Desde la intervención de la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, familiares de reclusos denuncian que persiste la corrupción en el sistema judicial y empeoraron las condiciones carcelarias.
Ciudad Guayana. “Muévanse en tribunales. Esto es peor”. Este sería uno de los tantos llamados que hicieron a sus parientes los reclusos trasladados desde Vista Hermosa a otras cárceles del país, luego de su intervención el pasado 6 de noviembre.
Ese día, el ministro Remigio Ceballos se dirigió a los familiares que aguardaban a las afueras del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como la cárcel de Vista Hermosa, donde había más de mil privados de libertad. Les aseguró que estarían bien y que el operativo buscaba mejorar el sistema carcelario.
Sin embargo, la denuncia de las familias es que no hay cambio con respecto a la realidad carcelaria.
“Muchos de ellos están sin comer. Eso es mentira que llegaban a un sitio y le daban que si su kit personal, que si su colchoneta. Esos muchachos están pasando grandes dificultades. De hecho, uno que fue trasladado para la cárcel de Barquisimeto falleció el día viernes. Estaba muy enfermo. ¿Por qué no lo dejaron aquí en Bolívar? ¿Por qué no le brindaron el apoyo, los primeros auxilios a ese muchacho? Se lo llevaron y se murió”, denunció David Corrales, familiar de uno de los reclusos.
El precio de la libertad
A las afueras del palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, protestaron porque hay quienes tienen su boleta de libertad o cumplieron condena, pero siguen encarcelados.
“No se pronuncian los jueces. Es una corrupción que hay aquí en estos tribunales y nosotros exigimos que se aceleren los procesos. Muchos de esos muchachos tienen ya la telemática, ya tienen el examen psicosocial, pero, entonces, como todos sabemos que mientras los familiares no tengan recursos, esos expedientes se engavetan y nunca le dan celeridad a los casos”, agregó.
El proceso de telemática se refiere a que cumplida las tres cuartas partes de la condena, se les practica un examen psicosocial y se les evalúa si están aptos para su reinserción en la sociedad.
“Resulta que los jueces no le hacen caso a esas redenciones, no le hacen caso a ese examen psicosocial. Solamente cuando las personas, los familiares, tienen los recursos para cancelarles cierta cantidad de dinero que ellos piden, es cuando ellos dan la libertad. Del resto, si los familiares son de escasos recursos, olvídense, hermano, que esos expedientes los engavetan”, aseveró Corrales.
Un pago móvil para comer
Al esposo de Yuletzis Ortiz lo trasladaron a Coro, estado Falcón. Lo que sabe son las referencias del resto de los familiares: moverse en tribunales porque donde están, la situación es peor.
Y es que los centros penitenciarios a donde trasladan a los reos de las cárceles intervenidas no escapan del hacinamiento y precariedades en materia alimentaria y de salud. Una realidad denunciada constantemente por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la ONG Una Ventana a la Libertad.
—Ya yo he tenido que pasar un pago móvil para que se le compre pan, jugo, comida, porque están pasando hambre”.
—¿A quién le pasan el pago móvil?
—A un número de los mismos custodios.
Esto sin contar el pago de las llamadas “causas”, unos 20 dólares para garantizar su subsistencia dentro del penal.
“¿Qué es lo que buscamos? Que, por favor, el tribunal de aquí de Puerto Ordaz se aboque, se aboque a firmar los documentos que tengan que firmar, hacer preliminar. Hay presos que se fueron para allá y ni siquiera los han llamado a audiencia. Uno viene para acá, entonces, lo que te dicen es ‘vente mañana, vente pasado mañana’”, expuso Miriannis Zambrano, a cuyo esposo trasladaron para Mérida.
Su situación es similar. Recibió un audio de su cónyuge pidiendo un pago móvil para comprar comida en el nuevo sitio de reclusión. De los seis años de condena, lleva cuatro, a la espera del proceso de telemática para culminar la condena bajo medidas cautelares.
Para el OVP, estos traslados significan una mayor vulneración de las garantías constitucionales. El Observatorio da cuenta de un 70 % de retardo procesal ya existente en el país. Además, hay un hacinamiento de 164 % que empeora con los traslados de privados de libertad (alrededor de 9000) de las cárceles intervenidas.
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