refiriéndose a la Asamblea paralela instalada con apoyo del PSUV y el reconocimiento de Maduro.
Conforme al marco jurídico vigente en Venezuela, si un diputado es investigado por la Fiscalía y ésta presume que hubo delito, debe solicitarle al TSJ la realización de un antejuicio de mérito. Si en la audiencia de antejuicio, los magistrados del tribunal determinan que hay elementos para pasarlo a juicio, entonces debe solicitar a la plenaria de la Asamblea el allanamiento de su inmunidad.
El allanamiento de la inmunidad de un diputado solo procede si es aprobada por dos tercios de los integrantes del Parlamento, en este caso 112 votos. Sumando a los 58 diputados principales de oposición que siguen en el país, los 37 principales que están en el exilio, los suplentes de los cinco parlamentarios presos y los suplentes de una docena de legisladores principales disidentes que apoyan a Parra, Guaidó podría tener esa votación.
El desacato como herramienta de persecución
La diputada Delsa Solórzano (Encuentro por Venezuela) calificó al TSJ como un “escritorio jurídico” al servicio de Nicolás Maduro y le acusó de pretender cerrar la Asamblea Nacional. “Nosotros seguimos aquí, firmes y en la lucha y con usted al frente presidente Juan Guaidó. No existe ningún dictador ni cómplice de dictador que silencie la voz de los diputados”, sostuvo.
El parlamentario Rafael Veloz (VP) advirtió que con esta decisión “se pretende reeditar” la tesis de 2014, aplicada a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, según la cual quien desacate un amparo puede ser apresado y condenado “sin juicio, sin delito” y sin apelación por una orden del TSJ.
Luis Barragán (16J), Williams Dávila (AD) y Mariela Magallanes (LCR) ratificaron que la Asamblea Nacional presidida por Guaidó junto con Juan Pablo Guainipa (PJ) y Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela) es la única institución vigente en el país que además goza de amplio y sólido reconocimiento internacional.
El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (PJ), y el presidente Guaidó también intervinieron en este punto. Guanipa hizo un recuento de todas las acciones emprendidas desde Miraflores contra la AN de mayoría opositora desde diciembre de 2015 “con el único objetivo de no tener contrapeso”, la más reciente antes de la sentencia 65, “el intento de compra de diputados con millones de dólares de la nación para tratar de cambiar la configuración política” del Parlamento.
Guaidó enfatizó: “En Venezuela todos sabemos que no hay TSJ, que no hay fiscal, que son usurpadores, que toman acciones políticas que derivan de Miraflores”. Añadió que el órgano que despacha desde la esquina de Dos Pilitas en la avenida Baralt “no es un tribunal, porque el tribunal está en el exilio” y que “esos diputados comprados que pretenden burlarse del pueblo deben ser investigados”.
Comité electoral, oro y asilo
Desde la semana pasada, antes del pronunciamiento de Juan Mendoza desde la sala constitucional, el diputado Luis Parra instó al Comité de Postulaciones Electorales –que preside la oposición encabezada por Guaidó– a reanudar tareas con miras a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Durante la rueda de prensa de este jueves se le consultó a Guaidó si él promovería la reactivación del Comité. Al respecto respondió: “La reactivación del Comité va a depender del clima político. El mejor camino de resolución de la crisis es reinstitucionalizar el país, tener instituciones creíbles para que desemboque en elecciones libres. El Comité existe y es una alternativa para Venezuela”.
A juicio de Guaidó, con la decisión 65 de la sala constitucional, el madurismo “se entrampó de nuevo” porque “creen que tienen cierta fortaleza” para adelantar un proceso electoral a su medida, como el del 20 de mayo de 2018.
Ellos (el oficialismo) buscan crear una oposición que les valide una elección ficticia. Si no hay condiciones no hay elecciones. Queremos unas elecciones serias”, afirmó.
Con respecto a la ronda de contactos virtuales con presidentes de la región, que ha emprendido en las últimas semanas luego de la Operación Gedeón, dijo que las mismas tuvieron el propósito de afianzar apoyos de cara a la Conferencia Mundial de Donantes en solidaridad con los desplazados venezolanos que se realizó esta semana a instancias de la Unión Europea.
Guaidó también se refirió a la negativa del Banco de Inglaterra de entregar el oro de las reservas de Venezuela al BCV que responde a Maduro: “No les dan acceso al oro porque no los reconocen y saben que se lo van a robar”.
Ratificó que no se ha asilado en ninguna embajada como medida preventiva ante la persecución en su contra: “Yo seguiré ejerciendo mis funciones y estoy trabajando desde mi casa, y lo haré en la calle y en el Parlamento”.
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