Una sobreviviente de violencia de género nunca pensó que su estadía en una casa de abrigo se sentiría como una prisión. Los refugios para estas víctimas impulsados por el Estado son escasos en el país: hasta hace un año solo operaban dos, según reveló un monitoreo Crónica.Uno. Uno de estos lo hizo bajo condiciones irregulares. Así fue el paso de una mujer y su hija por una casa de abrigo de la región central.
Caracas. Luisa* estuvo secuestrada dos años y medio en el apartamento de su exnovio. El hombre, que también es el padre de su hija, la llenaba de humillaciones, amenazas y rasguños. La amordazaba mientras apuntaba a su cabeza con una pistola. La hizo su esclava sexual. En total, fueron más de siete años de relación donde la violencia escaló desde los celos hasta mantenerla en cautiverio.
Un día su captor salió por unos minutos, Luisa logró asomarse en el pasillo. Se encontró con el conserje y le rogó que le prestara su celular. Ella escondía un papel diminuto con un par de números telefónicos de familiares. Logró comunicarse con su mamá, aun cuando vivía en el extranjero.
La mamá de Luisa pidió ayuda a la Embajada de Colombia porque ambas tienen la nacionalidad del país vecino.
Dos semanas después, a su victimario lo imputaron ante la justicia venezolana por violencia sexual, violencia financiera, violencia psicológica y privación ilegítima de la libertad. Al final lo condenaron solo por los dos últimos delitos.
Luisa y su hija no tenían dónde quedarse. La joven quería viajar y reencontrarse con su mamá, pero su agresor había desaparecido sus documentos de identidad. Vivir en el apartamento de aquel hombre, aunque estuviera detenido, tampoco era una opción, ya que había sido ocupado por familiares de él.
En la última audiencia del juicio, las autoridades le informaron que sería trasladada junto con su hija a una casa de abrigo para sobrevivientes de violencia basada en género. Un refugio que forma parte de la política de prevención de la legislación venezolana para brindar espacios confidenciales y seguros para las víctimas como ella.
Sin vivienda, dinero ni familia o amigos dispuestos a recibirla, Luisa aceptó.
La legislación en Venezuela compromete al Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal a crear una casa de abrigo en “cada una de sus dependencias” para las víctimas de violencia basada en género que corren un peligro inminente, pero el Estado ha fallado en crear estos refugios y garantizar su operatividad. Una investigación de Crónica.Uno, publicada el año pasado, constató que entre 2007 y 2022 solo se habían creado siete de esos albergues y solo uno estaba activo en la región andina. Luego, se conoció que otra casa de abrigo estuvo funcionando en la región central.
A Luisa la enviaron a esta última.
“Este es tu cuarto”, es lo primero que Luisa recuerda que le dijeron. Era una habitación casi vacía, salvo por un mueble repleto de papeles y, en una esquina, una litera de soporte frágil que apenas sostenía el colchón. No tenía sábanas, ni almohadas, ni cobijas.
Esa noche fue la más fría. Luisa llegó con tan solo un jean, un short y un par de franelas. Su hija con una camisa y una licra.
En su primera semana le entregaron un pollo crudo y medio cartón de huevo. Fue la única vez que Luisa recibió proteínas por parte de las principales instituciones encargadas de este programa: el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y el Ministerio de la Mujer (Minmujer).
Luisa asegura que el personal del refugio intentó comunicarse con estas autoridades y con la Defensoría de la Mujer para que les enviaran alimentos y vestido, pero no obtuvieron respuesta.
Cuando se creó el programa en el año 2001 a través del Inamujer se contempló alimentación, higiene y vestido entre los deberes y necesidades básicas que debe cubrir la casa de abrigo, afirma Yurbin Aguilar, precursora de esta política y autora de los Lineamientos para el diseño e implementación de casas de abrigo en Venezuela.
Margarita Guillé, directora de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida, Albergues y Centros para Mujeres que viven violencias de alto riesgo, coincide en que esos son recursos imprescindibles en estos refugios. Sin embargo, menciona que en algunos países en situación de emergencia humanitaria, como Venezuela, esto se hace cuesta arriba.
Los familiares de las sobrevivientes suelen llevar comida hasta el lugar, pero esta acción vulnera la confidencialidad del albergue, por lo que no es recomendable, asegura.
Según Guillé, estos refugios también deben brindar seguridad, protección y dignidad a la mujer a través de su estructura. “Un albergue para mujeres sobrevivientes de violencia es espacio sustituto de una casa”, resalta.
Sin embargo, Luisa no se sentía en casa. Los espacios estaban sucios, recuerda, y no contaba con instrumentos básicos para las tareas del hogar. “La cocina no tenía ollas ni platos, las debía pedir prestadas a las otras mujeres de la casa”, relata.
Para ella no solo era un lugar deprimente, también se sentía insegura. Ni siquiera se podía bañar con tranquilidad. El baño no tenía cortinas y la puerta sin manilla abría y cerraba con un hilo atado. “Le ponía un trapo para trancarla”, dice.
Además de alimentos, vestido, artículos de higiene personal y seguridad, entre las necesidades mínimas que debe cubrir el refugio destaca la atención médica, social y psicológica, aseguran Aguilar y Guillé.
Ni a Luisa ni a su hija les ofrecieron estos servicios. A cambio, recibía comentarios que consideró revictimizantes por parte de las encargadas de la casa de abrigo. Sobre todo cuando intentaba comunicar su incomodidad sobre la presencia del personal de seguridad. Como sobreviviente de violencia sexual, prefería no estar a solas con ningún hombre.
Después del mediodía, se quedaba sola en el albergue. Sólo quedaban los vigilantes. Los hombres recorrían los pasillos y los traumas de Luisa revivían. Apenas podía cerrar los ojos en las noches. “Yo intentaba explicar la situación de la que yo venía. Ellos sabían. Me dijeron que yo me lo había buscado”, dijo.
La presencia del personal masculino en las casas de abrigo va contra los Lineamientos para el diseño e implementación de casas de abrigo en Venezuela, indica Aguilar, que ahora forma parte de la ONG Tinta Violeta. “Está prohibido. Eso es lo que se escribió cuando empezó el proyecto”, resalta.
Guillé, por su parte, aclara que la vigilancia puede estar conformada por hombres siempre que estén capacitados y sensibilizados. “Es importante cuidarlos porque no es su vocación, entonces no les van a dar un buen trato”, resalta.
Pasaron los días y aquel refugio “se sentía como una prisión”, según describe Luisa. Aun cuando la web de Inamujer describe que estos espacios eran para “proteger y brindar atención por parte de un equipo interdisciplinario a mujeres, sus hijos e hijas dependientes, inmersas en situaciones graves de violencia machista”.
Mientras tanto, la promesa de obtener sus documentos de identidad se desvanecía y su derecho a tramitarlos era vulnerado. Cada día Luisa insistía, pero no obtenía respuesta.
En su rutina diaria intentaba despertar lo más tarde posible, “así el día pasaría rápido”. Para distraerse jugaba con su niña en la habitación. Aunque un cartel indicaba que los niños del refugio sólo podían recrearse a mediodía, durante la hora de almuerzo de los vigilantes.
También conversaba con una de las mujeres que también se quedaban ahí. “Era la única persona que se preocupaba por mí en ese lugar horrible”, dice Luisa. Otras tres que permanecían en la casa de abrigo no eran sobrevivientes de violencia basada en género: eran empleadas del Gobierno venezolano que no tenían un hogar.
Crónica.Uno conversó con la mujer que ayudó a Luisa en su estancia, quien llegó a este refugio debido a que, por su cargo público, había sido víctima de violencia institucional y fue amedrentada. Por otro lado, confirmó que otras dos refugiadas que se encontraban ahí no habían sido albergadas por situación de peligro inminente.
Hasta el 1° de septiembre de 2023 la página web de Inamujer especificaba que las casas de abrigo del país no podían recibir casos de mujeres que “con hijos e hijas no tienen donde vivir, pero no hay riesgo inminente de muerte o amenaza a la integridad física a causa de violencia por razones de género”.
Aun cuando estas mujeres no estaban sensibilizadas con casos como el de Luisa, protestaban para que se cumplieran sus derechos. Así fue cuando la hija de Luisa enfermó. “Esa noche las mujeres de la casa tuvimos que armar un escándalo para que la llevaran a un médico”, dijo una compañera que conversó con Crónica.Uno.
Para ese momento, lo que vivía se volvió insoportable para Luisa. “No les importaba la situación de ella. Estaba desamparada y la trataban en términos de burla. Le hablaban con maldad. Le cortaban el agua o le dañaban la nevera”, agregó la mujer que residía con ella en esa casa.
En su desesperación, Luisa contactó a un abogado y presentó un reclamo en el Ministerio de la Mujer donde solicitó su salida. Denunció la falta de alimento, vestido y medicamentos. El documento se lo recibieron el 9 de marzo de 2021 a las 3:00 p. m.
Luisa también intentó comunicarse con la ministra de la Mujer, Diva Guzmán, por la red social Instagram, pero obtuvo una respuesta vaga.
Gracias a la presión que ejerció dentro de la casa, Luisa logró que le dejaran sacar su cédula de identidad. “Ni siquiera me llevaron. Tuve que ir sola en un bus hasta el Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) Centro de Caracas. Después de que me negaron tantas veces”.
Poco después, a través de las redes sociales, Luisa dio con la asociación feminista Tinta Violeta, dedicada al acompañamiento amoroso de sobrevivientes de violencia contra la mujer.
Cuando sus abogadas de la ONG conocieron la situación de Luisa tramitaron su salida del refugio, informó Tinta Violeta a Crónica.Uno. Una representante se comunicó con autoridades de la casa de abrigo y alegó que sería trasladada a una de sus casas violeta. Se trata de un programa similar al de casas de abrigo que brinda refugio en un tiempo no mayor de 15 días. “Nuestros recursos son más limitados y, por eso, los tiempos son más cortos, pero lo demás funciona igual”, explica una voluntaria.
El último día de Luisa en la casa de abrigo del Estado, Inamujer presentó un documento para tramitar su traslado. La hoja aseguraba que Luisa había recibido atención básica, psicológica, médica y legal. “Nunca fue así. Yo estuve presa tres meses y medio sin nada”.
Luisa firmó, pero dejó escrito que jamás recibió las ayudas que ahí indicaban.
Crónica.Uno acudió a la sede para conocer si el refugio seguía funcionando y confirmó que estuvo operativo hasta hace un año.
La exigencia de casas de abrigo para sobrevivientes de violencia basada en género en Venezuela es recurrente entre organizaciones nacionales e internacionales. En julio de 2022, en la Lista de cuestiones y preguntas relativa al noveno informe, el Comité de la Cedaw solicitó al Gobierno ampliar la cobertura del proyecto con información sobre el número, la accesibilidad y el apoyo ofrecido a través de los refugios.
Es una política que requiere de mucha inversión, pero necesaria para resguardar la vida de las víctimas de violencia basada en género, explica Aguilar. “No podemos obviar que si no las sacan de su casa, las matan”, dijo.
Cada 19 horas ocurre una acción femicida en Venezuela, promedia el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). La organización documentó 160 femicidios y 93 femicidios en grado de frustración en los primeros seis meses de 2023.
Varios meses en la Casa Violeta hicieron de Luisa un gran apoyo para otras mujeres que ingresaban, dijo una voluntaria de la ONG.
Finalmente, Luisa logró salir del país con su hija y reencontrarse con su mamá.
Para conocer más sobre las casas de abrigo en Venezuela lea también: Casas de abrigo en Venezuela:
una deuda para las sobrevivientes de violencia de género.
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