Hace 11 años el Gobierno puso en marcha el Plan Cayapa para acabar con las dilaciones del debido proceso y el hacinamiento en las cárceles y centros de detención preventiva, pero no logró los resultados esperados. En 2021 se creó la Comisión para la Reforma Judicial con el mismo fin. Especialistas en materia penal sostienen que ambos programas se limitaron a conceder beneficios procesales bajo criterios poco claros y a obligar a los detenidos a admitir los hechos a cambio de darles la libertad
Caracas. Richard* se acostumbró a sobrevivir en una celda de 6 x 5 metros cuadrados junto con otros nueve hombres. Está privado de libertad desde el año 2012 y aunque la legislación venezolana establece que, tras su detención, debía transcurrir un año en promedio para que le dictaran sentencia, esta se materializó 11 años tarde. Para cuando un tribunal anunció el fallo, a finales del año pasado, Richard había cumplido más de las tres cuartas partes de su condena.
En Venezuela el retardo procesal —entendido como el retraso injustificado en la tramitación de un juicio desde el momento de la detención del acusado hasta la declaración de una sentencia—, se ha normalizado. Un dato que evidencia el problema es que para 2022 en el país había al menos 17.825 personas privadas de libertad sin haber recibido una sentencia definitivamente firme, según cálculos de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Múltiples reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico Penitenciario (COP) no han logrado combatir las fallas que vulneran el derecho al debido proceso.
En otro intento por acabar con el retardo procesal, en 2012, el Gobierno lanzó el Plan Cayapa con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y facilitar el otorgamiento de fórmulas alternativas al cumplimiento de las condenas en prisión, para acabar con el hacinamiento en las cárceles que entonces era de 192 %, según el OVP. Los centros penitenciarios ese año tenían capacidad para 16.539 personas, pero se contabilizaban 48.262 reclusos.
Aunque los primeros balances oficiales sobre el Plan Cayapa aseguraban que este era exitoso, una década más tarde no hay datos oficiales sobre sus resultados, y el OVP afirma que el hacinamiento en las cárceles aumentó a 229,23 %. Expertos consultados por Crónica.Uno para este trabajo coincidieron en que el programa gubernamental falló porque hubo improvisación y no se buscó resolver las causas estructurales del retardo procesal.
La madre de Richard supo sobre este plan a principios de 2013 en una alocución televisada e intentó conseguir ayuda para su hijo, sin embargo, un abogado defensor le dijo que él no era candidato hasta que no recibiera sentencia.
Crónica.Uno realizó una solicitud de información en la sede del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Caracas, para conocer sobre los resultados del Plan Cayapa Judicial, pero a la fecha de esta publicación no se obtuvo respuesta.
De cifras exitosas a la opacidad
El abogado penalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Joel García, explicó que en Venezuela el retardo procesal obedece a múltiples factores como el diferimiento de las audiencias preliminares, audiencias de presentación, la inasistencia de las víctimas cuando se les convoca a declarar, los retrasos por parte de los jueces en la fijación de la fecha para la celebración del juicio oral, el déficit de personal administrativo en los tribunales, escasez de jueces y dificultad en la gestión de los traslados desde los centros de reclusión hasta los tribunales por falta de transporte.
Cuando la exministra de Servicio Penitenciarios, Iris Varela, anunció la creación del Plan Cayapa Judicial en 2012, e instaló tribunales itinerantes en las cárceles para acelerar el proceso penal, la propuesta fue bien recibida por activistas defensores de derechos humanos. Laura Louza, directora general de la ONG Acceso a la Justicia, señaló que en principio el plan tenía un enfoque positivo que buscaba una articulación entre los órganos de justicia.
Según datos citados por Provea en un informe de 2013 —un año después del anuncio de Varela— el balance oficial aseguraba que el programa había atendido a 96 % de los privados de libertad en las cárceles (51.210 de 52.933 internos). En el documento, sin embargo, la ONG manifestó sus dudas: dijeron que el plan no atacaba directamente el retardo, y por lo tanto, no tenía un impacto en la reducción del número de procesados.
Crónica.Uno revisó las memorias y cuentas publicadas por el entonces llamado Ministerio de Asuntos Penitenciarios en 2014 y 2015. Durante ambos períodos el ente aseguró que cumplieron con su meta al beneficiar a 133.254 privados de libertad en los penales, mediante la revisión de expedientes y el otorgamiento de fórmulas alternativas. En 2015 se publicó la última rendición de cuentas de ese Ministerio.
En enero de 2016, por órdenes de la exministra Iris Valera, el plan llegó a los centros de detención preventiva de Polichacao, para atender las causas penales de los procesados y disminuir el retardo procesal. Pero de los resultados de esta nueva fase no hay cifras específicas.
El último dato disponible corresponde a un documento que el Estado venezolano presentó, con fecha de octubre de 2020, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde indicaron que entre 2012 y 2019 el Plan Cayapa atendió a 983.139 personas, pero no se específica el porcentaje de beneficios procesales concedidos ni el número de liberaciones otorgadas, tampoco la cantidad exacta de beneficiarios desagregados por año.
Buscar datos sobre el funcionamiento de la administración de justicia se hizo cada vez más difícil. A partir de 2017, la mayoría de los tribunales dejaron de hacer públicas sus sentencias, lo que impide saber con exactitud el número de fallos emitidos por el tribunal en los lapsos correspondientes a la legislación venezolana.
Poca previsión y muchas trabas
Para Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la UCV, el Plan Cayapa fue improvisado porque activaron a jueces designados de emergencia que desconocían las causas originales de los reclusos y los detalles de cada caso. Eso, en su opinión, generaba desorden procesal porque otorgaban beneficios procesales bajo criterios pocos claros.
Para Laura Louza, directora general de la ONG Acceso a la Justicia, el proyecto se limitó a realizar “jornadas exprés” en las que se revisaban las causas de los procesados para concederles la libertad condicional y descongestionar los penales, sin que fuera una medida justa en todos los casos.
A muchos se les obligaba a admitir los hechos a cambio de concederles la libertad. De esa manera se distorsionó el sentido de la justicia porque el objetivo era solo descongestionar los penales y ese fue el error”, enfatizó.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, agregó que en casos más graves de retardo procesal la Inspectoría General de Tribunales —adscrita al Tribunal Supremo de Justicia y encargada de velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y ética en el sistema de justicia— es de poca ayuda al notificar las irregularidades.
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Los detenidos pueden denunciar, pero deben tener quien los represente y la mayoría no dispone de medios para defenderse. Además, todas las diligencias se hacen en Caracas y a las familias del interior se les dificulta trasladarse”, dijo.
En 2022 la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, señaló en su informe de gestión que se dictaron 3955 sentencias de máxima instancia, lo que, de acuerdo con la magistrada, representa un incremento de 74,43 % de rendimiento respecto al ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, un monitoreo de Acceso a la Justicia advierte que en este recuento no se distinguen las decisiones de trámite (mejor conocidos como autos), ni las resoluciones judiciales que son interlocutorias (transitorias), de aquellas que sí son definitivas y que concluyen el proceso penal. Eso imposibilita constatar el número de fallos emitidos por el tribunal en comparación con la cantidad de causas ingresadas al tribunal.
El índice de Estado de derecho elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP), que evalúa a jueces y fiscales, así como el nivel de cumplimiento y eficacia del marco legal vigente en 140 países, también contradice a Gutiérrez. En el ítem del estudio que mide la justicia penal, en 2022, el país apenas logró una calificación de 0,12 puntos de 10 puntos. Este mismo puntaje fue igualado en el factor que califica la eficacia del sistema penal en los lapsos oportunos. Ambos números, muy cercanos a cero, son unas de las más bajas calificaciones obtenidas dentro de los aspectos evaluados a la par de países como: Camboya, Afganistán, El Congo y Haití. De acuerdo con especialistas, esto corrobora la inefectividad del sistema de justicia penal.
Otro intento fallido
Durante una alocución en junio de 2021, el mandatario Nicolás Maduro reconoció la sobrepoblación en los centros de detención preventiva (CDP), conocidos como calabozos policiales. Para resolverlo, anunció la creación de una Comisión para la Reforma Judicial, liderada por el diputado Diosdado Cabello y la primera dama Cilia Flores. Según Maduro, en 60 días se haría una revisión del estatus de quienes permanecían detenidos en estas instalaciones sin haber sido presentados ante los tribunales en las primeras 48 horas, como lo establece el COPP.
La delegación se instaló en Aragua, Táchira, Delta Amacuro, Carabobo y Caracas con un diputado coordinador para cada región, pero no llegó a otros estados del país como Apure o Sucre, según datos de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Aunque una de las promesas de la comisión era acabar con el retardo procesal en los calabozos, el problema persistió. En septiembre de ese mismo año, el segundo informe de La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela evaluó los plazos procesales en 144 de 183 detenciones, y encontró diferencias entre los lapsos permitidos por la ley y la práctica. El 77 % de las audiencias de presentación examinadas se produjeron después de las 48 horas permitidas, y 18 % de las personas detenidas fueron retenidas más de una semana antes de la audiencia de presentación.
Para el segundo semestre de 2022, según un informe de UVL, la Comisión para la Reforma Judicial sólo trasladó a 250 de 16.778 personas detenidas en los calabozos del país (1,68 %) y liberó a 32 reclusos, 6 mujeres y 26 hombres. Eso implica que en centros de detención preventiva con una capacidad de alojamiento para 600 personas había hasta 1500 prisioneros, lo que equivale a 250 % de hacinamiento, según cálculos de la ONG.
Carlos Nieto Palma explicó que aunque los defensores de derechos humanos consideraron como un avance la instalación de la comisión, al final no cumplió con sus objetivos porque no tuvo el alcance esperado ni solventó la sobrepoblación en los centros de reclusión.
Es cierto que otorgaron la libertad a muchos internos, pero el problema es tan grande que estas medidas ni se notan. En los calabozos viven hasta 200 personas en cuartos de cuatro paredes sin poder ni recostarse”, señaló.
Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, coincide con Nieto Palma y señaló que la designación de comisiones estadales encargadas de dictar planes de liberación en los diferentes estados, lejos de aportar una solución, ha generado descontrol en la administración de justicia. “Estas comisiones sin carácter judicial pueden ordenar liberaciones sin presencia de un juez y es algo indebido”, explicó.
Atacar la escasez de personal
Expertos sostienen que una política pública adecuada para atacar el retardo procesal demanda un aumento de personal que administre la justicia y una reformulación del sistema penal, adaptado a la realidad social e institucional del país.
Un estudio hecho por Acceso a la Justicia advertía en el año 2017 que en Venezuela había 2009 jueces, lo que equivaldría a 6,75 por cada 100.000 habitantes, cuando en promedio se debería contar con nueve por cada 100.000. En la actualidad no se dispone de cifras actualizadas. Las más recientes, divulgadas por el TSJ en 2020, indican que había 2059 tribunales y 1300 fiscales en todo el país para mediados de 2021.
“Es necesario diseñar un proceso que permita la fluidez de las causas sin descuidar la falta de vehículos, los pranes (persona privada de libertad que tiene poder y mando dentro de una cárcel), los traslados, el desorden y la anarquía que impera en nuestras cárceles”, apuntó Luis Izquiel.
Mientras tanto, Richard padece un trastorno neurológico que deteriora su salud y sus familiares afirman que no recibe asistencia médica en la cárcel. Aunque en tres años cumpliría su condena de 14 años, él espera salir de prisión antes a través de una fórmula alternativa, que, según le dijeron a su madre, podría otorgarle la vigente Comisión para la Reforma Judicial, pero su causa no avanza.
Créditos
Texto e investigación: Betania Franquis
Ilustración: Omarela Depablos
Infografías: Amadeo Pereira
Edición: Natasha Rangel
Coordinación editorial: María Victoria Fermín y Cristina González
Dirección general: Celina Carquez
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