Dos de ellos fueron presentados ante los tribunales el lunes 2 de diciembre y se les dictó privativa de libertad por los delitos de homicidio, robo de vehículo y agavillamiento.
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El pueblo de Tumeremo mantiene las denuncias contra el comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís. Este ordenó desalojar las minas a más tardar el 20 de diciembre. La noticia significa perder el principal sustento económico en el municipio Sifontes.
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Las emergencias de los hospitales en Ciudad Guayana ya no tienen especialistas ni residentes. Una o dos enfermeras asumen solas las guardias nocturnas, sin contar con insumos para la atención médica.
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Familiares del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González denunciaron que el agua que llega por tubería a la cárcel La Pica está contaminada. Desde el lunes pidieron atención médica, pero el tribunal no hizo caso a la solicitud.
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La matanza en Ikabarú se suma a las masacres en Bolívar por el control del oro, mientras el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo guardan silencio.
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Familiares ni ningún cuerpo de seguridad han podido ingresar a la comunidad minera, donde miembros del mal llamado «sindicato» asesinaron a un grupo de mineros.
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Alfredo Yurima Montes de Oca, un indígena pemón de 46 años, cuyo nombre y caso habían sido guardados como un secreto de estado, es el primer caso de fiebre amarilla confirmado en el país en 14 años.
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Integrantes del Colegio de Profesores calculan que 88 % de las escuelas públicas en Ciudad Guayana no están aptas para dar clases. La deserción docente ronda 60 %, al igual que la de estudiantes.
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Además de la pérdida de sus beneficios contractuales, trabajadores se someten a las precarias condiciones de las instalaciones de la CVG y sus empresas filiales, sin baño, sin agua y sin aire acondicionado.
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