Según el abogado Joel García parte de la defensa técnica no se ha podido juramentar a favor de Rocío San Miguel. La defensa pública impuesta a la directora de Control Ciudadano no la ha visitado ni se ha comunicado con sus familiares.
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Saúl Blanco, abogado de la ONG Espacio Público, explicó que el proyecto de ley, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión, con penas administrativas y de prisión de entre 6 y 10 años.
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Según Francys Fernández, pareja del activista social Carlos Julio Rojas, previo a su detención fue perseguido y vigilado constantemente por hombres vestidos de negro, en La Candelaria.
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A los imputados por el caso FundaRedes les interrumpieron el juicio en dos ocasiones. Ahora se encuentran en un tercer intento de juicio. José Rafael Tarazona, hermano del detenido, expresó que no existen elementos de convicción que los vinculen con los delitos que se les imputan.
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La inminente aprobación por parte de la AN de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares (Ley contra el fascismo) preocupa a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Para la ONG Espacio Público, el instrumento restringe el ejercicio de la libertad de expresión. Este es el tema del foro-chat del miércoles 24 …
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La Fiscalía informó en la red social X que el coronel Lugo, quien fungía como director de la gerencia de Mercado Nacional de Pdvsa, había sido detenido por la trama de corrupción en la estatal y falleció en un centro de reclusión por “ahorcamiento”.
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La hipótesis del Ministerio Público involucra a Carlos Julio Rojas, Jerry Ostos y Carlos Castillo en un plan llamado “Hasta el final” del partido Vente Venezuela. Según la versión oficial, supuestamente los tres acusados recibirían miles de dólares por su participación.
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Carlos Julio Rojas, activista social de la parroquia, caminaba con su pareja por la esquina Alcabala cuando desconocidos lo montaron a la fuerza en un vehículo sin placas. Sus abogados investigan si se trata de una detención por parte de un organismo de seguridad.
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Un trabajo publicado por El Carabobeño relata lo vivido por los tres funcionarios de la Policía Metropolitana que continúan presos por los sucesos del 11 de abril del 2002, en los que 19 personas murieron.
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Una Ventana a la Libertad considera que los problemas de hacinamiento e infraestructura afectan la libertad religiosa en los calabozos. Según la criminóloga Magaly Huggins, el Estado vulnera principalmente el derecho a la vida y a calidad de vida.
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