La población venezolana padece de “pobreza alimentaria proteica”, pues el consumo estimado es de solo 42 gramos de proteína al día, 33 gramos menos de lo necesario, según estimaciones del Centro de Estudios Agroalimentarios.
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Una familia de cinco personas necesita, al menos, 2617,98 bolívares o 109 dólares para comprar rubros como carnes, huevos y pescados. En divisas, la CAT aumentó 17 % respecto a febrero del año pasado, cuando su costo era de 324 dólares.
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Al menos 5000 empleos directos están a punto de perderse por fallas en la recepción de materia prima de aceite de palma y retraso en los pagos.
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Los palmicultores denuncian que las empresas extractoras de la materia prima no les quieren recibir el corozo porque el mercado está saturado. Aseguran que las políticas de importación del gobierno han frenado la producción nacional al punto de quiebre.
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La poca o nula rentabilidad del negocio y las dificultades para obtener financiamiento son las principales razones de cierres y abandonos de negocios en el país. A los emprendedores les cuesta mantener su actividad por más de tres años en un ambiente poco favorable y hostil como el venezolano.
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La gasolina vuelve a escasear y la producción nacional apenas alcanza el 62 % de lo que requiere el mercado, por lo cual el país depende de tanqueros que llegan de Irán e India. Ciudades del interior se llevan la peor parte.
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El estancamiento del salario mínimo en 130 bolívares profundizó el empobrecimiento de la población y no evitó que la inflación y el dólar se dispararan durante un año. En 20 años de chavismo en el poder, 2022 fue el único con solo un aumento salarial.
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Más de 700 embarcaciones de pesca de altura y otras 1800 artesanales se encuentran fondeadas en las costas de Nueva Esparta porque no resulta rentable salir de campaña pagando el diésel a 0,50 centavos de dólar por litro. En Sucre algunos entregan parte de la pesca para acceder a gasolina.
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Desde agosto pasado, una medida del Saren hace que las personas extranjeras, residan o no en Venezuela, tarden hasta cinco meses en ser autorizados para tramitar en registros y notarías. En los registros inmobiliarios, contrario a la ley, cobran “aranceles” de hasta 40 % del monto de venta del inmueble.
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Los puntos de venta y el pago móvil se afianzan como los principales canales de pago en bolívares de la población, según cifras del BCV. La transformación digital, la inflación y la escasez de efectivo de los últimos años caracterizan la caída del uso de cajeros y oficinas bancarias.
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